Corrupción, todos hablan de ella y pocos proponen la salida, Fedesarrollo planteó estrategia

Que el roto que hace en las finanzas públicas la corrupción supera los 50 billones de pesos; que no se escogen los trabajadores entre los mejores sino entre los que acceden a pago de favores; que no hay una adjudicación de contrato para hacer obra pública que no tenga de por medio una coima.

Todo eso se conoce en Colombia. Los diagnósticos están más que develados. De hecho, si hay algo en lo que coinciden los candidatos a la presidencia es que todos hablan del tema. El problema es cómo combatirlo y, ante la ausencia de propuestas concretas, Fedesarrollo, uno de los centros de pensamiento económico más importantes de Colombia, hizo la tarea.

A manera de recomendaciones

Llegar a torcerle el pescuezo a la corrupción evitaría muchos de los problemas que tiene el país, pues los recursos se despilfarran y el bienestar no llega a la población. Por esa razón, la voluntad política es lo más importante para combatir ese flagelo.

Con ese preámbulo, Fedesarrollo realiza recomendaciones, cuya aplicación o no, depende de la administración que resulte elegida en las próximas contiendas electorales (primera y segunda vuelta).

La lista de mercado (propuestas)

1. Empezando por la justicia. Modificar la nominación y elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y fortalecer su capacidad con presupuesto y planta autónomos y una mejora en sus capacidades de investigación.

2. Más recursos a campañas electorales. Aumentar la financiación pública directa e indirecta a las campañas del 30 al 70 por ciento de los gastos de campaña y fortalecer el control a los reportes de ingresos y gastos de las campañas políticas.

3. Reformar las ‘ías’. Adelantar una reforma integral a los organismos de control para mejorar su eficacia y garantizar la autonomía e independencia frente a intereses políticos y económicos de la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), mediante un fortalecimiento de los mecanismos de elección, restricciones para ocupar cargos de elección popular, ajustes en los periodos institucionales para evitar coincidencia con periodo presidencial y de Congreso, y la declaración de conflictos de interés.

4. Menos efectivo. Hacer seguimiento a los flujos de recursos ilícitos y el lavado de dinero asociado a la corrupción y combatir el uso del efectivo en las campañas políticas y la falta de transparencia de estos recursos.

5. La contratación pública. Combatir la corrupción en la contratación estatal al restringir el uso del régimen de contratación por los esquemas especiales, limitar contrataciones no competitivas y las adiciones a los contratos, así como fortalecer el gobierno corporativo de las entidades del gobierno nacional.

6. Empleo sin recomendados. Reformar el servicio civil y el empleo público y crear un régimen de vinculación en planta de los servidores en prestación de servicios sin un aumento del gasto público.

7. El Congreso, sin lobby. Combatir la transaccionalidad de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso al aumentar la transparencia del proceso legislativo, regular los cupos indicativos y hacer del trámite legislativo un proceso digital y transparente.

8. Ciudadanos tienen el poder. Fortalecer la capacidad de la sociedad civil de hacer control a la corrupción con esquemas de protección al denunciante y mayor acceso a información.

Se puede

Según explicó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, las recomendaciones hechas se basan en los resultados de la comisión de expertos anticorrupción liderada por Fedesarrollo en 2021, que en ese entonces también contó con el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral, De justicia y Transparencia por Colombia”, afirmó el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

A todos los colombianos les conviene que el país prospere, inclusive a los que promueven la corrupción, pues el dinero en unas manos no genera desarrollo general, que es lo clave para que las empresas crezcan, la gente tenga empleo y a su vez pueda participar más en la economía.

“La corrupción socava el crecimiento al distorsionar la asignación de recursos en la economía. En el ámbito político y social, erosiona la legitimidad de las instituciones públicas y privadas, disminuye la confianza en la democracia, y deteriora el tejido social. No sorprende entonces que la opinión pública considere que la corrupción es el principal problema del país, por encima de la inseguridad, la economía, el desempleo y el costo de vida”, dijo el director de Fedesarrollo.

A buscarlos por cielo y tierra

En el informe de Fedesarrollo, elaborado por el investigador de Fedesarrollo Víctor Saavedra, se destacan acciones que no pueden seguir en el escenario de un país que quiere avanzar.

Según este centro de pensamiento, “las manifestaciones más graves de la corrupción reflejan la capacidad de intereses particulares para capturar la política y el Estado. Estos agentes corruptores, que pueden actuar como grupos de crimen organizado, se pueden agrupar en tres categorías:

1. Las redes clientelistas entre el sector público y privado, que abarcan los actores que permiten la operación del clientelismo político a gran escala.

2. Los grandes intereses económicos, incluyendo los grupos económicos y los grandes terratenientes, cuyo poder les permite incidir en las decisiones de las autoridades públicas de forma indebida.

3. Los grupos ilícitos de crimen organizado, como paramilitares y guerrillas, y las organizaciones dedicadas al narcotráfico, contrabando, minería ilegal, y otras actividades ilícitas, que cuentan con una enorme capacidad para corromper a algunos actores políticos y servidores del Estado por medio del ejercicio de la violencia”.

Agregan que la corrupción suele tener origen en el sistema electoral, en el que se genera una captura de la política electoral, llevando a abusos en la operación del Estado para generar rentas y beneficios privados. Esto se facilita por la dependencia de los candidatos del financiamiento privado, la debilidad de las autoridades electorales y la ausencia de partidos políticos fuertes para garantizar que los candidatos elegidos defiendan sus intereses. Los mecanismos principales para distribuir estos beneficios son la contratación pública, el empleo público, y la formulación e implementación de regulaciones y políticas públicas.