Controlar los precios de los servicios eléctricos, ¿es más caro el remedio que la enfermedad?

El impacto de la inflación en la vida de los colombianos no solo se sufre a la hora de hacer mercado, sino también al momento de pagar los servicios públicos y, en particular, el de energía eléctrica, cuyas alzas se sienten en todos los estratos y en todo el territorio nacional.

Para ponerle fin a esta problemática, el presidente Petro anunció, a finales del pasado mes, su intención de entrar a controlar directamente el sector y así poder incidir sobre las tarifas. A finales de 2022, el costo promedio nacional fue de 779,1 pesos por kilovatio y se espera que con las nuevas medidas sea posible reducir esa cifra.

Si bien es una meta loable y necesaria, entrar a controlar los precios desde el Ejecutivo saltándose a las autoridades técnicas del sector podría causar otras problemáticas en la prestación del servicio y, por ende, en los usuarios finales.

Justamente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que ha sido la encargada de regular los precios, ya mostró su descontento ante estas medidas a través del comunicado publicado el pasado 27 de enero: “La independencia del regulador asegura que, a través del ejercicio de sus funciones, el Estado logre que los agentes regulados adapten su conducta a los fines constitucionales y legales de respeto por la libertad económica y la empresa”, establecieron a través del escrito.

Otro motivo de preocupación se relaciona con las electrificadoras, pues en el Plan Nacional de Desarrollo, que se comenzará a discutir en el Congreso, el Gobierno busca obtener potestades para “crear, suprimir, reestructurar, fusionar, escindir, liquidar o integrar empresas del sector eléctrico”, lo que genera una gran incertidumbre.

Experiencias ajenas

Pronosticar las posibles consecuencias de una intervención directa del Ejecutivo en las tarifas de energía se podría lograr al ver qué ha ocurrido en otras economías de la región, donde se aplicaron medidas similares.

Una de ellas es México. Allí, desde 2015 los precios de la luz los define la Comisión Reguladora de Energía de México junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su trabajo logró reducir las tarifas, pero también ha tenido impactos negativos.

De acuerdo al consumo y a la situación económica, las empresas energéticas mexicanas calculan un aumento en las tarifas, que es revisado por la Comisión y la Secretaría de Hacienda. Estas entidades aprueban o reformulan los cambios en las tarifas, pero en su afán de que los incrementos sean mínimos, también se han reducido los ingresos que debería obtener el gobierno de este sector. El resultado: fondos públicos insuficientes para invertir en las infraestructuras necesarias.

¿Qué conlleva este déficit de infraestructuras? Un servicio más pobre. Según datos generados dentro de las entidades gubernamentales mexicanas, el 28% de los hogares del país azteca son afectados por la pobreza energética, lo que se evidencia en diversos apagones y posteriores quejas por servicio ineficiente.

Un caso similar fue evidenciado en Argentina. Allí, la regulación gubernamental optó por congelar las tarifas de energía. La idea del Gobierno era que con ese ahorro en el gasto de luz, los consumidores pudieran destinar dinero a otros rubros y así ayudar a la reactivación de la economía.

Así mismo, el Ejecutivo argentino ideó un subsidio para poder cubrir la pérdida derivada de la congelación de precios (algo similar evalúa el gobierno colombiano en su Plan Nacional de Desarrollo). No obstante, ese subsidio le ha costado a los argentinos 9.332 millones de pesos argentinos, que equivalen a 2,16% de su PIB país, un gasto enorme para las arcas estatales al punto que hoy estudian la reducción de subsidios, una medida políticamente muy complicada de implementar.

Así mismo, congelar precios, con todo y subsidio, ha hecho que el servicio eléctrico en Argentina sea deficiente por falta de inversión. Informaciones del diario Clarín indican que el sector requiere una inversión de 3.500 millones de dólares anuales para evitar una crisis severa y mermar una serie de apagones que se han vivido en algunas regiones del país durante los últimos años.

Estas experiencias del vecindario sirven para levantar las banderas rojas ante un control de precios en Colombia. La duda es si el remedio puede salir peor que la enfermedad, pues el país no se puede dar el lujo de frenar las inversiones en el sector eléctrico, menos ante la expectativa de un posible Fenómeno de El Niño.