Atención: escándalo de Centros Poblados y MinTic es de “impacto nacional”, según Contraloría

La Contraloría General de la República informó que escudriñará 234 contratos, que datan desde el año 2014, de cuatro empresas contratistas que tienen relación con el caso de corrupción de la Unión Temporal Centros Poblados, investigada por la pérdida del anticipo de más $ 70.000 millones de pesos que recibió para ejecutar un contrato y llevar el servicio de internet a zonas rurales del país.

Así lo informó este lunes el contralor general de la República, Felipe Córdoba. El funcionario declaró de Impacto Nacional la contratación por más de $ 1,1 billones que han realizado desde 2014 esas cuatro firmas.

El ente precisó que las empresas contratistas son: Omega Buildings Constructora S. A. S., ICM Ingenieros S. A. S., Intec de la Costa, Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería e Innovación (FUNTICS), ahora NOVOTIC.

Destacó el contralor Córdoba que se abrirán indagaciones preliminares con base en el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica”.

Según el ente, se adoptó la decisión de declarar como Impacto Nacional por estos hechos de corrupción relacionados con la planeación, ejecución, así como la supervisión e interventoría de los contratos en los cuales, en calidad de contratistas, se encuentran directamente o a través de consorcios y uniones temporales estas empresas que son miembro de la UT Centros Poblados.

Atendiendo esta declaratoria, la Contraloría explicó que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción procederá a abrir las indagaciones preliminares correspondientes.

El pasado sábado se anunció la vinculación formal al proceso fiscal que adelanta la CGR por el caso del MinTic a Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara.

Según el ente de control, fueron vinculados por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa, así como por la pérdida de más $ 70.000 millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados.

Este proceso fiscal se abrió a mediados de agosto pasado por una cuantía estimada de $ 70.243 millones, por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 del 18 diciembre de 2020 resultado del proceso licitatorio.

Dicho contrato, suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados, tenía por objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en 14.745 centros digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país.

La Contraloría informó que también investiga las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría, con ocasión del contrato 1045 de 2020.

El pasado sábado, la Fiscalía General de la Nación puso a disposición del Inpec a Emilio Tapia Aldana y este fue internado en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría de la cárcel La Picota. Fue trasladado desde Barranquilla a Bogotá por el CTI.