Alerta: Contraloría advierte “inminente riesgo de racionamiento” de energía. 10 millones de colombianos se podrían quedar sin electricidad

La Contraloría General de la República ha elevado una alerta sobre el alto riesgo de un apagón en el país; según el organismo de control, cerca de 10 millones de personas, en diferentes regiones del territorio nacional, podrían quedarse sin el servicio público, por cuenta de un retraso del Ministerio de Minas en el pago de los subsidios a las empresas encargadas de suministrar energía.

“Se ha establecido que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”, indicó la Contraloría.

Así mismo, llamó la atención a las superintendencias de Servicios Públicos y de Industria y Comercio, entidades que, según el órgano de control, no han levantado ninguna alerta sobre la posibilidad de que se dé un corte generalizado de este servicio, situación calificada como de “especial gravedad” por la propia Contraloría.

“Este órgano de control debe precisar que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad”, agregó la Contraloría.

Debido a esta delicada situación a la que se están viendo enfrentados los habitantes de estos departamentos, el propio contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra la pidió al Gobierno nacional que tome las medidas necesarias para evitar que cerca de 10 millones de personas se queden sin el servicio de energía en sus hogares.

“El contralor general de la República hace un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas, como garantes de satisfacer las necesidades más esenciales de la población, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional. Entre ellas, deben considerarse aquellas medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía”, añadió Rodríguez.

A juicio de la Contraloría, el riesgo de un apagón es consecuencia de tres acciones que no se han dado y que tienen que ver, tanto con el gobierno actual, como con administraciones anteriores; en este sentido, la preocupación es alta por cuenta de las medidas que se tomaron durante la pandemia, pero que no fueron actualizadas ni tenidas en cuenta una vez se superó este periodo de crisis.

“A juicio de la Contraloría General de la República, contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de ‘la opción tarifaria’, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe”, anotó el organismo de control.

Y es que, según la Contraloría, el riesgo del apagón va más allá, pues un corte generalizado de energía desencadenaría fallas en sectores como la salud, la educación, el comercio e incluso el sistema de acueductos.