Contrabando de cigarrillos les ha quitado $ 1,8 billones en ingresos a las regiones

Durante 2020, el consumo de cigarrillos ilegales privó a los 32 departamentos del país y al Distrito Capital de recaudos por $ 696.400 millones. Estos son los recursos que las regiones reservan para sus inversiones en salud, deporte y recreación. Y si se suman los menores ingresos que tuvieron las regiones entre 2017 y 2020, la cifra es peor: llega a $ 1,8 billones, de acuerdo con un estudio presentado este jueves por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la firma de análisis de mercados Invamer Colombia.

El perjuicio sufrido por las arcas de los territorios en el 2020, cuando llegó la pandemia al país, es comparable con la mitad de los recursos necesarios para que Colombia pague al menos la mitad de las dosis de vacunas contra el Covid-19, a través del mecanismo Covax.

De acuerdo con el estudio de la FND e Invamer, en promedio, la población colombiana consume 49,6 cigarrillos por semana (50,7 en zonas rurales y 49,1 en zonas urbanas). La edad del mayor núcleo de consumidores habituales de cigarrillos, que se encuentra principalmente entre los estratos 1 y 2, oscila entre los 55 y los 64 años.

La encuesta fue realizada entre hombres y mujeres mayores de 18 años en adelante a nivel nacional, a 3.168 personas de las 6 zonas del país, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, habitantes de zonas urbanas y rurales que en la actualidad sean fumadores.

Uno de los datos más inquietantes que revela el estudio es que a pesar de la pandemia, en 2020 aumentó el porcentaje de cigarrillos ilegales consumidos por los colombianos, que pasó del 30 % en 2019 al 34 % el año pasado. Es decir, ni la pandemia logró frenar este ilícito.

También resulta preocupante que se confirmó un fuerte arraigo cultural en esta franja de ilegalidad, al punto de que el 69 % de los encuestados dicen que no estarían dispuestos a pagar precios superiores por el producto legal, así estén enterados de que hacerlo garantizará mayores recursos para la salud, la recreación y el deporte. Sólo 31 % dijo que sí lo haría.

Entre los departamentos más afectados por el consumo ilegal se encuentran los cinco del Caribe, los cuatro del Eje Cafetero, además del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Guaviare y Santander, de acuerdo con el estudio presentado por Martín Orozco, gerente general de Invamer.

Sin embargo, en algunas regiones disminuyó el consumo ilegal respeto a 2019. Estos son los departamentos de Magdalena, Cesar, Bolívar, Chocó, Vaupés, Vichada, Norte de Santander, Arauca y Bogotá.

Incluso, en el 12 % de los departamentos el consumo ilegal de cigarrillos supera el 34 %, una cifra que resulta muy preocupante. En La Guajira, por ejemplo, una de las regiones con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas, el consumo de cigarrillos ilegales llegó en 2020 al 97 %, mientras que un año atrás estuvo en 89 %.

Los departamentos que han sufrido la mayor mengua en sus recaudos por concepto del impuesto a los cigarrillos son Antioquia, con $ 161.062 millones; Atlántico, con $ 59.313 millones y Magdalena, con $46.604 millones. Por eso el director de la FND, Didier Tavera Amado, insistió en la importancia de seguir trabajando en la cultura de la legalidad, para garantizar a las regiones los recursos que se necesitan para seguir avanzando en su desarrollo.

Al responder de dónde vienen los cigarrillos ilegales, el gerente de Invamer señaló que Uruguay, Emiratos Árabes, Paraguay, Corea del Sur y China son los principales países de origen de marcas de cigarrillos que no están pagando el impuesto al consumo en Colombia.

Y las marcas ilegales que aparecen con mayor frecuencia al preguntárseles a los fumadores, son Rumba, Carnival, Marshal, Ultima y Fisher.

Para enfrentar el problema, la Federación, que administra los recursos para la lucha contra el Contrabando, de un acuerdo con la Philip Morris, está incrementando en un 46 % la transferencia de recursos a los departamentos, con desembolsos cercanos a los $ 940.000 millones.

Para este año están siendo categorizados los departamentos para identificar las necesidades específicas de cada territorio. La estrategia tiene en cuenta, entre otras variables, el impacto del problema en las rentas departamentales, la geografía económica, la capacidad operativa y la presencia de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

La Federación espera fortalecer las actividades de control y fiscalización y realizar más de 73.000 visitas de control, un 75 % más que en 2019, y como mínimo más de 3.000 actas de aprehensión, lo que significa un aumento del 23 % en relación con ese mismo año.

Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, explicó que buena parte de las esperanzas están cifradas en el desarrollo de la agenda legislativa en el Congreso de la República porque nunca había sido tan necesaria y urgente una Ley Anticontrabando que refleje la realidad del mercado y su trasfondo social.