Energía
Contraloría alerta por apagón en Colombia: desorden en la Creg aumentaría tarifas de energía en todo el país
Los incrementos en algunas zonas costeras del país están por el orden del 20 %.
El pasado 3 de noviembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció oficialmente la llegada del fenómeno de El Niño a Colombia, hecho que, sin duda alguna, afectaría la capacidad energética del país y que podría tener mayor impacto en las facturas que pagan todos los colombianos.
Dicha problemática viene acompañada de otra aún mayor. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la entidad encargada de regular precisamente los servicios de electricidad y gas en el país, y de tomar decisiones relacionadas con las tarifas de los mismos y las problemáticas que puedan enfrentar, estaría pasando por un vacío institucional.
La alerta la hizo la Contraloría General de la República a través de un comunicado en el que expuso las razones que podrían motivar un apagón en el sector energético nacional.
¿Por qué la Contraloría alertó por un apagón?
Es preciso recordar que la Comisión de Regulación de Energía se habría quedado sin ningún miembro el pasado 8 de noviembre, tras la renuncia de José Fernando Prada, su director hasta entonces. Hace meses unos meses había empezado la salida de miembros de este organismo, pero a pesar de esa situación, el Gobierno nacional no procedió con la definición de nuevos integrantes.
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Esta situación se mantuvo estática hasta la noche de este 9 de noviembre, cuando el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció a través de su cuenta en X el nombramiento del ingeniero Ómar Prias como comisionado experto de la Creg. Pese a ello, esta decisión no sería suficiente para completar el cuórum necesario para tomar decisiones frente a las tarifas y de cara a la llegada del fenómeno de El Niño y a un precio de energía mucho más alto en la Bolsa.
La Contraloría se pronunció al respecto asegurando que el escenario actual de la Creg podría aumentar el riesgo de un apagón en el país, debido a que esa entidad debe tomar medidas sobre el funcionamiento del mercado de energía eléctrica y gas a nivel nacional. “A lo que se añade que mientras se mantenga esta situación, no se podrán tomar medidas en el tema tarifario, lo que podría significar un alto impacto para las finanzas de la Nación y para los mismos usuarios”, dicta el comunicado.
El organismo además asegura que la problemática en la entidad se ha hecho evidente desde hace poco más de un año. Uno de los hechos que más preocupan es la pérdida de la vigencia de la resolución sobre tarifas justas, que era el aplazamiento del cobro de tarifas reales para los usuarios y que tenía vigencia del año pasado.
Tras la negligencia en la decisión de este tipo de ajustes, la Contraloría también asegura que los incrementos en el costo de servicio de energía eléctrica para la Costa Caribe pueden superar el 15 % y esa afectación se podría salir de control, pues se puede incrementar el número de subsidios a entregar a los estratos 1, 2 y 3.
“Al no tener claras estas cuentas, no se observa cómo los prestadores del servicio van a recuperar estos saldos y si se va a materializar la limitación de suministro por insuficiencia financiera de los agentes del mercado de energía”, dice la entidad.
Por esa razón, los usuarios del Caribe verán un aumento en el costo unitario del kilovatio/hora, que puede incrementarse en un solo mes. Además, ponen un ejemplo: si la facturación es de $ 300.000, esta aumentaría a $ 345.000.
¿Cómo está integrada y cómo se escogen los comisionados de la Creg?
De acuerdo con la Contraloría, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) es una entidad integrada por el ministro de Minas y Energía, ministro de Hacienda y Crédito Público, director del Departamento Nacional de Planeación, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y por otros seis expertos comisionados, que deben ser nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro años.
Debido a sus funciones, estos deben tener facultades de independencia y autonomía para elaborar propuestas regulatorias.