Congreso aprobó en primer debate el presupuesto 2022, con todo y el desblindaje de la ley de garantías

A segundo debate pasa el proyecto de ley de presupuesto, la carta financiera para la operatividad del Estado colombiano en 2022, que está aforado en 350,4 billones de pesos.

Hacia las 5 de la tarde, las comisiones económicas del Congreso de la República tenían prácticamente aprobado el proyecto en primer debate, luego de la fuerte controversia que se desató alrededor de un par de artículos nuevos introducidos en la ponencia construida entre el Gobierno (el Ejecutivo) y el Legislativo.

Durante el debate, después del tradicional ritual en el que se invierten varias horas del debate, para anunciar y votar los impedimentos de los congresistas, quienes advierten que lograrían algún beneficio con la medida que se va a debatir, se procedió a darle aval a un amplio paquete de artículos: 110 en total fueron aprobados en bloque.

La segunda tanda que recibió aval de los integrantes de las comisiones económicos en sesión conjunta (terceras y cuartas de Senado y Cámara) fue la que incluía los artículos que traían alguna proposición adicional, la cual, no tenía aval del Gobierno. Se trataba de 11 ítems, los cuales, finalmente, fueron votados como estaban originalmente, incluido el 104, con el que se le da el si al traslado de afiliados del régimen de pensiones privadas, a Colpensiones.

De esa manera -muy rápidamente- se iban evacuando los 126 artículos que tiene el proyecto de ley, el cual, requirió un extenso debate, en el que los parlamentarios de la oposición pusieron de presente la existencia de lo que llamaron ‘micos’, en referencia a artículos como el 125, que modifica la ley de garantías, y que se convirtió en el punto álgido, el cual se dejó para el final de la jornada.

De hecho, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, del partido Verde, uno de los que hace oposición al Gobierno, propuso la eliminación de la propuesta. Durante su intervención, se preguntó ¿qué hacía en las comisiones económicas un tema que debe ser estudiado y debatido en la comisión primera?.

En respuesta, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, intervino para enfatizar en que los artículos no aparecen de la nada. Argumentó que la modificación a la ley de garantías, para que se puedan realizar convenios administrativos e interadministrativos en temporada de elecciones, lo que estaba prohibido para frenar la corrupción (compra de votos), se debe a la necesidad de hacer inversiones en las regiones, luego de un año de freno al desarrollo (2020), debido a la crisis económica que provocó la pandemia.

“Estamos atendiendo al llamado de más de 1.100 alcaldes que dicen que perdieron un año y medio sin poder hacer inversiones”, sostuvo Restrepo.

El funcionario indicó que la defensa de la transparencia en el uso de los recursos públicos debe hacerse a través de herramientas como el Secop II, plataforma por la que debe pasar toda la contratación que se haga con recursos del Estado.

En medio del debate, la senadora Aída Avella rebatió los argumentos del ministro, al traer a colación que la corrupción se lleva 50 billones de pesos de los recursos públicos, por lo que mostró su inconformidad con el desblindaje de la ley de garantías.

El congresista Jhon Milton Rodríguez fue otro de los que rechazó el artículo, al igual que lo hizo Gustavo Bolívar, quien en todo momento se refirió a la propuesta como el artículo de la corrupción.

Al final, la proposición de Miranda fue derrotada y, hasta ahora, la ley de garantías está siendo modificada en el Congreso.

Repartición de la torta

La carta financiera de Colombia para 2022 será de 350,4 billones de pesos, alrededor de los cuales se hicieron varias redistribuciones. Es así como, para el funcionamiento del Estado, se destinarán 209 billones de pesos, es decir, el 59,6 % de la totalidad de los recursos, fenómeno que pocas veces es bien visto, mientras que el Ministerio de Hacienda argumenta que la abultada cifra se debe a gastos inflexibles como el pago de pensiones, la financiación de la seguridad social, entre otros.

Para la deuda pública, en 2022, el país destinará 72,8 billones de pesos, mientras que el rubro menor, de los tres grandes en los que se divide el presupuesto, cuenta con 68,2 billones. De hecho, la cifra de la inversión fue incrementada, tras la ‘peluqueada’ al monto destinado a la amortización de las obligaciones crediticias del país.

¿Qué viene?

Durante el debate de este miércoles se presentaron 75 propuestas adicionales que tendrán que ser abordadas en el siguiente peldaño que tendrá que pasar el proyecto, el cual, pasa ahora a segundo y último debate, que tendrá lugar en plenarias de Cámara y Senado, que sesionarán en simultánea.

En octubre, el proyecto tendrá que contar con el aval definitivo.