CONTRALORÍA
Contraloría detecta irregularidades financieras y falta de control interno en Inpec y Uspec
El ente de control aseguró que el sector carcelario y penitenciario no actuó de manera pertinente para mitigar la llegada de la pandemia de la covid-19.
La Contraloría General reportó 223 hallazgos administrativos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y en la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
En el caso del Inpec, son 131 los hallazgos administrativos, de los cuales 45 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno connotación penal y 15 son de carácter fiscal, en tanto que en la Uspec los hallazgos fueron 22.
En el detalle de la auditoría financiera al Inpec, la Contraloría determinó 70 hallazgos administrativos, de los cuales cuatro tienen presunta incidencia disciplinaria y uno más fue sumado para comenzar una indagación preliminar.
Las alarmas del ente de control se encendieron al corroborar que el Inpec tiene demandas por presuntas fallas en el servicio, que llegan a un monto de $1,1 billones hasta junio de 2020. En el 81,34 % de los casos de estas demandas no se informa sobre el sentido del fallo, por lo cual “tienen alto riesgo de que sea en contra del Estado”, según la Contraloría.
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El sistema de salud carcelario “no respondió de manera oportuna”
La Contraloría “determinó también que el sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos de la pandemia de la covid-19. Adicionalmente, la ejecución del presupuesto del Inpec, como consecuencia de esta situación, fue relativamente baja.
“Particularmente, es baja la ejecución de los recursos de inversión. En este caso, si bien se comprometieron el 86,7 % de los mismos, solo se obligaron y pagaron el 40,4 %”, detalla el informe posterior a los hallazgos administrativos.
Este tipo de hallazgos dio como resultado que la Contraloría emitiera una opinión contable negativa sobre la entidad y su unidad especial de servicios, ya que existen partidas conciliatorias que no se han registrado contablemente al no contar con documentos de soporte, situación que genera incertidumbre en los saldos.
Entre las determinaciones también se especificó que el Inpec no cuenta con una política contable de los créditos judiciales y que no se refleja en los estados financieros la situación real de los procesos.
“Persisten las deficiencias en los saldos de las cuentas bancarias, créditos judiciales y pasivos contingentes, lo que impide que se conozca la realidad financiera de la entidad, identificándose la existencia de partidas conciliatorias en las cuentas bancarias que vienen desde el año 2008 y hasta 2019, por $32.415 millones”, detalló el contralor delegado para el sector Justicia, Sebastián Montoya.
¿Qué pasó con la pandemia en los centros carcelarios del país?
Para la Contraloría, los centros carcelarios y penitenciarios no actuaron de la forma correcta y oportuna para mitigar el impacto de la covid-19 en estos lugares.
“Si bien la emergencia sanitaria por la covid-19 se había declarado desde el 12 marzo de 2020 y los primeros casos se presentaron en la Cárcel de Villavicencio en la primera semana de abril, las muestras iniciales se tomaron el 27 de marzo, cuando la enfermedad ya había avanzado en varios recintos del país”, señala.
Además, agrega, “la toma de muestras (22.841) fue reducida frente a una población que, en promedio, de marzo a agosto, se ubicó en 111.192 internos. Ello significa que cerca del 79,5 % de la población reclusa permanece sin toma de muestras”.
Entre sus conclusiones también destaca que el personal médico de los centros carcelarios no es el suficiente para hacer frente a “una población conflictiva y especialmente vulnerable”, pues muchos de los trabajadores de la salud están bajo un contrato de prestación de servicios o en jornadas de medio tiempo.
El informe también insiste en la necesidad de ampliar los cupos carcelarios en el país para reducir el hacinamiento de los internos, en especial en esta época de pandemia, así como para dar conclusión a contratos que se firmaron desde el Inpec años atrás y que siguen sin finalizarse, pese a que algunos tienen avances superiores al 80 %, mientras que otros llevan más de un año sin obras o tienen faltas en la planeación.
