Con la tributaria de Petro, médicos, odontólogos, abogados y arquitectos podrían pagar 200% más en impuestos. ¿Por qué?

El trámite de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno espera cuadrar caja para completar el Presupuesto General de la Nación de 2025, será una carrera contrarreloj y una profunda disputa política.

Por una parte, por estos días, apenas se está terminando de construir la ponencia del proyecto y se está a 15 días de terminar las sesiones ordinarias, y sacarla en ese lapso, e incluso con sesiones extras, es un reto grande.

Y, por otra, ya el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en distintos escenarios, ha anunciado su voto negativo contra la iniciativa, al tiempo que ha advertido la falta de ejecución del Gobierno y los recursos, que se acercan a los 100 billones de pesos, que se encuentran en fiducias.

Además, la iniciativa que debe entrar a trámite en el Congreso, en medio de las denuncias de la exasesora María Alejandra Benavides contra su exjefe, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su papel en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), en proyectos por más de 92.000 millones de pesos, en los que estarían involucrados congresistas de la Comisión de Crédito Público.

En medio de ese contexto, la ley de financiamiento –que para muchos es una reforma tributaria- tiene aspectos que han despertado preocupación y críticas.

Juan Pablo Suárez, socio líder del área de Derecho Tributario y Planeación Patrimonial de CMM Estudio Legal, resumió en un decálogo, los puntos clave de la iniciativa: 1) Reducción de la base para quedar obligado a pagar impuesto al patrimonio, de $3.388 millones a $1.880 millones e inclusión de las personas jurídicas como obligados a pagar impuesto al patrimonio, sobre activos fijos reales no productivos; 2) Aumento en la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales del 15% al 20% y al 25% para rifas, loterías y similares; 3) Reducción progresiva a la tarifa de impuesto sobre la renta para personas jurídicas hasta el 30% en el año 2029; 4) Eliminación del Régimen Simple de Tributación a partir del año 2026; 5) Límite a la deducción de renta por personas dependientes para personas naturales y creación de una nueva tarifa del 41%, para personas naturales con grandes ingresos; 6) Aumento en la tasa mínima de tributación del 15% al 20%; 7) IVA del 19% para juegos de suerte y azar y carros híbridos; 8) Incremento muy sustancial al impuesto al carbono (casi lo triplica); 9) Creación de una excepción a los límites de la regla fiscal para “inversiones verdes”; 10) Incremento en la tasa de intereses presuntos por préstamos entre accionistas y compañías, que se traduciría en una tasa de aproximadamente el 25%, para el año 2025.

Precisamente, uno de los temas más controvertidos en la discusión es el régimen simple de tributación, que impactaría a profesionales independientes que no devengan salario, como médicos, arquitectos, odontólogos y abogados. Según Suárez, se propone eliminar completamente a partir del año 2026, y explicó el escenario en que quedaría la iniciativa: “Un médico, odontólogo o arquitecto que hoy en día paga el 5,9% de impuesto sobre los ingresos (ventas), podría quedar sujeto a pagar una tarifa progresiva del 33% sobre las utilidades. Esto en la práctica se traduce en un incremento de más del 200% en el valor del impuesto a pagar”.

Señaló el experto que eliminar el régimen simple de tributación no solo genera un incremento muy alto en el pago de impuestos, sino que impone una carga excesiva en el cumplimiento de obligaciones formales.

“Esta propuesta representaría un retroceso importante en la capacidad fiscalizadora de la DIAN, ya que la fiscalización a los contribuyentes del régimen simple es mucho más sencilla y eficiente en comparación con la complejidad que supone fiscalizar a quienes pertenecen al régimen ordinario. Lo anterior, sin mencionar que es un duro golpe a las políticas de formalización de la economía”, agregó Suárez.

Con relación al pago de renta y los pagos efectuados por personas dependientes, el abogado aclaró que actualmente, las personas naturales pueden deducir hasta 72 UVT (Unidad de Valor Tributario) por cada dependiente económico que tengan, sin importar si la deducción por el mismo dependiente económico la usa también otro contribuyente. “Con el proyecto de Ley se busca que los pagos de una persona que depende económicamente de otra, solo puedan ser usados por un solo contribuyente. Esto agrava el límite a las deducciones que ya se había endurecido fuertemente con la reforma del año 2022 para personas naturales”.

Frente a la tarifa del impuesto de ganancia ocasional que grava, entre otros factores, a las herencias, Suárez señaló que la propuesta es aumentar la tarifa de este impuesto del 15% al 20%. “En un caso práctico, si una persona fallece y deja en su cuenta bancaria $1.000 millones, los herederos podrían considerar un ingreso exento del impuesto sobre los primeros $152 millones y los $848 millones restantes quedarían gravados con una tarifa del 20% a título de ganancia ocasional, lo que los obligaría a pagar un impuesto por valor de $169,6 millones”, explicó.

La discusión que viene

SEMANA conoció que se están dando las últimas puntadas a la ponencia de ley de financiamiento y que podrían darse algunos cambios frente a la propuesta inicial. Olga Lucía Velásquez, coordinadora ponente de la iniciativa que entró al Congreso, aseguró que los ajustes se completarán este lunes. Dentro de las propuestas cuyos cambios se analizan está la eliminación del artículo que buscaba quitarles el beneficio de reducción del IVA a los carros híbridos, con la idea de que subiera del 5% al 19%. Se queda en el 5%.

Sobre el impuesto al patrimonio también introdujeron cambios. “La propuesta del Gobierno era bajar la base gravable a 40.000 UVT (Unidad de Valor Tributario), lo que equivaldría a $1.883 millones. No permitimos que se hiciera eso, sino que se mantuviera como está hoy, en 70.000 UVT, es decir, cerca de $3.390 millones”, sostuvo. Para equilibrar se aceptó modificar el porcentaje, que gravaba los patrimonios con tarifas de 1,5% y 2%. Finalmente, quedaron en 0,5%, 1,5% y 2% en la ponencia.

Otro tema que ha sido polémico es precisamente el del régimen simple, en el entendido de que se baja el impuesto de renta a las empresas pequeñas en 8 puntos, ahora la discusión pendiente es que se continúe con dicho régimen, pero restringido: “Que solo aplique a microempresas y no a personas naturales con una actividad económica (como la de un médico), que con el simple paga menos de lo que debería”, dijo Velásquez.