Congreso intenta definir en audiencia pública si es o no conveniente la Ley de financiamiento. Todos acudieron a exponer argumentos

Nada más controversial que los impuestos y así se está evidenciando en la audiencia pública que se adelanta en el Congreso de la República en este jueves 21 de noviembre, previo al debate de estudio y aprobación o negación del proyecto de Ley de financiamiento que tramita el Gobierno.

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, fue el encargado de conducir la audiencia en la que, durante toda la mañana, hablaron todos los invitados, principalmente gremios económicos en el país.

También el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del director de la Dian, Jairo Orlando Villabona, tuvo espacio para presentar sus argumentaciones alrededor de un proyecto de ley que viene desde hace cuatro meses y que, de alguna manera, se enredó, porque fue presentado como parte del financiamiento del Presupuesto 2025, el cual finalmente no fue aprobado en el Congreso, sino que será firmado por decreto.

Varios pronunciamientos hablaron de que la Ley de financiamiento dejará a los ciudadanos con nuevos impuestos, mientras que el recaudo no superaría los 4,4 billones de pesos y los gastos sí equivaldrían a 12 billones de pesos, que es el monto por el que va la propuesta.

Así lo sostuvo José Ignacio López, director de Anif, quien insistió en la inconveniencia de la iniciativa legislativa, en la que además se plantea una modificación a la regla fiscal, para que se pueda aumentar el déficit un año antes de lo establecido desde el plan trazado después de la pandemia.

El régimen simple, que sería eliminado si se aprueba el proyecto de ley, también encontró defensores y, en general, se argumenta que sería mejor modificarlo que quitarlo del escenario tributario, teniendo en cuenta que, si bien la cifra de inscritos a dicho régimen no ha sido la esperada, sí habría ayudado a formalizar algunos de los pequeños negocios.

En la mitad de la reforma, como punto crucial, está la reducción de la tasa de renta para las empresas, que si bien es defendida, inclusive en su componente de tarifa diferencial para las micro, pequeñas y medianas compañías, también deja ciertas dudas, pues es el punto que le resta una gran parte del recaudo al país, justo en un momento en que no hay suficientes recursos para atender las necesidades de inversión del Estado.

“No podemos seguir jugando con candela en términos fiscales”

Como presidente de la Andi y del Consejo Gremial, Bruce Mac Master prendió las alarmas sobre la situación fiscal de Colombia, con lo cual manifestó que, aunque sí es positivo bajar los impuestos corporativos (a las empresas) y apoyar el turismo con beneficios, como lo plantea el proyecto de ley, la pregunta que se debe hacer el país es si es este el momento oportuno para una propuesta como la Ley de financiamiento.

En representación del sector empresarial, Mac Master manifestó que para las empresas la situación es compleja, al igual que la de los hogares. “La industria, según el más reciente dato del Dane, cayó en 1,3 %. Cayó la minería y, aunque crecen algunos sectores, tenemos algunos interrogantes sobre actividades como ganadería”, manifestó.

La sustentación oficial

Desde la perspectiva del Gobierno, el director de la Dian, Jairo Orlando Villabona, resolvió algunos interrogantes de los intervinientes en la audiencia pública. En primer lugar, respondió a los reclamos según los cuales en Colombia hay una nueva reforma tributaria cada uno o dos años. En ese sentido, manifestó que esto ocurre porque no se ha hecho un cambio estructural al Estatuto Tributario, lo que sustentó con estadísticas del bajo recaudo y las diferencias sustanciales entre la manera de pagar impuestos un sector y otro.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aterrizó todas las propuestas que estaban siendo cuestionadas en la audiencia pública. Señaló que no están tratando de poner nuevos impuestos, sino corregir errores históricos, “nivelando la mesa”, para lo cual, recordó que el impuesto a juegos de suerte y azar en plataformas es uno de los ejemplos. “No se van a quebrar, como se pregona. Pasaron de 16 a 32 billones de pesos en sus resultados, mientras las apuestas físicas declinan y tienen costos mayores que los juegos que se hacen en línea.

Sobre el impuesto al carbono, que también se ha visto como una medida que tendría impacto sobre la inflación y el bolsillo de los hogares, dijo que es algo que debe hacer parte del debate que se iniciará en las comisiones económicas.

La audiencia pública cerró y el ministro Bonilla invitó a los congresistas a avanzar en la elaboración de la ponencia, para que el proyecto de ley continúe su trámite.