Colombia se salva de pagar billonaria suma en caso del banco Granahorrar

Más de $ 1,2 billones se salvó de pagar el Estado colombiano por la estatización del banco Granahorrar, en un proceso que revivió hace algunos años, a pesar de que se remonta al gobierno de Andrés Pastrana.

Este viernes, el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) falló a favor de Colombia y negó las pretensiones de los hermanos Alberto, Felipe y Enrique Carrizosa Gelzis, quienes pedían ser indemnizados por la decisión tomada a finales del siglo XX.

Los demandantes aseguraban que la estatización de Granahorrar y una sentencia de la Corte Constitucional violaron la protección a los inversionistas de Estados Unidos en Colombia, establecida en el tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países.

Además, cuestionaban las medidas adoptadas en 1998 por la Superintendencia Bancaria y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), que los obligó a la capitalización del banco y la consecuente reducción del valor de las acciones.

También cuestionaron las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en los años 2011 y 2014 en relación con dichas medidas.

A pesar de lo anterior, el tribunal internacional acogió los argumentos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y le dio la razón a Colombia con respecto a la objeción presentada sobre la nacionalidad de los demandantes. 

En ese sentido, en el laudo se concluyó que la nacionalidad efectiva y dominante de los hermanos Carrizosa no es la de Estados Unidos. “En últimas, se trata de una familia de nacionales colombianos demandando a su propio Estado en un foro internacional. De acuerdo con el tribunal, los tres hermanos Carrizosa tienen sus vidas y actividades profesionales en Colombia”, explicó la entidad.

Y agregó que en el proceso quedó claro que para las fechas críticas de la controversia, los tres hermanos se encontraban residiendo en Colombia, puntualmente en Bogotá, donde se concentraba la vida familiar y social de los tres demandantes.

Después de analizar los requisitos que consagra el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos de América (APC), el Tribunal acogió los argumentos de Colombia y concluyó que no había lugar a la demanda internacional presentada.

Además, decidió que los hermanos Carrizosa deben pagarle a Colombia US$ 1,8 millones, es decir, $ 6.840 millones. Esto por concepto de los costos del arbitraje y gastos de representación legal en los que incurrió el Estado.

Con esta decisión se da por terminada la controversia. “La naturaleza de la objeción jurisdiccional planteada por Colombia y la decisión favorable del Tribunal significa que las pretensiones de los demandantes no pueden ser escuchadas por otro tribunal”, explicó la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Por estos mismos hechos, el pasado 19 de abril un tribunal internacional decidió también negar las reclamaciones de Astrid Benita Carrizosa por US$ 40 millones ($ 146.600 millones). Al igual que sus hijos, ella deberá pagar los costos de arbitraje y los gastos de defensa que equivalen a más de US$ 1 millón ($ 3.800 millones).

Luego de la crisis financiera de los 90, Granahorrar fue una de las instituciones más afectadas y quedó ilíquida, lo que llevó a la Superintendencia Bancaria a ordenar a sus accionistas (la familia Carrizosa) a una capitalización de la entidad, algo que finalmente no sucedió.

De esta forma, el Gobierno de Andrés Pastrana, a través de la Superintendencia Bancaria, tomó el control del banco, algo que para los Carrizosa siempre ha sido injusto, por lo que recurrieron a los tribunales nacionales.

El Gobierno fue dueño de Granahorrar hasta 2005 cuando fue subastado y comprado por BBVA, para convertirse en BBVA Colombia.