Atentos: Hay casi 70.000 millones de pesos emproblemados en el Ministerio de Minas. La Contraloría destapó preocupante auditoría.

Hay un total de 16 hallazgos: 12 tienen incidencia disciplinaria, 8 son de carácter fiscal y uno irá a indagación preliminar. Están en el informe de auditoría al Ministerio de Minas, que acaba de revelar la Contraloría General.

El ente fiscalizador puso el lente sobre la gestión alrededor de los recursos públicos que se manejan en los fondos de solidaridad para subsidios y redistribución del ingreso (FSSRI), el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (Faer) y el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), todos a cargo de la cartera a la cual renunció este miércoles Irene Vélez.

La auditoría hizo el análisis a partir de las vigencias 2021 y 2022.

El valor de los recursos implicados en los hallazgos ascendería a 68.789 millones de pesos, según el informe.

Incumplimientos

De acuerdo con lo hallado por la Contraloría, “existe un déficit creciente de recursos para cubrir los subsidios por menores tarifas otorgados por las empresas de energía eléctrica a los usuarios beneficiarios del mismo”.

En el caso del año 2022, según registra el informe, el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso presentaba un déficit acumulado. En consecuencia, tenía una deuda con los prestadores del servicio de energía.

El ente de control estableció que “la falta de controles del Ministerio de Minas, a pesar de la facultad otorgada por el Decreto 1073 de 2015 y el incumplimiento del Decreto 0007 de 2010 por parte de las empresas de servicios públicos, conlleva el desbalance entre el otorgamiento de subsidios en estratos 1,2 y 3, y el no recaudo de contribuciones, lo que aumenta el déficit permanente del mencionado fondo”.

La auditoría evidenció que “los procedimientos definidos por el mismo Ministerio para la administración del fondo han permitido situaciones en las cuales algunos comercializadores acumulan grandes saldos de contribuciones que, posteriormente, no han podido ser giradas al FSSRI”.

A juicio de la Contraloría, esa situación evidenciaría una “falta de definición de los tiempos para revisar y para validar las conciliaciones enviadas por los comercializadores”. De hecho, la entidad catalogó el caso como “una debilidad en los mecanismos de control que tienen en sus procedimientos e instructivos el Ministerio”.

Posible detrimento patrimonial

Son varios los presuntos detrimentos patrimoniales que halló la Contraloría, tras concluir la auditoría. Uno de ellos es la falta de ejecución e incumplimiento de varios contratos celebrados entre el Ministerio de Minas y la empresa Afinia. Los recursos involucrados en este caso ascienden a 27.000 millones de pesos.

Otro detrimento patrimonial posible sería por una cuantía de 29.000 millones de pesos, los cuales se derivan del retiro del mercado mayorista de energía, de la empresa Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica Dicel S.A. E.S.P. Por esto, no podría continuar cumpliendo con el acuerdo de pago suscrito con el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso.

Una deuda pendiente de cobrar que tiene el Ministerio de Minas con Quienergy es el hallazgo que la Contraloría llevará a indagación preliminar. Se trata de 9.804 millones de pesos que, “a la fecha, la entidad no ha gestionado su recuperación”, mientras le sigue girando los subsidios correspondientes.