¿Cuál es la demora con la reforma tributaria?

Luego de la pérdida del grado de inversión y de la reforma fallida del exministro Alberto Carrasquilla, el nuevo equipo económico del Gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se la jugó por presentar un proyecto de reforma al que denominaron “minimalista”, de muy pocos artículos y que busca recaudar unos 15,2 billones de pesos, sin tocar prácticamente a las personas naturales y enfocado en el sector empresarial.

Como suele ocurrir, esta no es una tributaria estructural. Básicamente, es una reforma para pasar el año raspando, tapar temporalmente las graves afugias fiscales y garantizar la continuidad de programas sociales que surgieron para hacerles frente a los efectos generados por la pandemia.

Con estos 15,2 billones de pesos se busca atender tres prioridades: la primera, extender el Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022 para 7,8 millones de hogares. En segundo lugar, subsidiar con 25 por ciento del salario mínimo a más de 300.000 jóvenes para incentivar la creación del primer empleo. Y, finalmente, extender el apoyo a la nómina (Paef) que, en esta oportunidad, solo se concentrará en las mipymes de máximo 50 trabajadores y en las personas naturales que tengan dos o más empleados.

Para recaudar esta suma, el Gobierno propuso tan solo 35 artículos que se concentran en la austeridad en el gasto público –con la que se buscan ahorros por 1,9 billones de pesos en los próximos diez años–, fortalecer el control a la evasión fiscal (2,7 billones de pesos) y desmontar algunos beneficios que se les dieron a las personas jurídicas en la Ley de Crecimiento Económico, como la reducción del impuesto a la renta, que quedará en el 35 por ciento. También se incluyó una sobretasa al sector bancario del 3 por ciento hasta 2025.

Pese a que esta semana el ministro Restrepo indicó que el avance del proyecto iba por buen camino y negó que se estuviera embolatando el proceso, en el Legislativo hay preocupaciones. En especial porque en el cronograma inicial se esperaba que el proyecto se aprobara en agosto o, a más tardar, en la primera semana de septiembre, y lo cierto es que, hasta el momento, ni siquiera hay una ponencia definitiva.

“Toda reforma tiene proposiciones, pero esta tiene muy pocas. Históricamente siempre se presentaban 3.000 o 2.000, esta tiene más o menos 300, muchas repetidas y hemos avanzado bien en la subcomisión, en el sentido de identificar las esenciales para que no se pierda el corazón de lo que es la propuesta de la Ley de Inversión Social”, dijo el ministro.

En diálogo con SEMANA, la presidenta de la Comisión Tercera del Senado, María del Rosario Guerra, aseguró que desafortunadamente el trámite del proyecto de ley va más lento de lo que se quisiera, pues lamentablemente la semana pasada el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Wilmer Carrillo, no convocó a las reuniones de ponentes y coordinadores ponentes. SEMANA buscó al representante para conocer su versión, pero, al cierre de esta edición, no había respondido.

Sin embargo, Guerra dijo que esta semana ya se reiniciaron dichas reuniones y que se encuentran haciendo un barrido de las proposiciones hechas por todos los partidos, por lo que se espera que la próxima semana se conozca al fin la ponencia, para convocar a las comisiones económicas conjuntas al primer debate del proyecto de ley.

Al parecer, la mayoría de proposiciones han sido descartadas porque no van con los lineamientos del proyecto de ley planteado por el Gobierno. “Las proposiciones siguen llegando, pero lo cierto es que no podemos desvirtuar el espíritu de esta reforma, que no es estructural. Es una reforma cuyo único objetivo es responder a la necesidad de extender los programas sociales y contribuir a la estabilización de las finanzas públicas”, indicó la senadora.

Para ella, si no se aprueba la reforma tributaria a más tardar la primera semana de septiembre, se verán comprometidos los desembolsos de los programas sociales que tanto espera el país. “Les hemos solicitado a los colegas y al presidente de la Comisión Tercera que tiene la responsabilidad de convocar, que seamos estrictos con el cronograma para responder al anhelo ciudadano”, y advirtió que hay que recordar que, a la fecha, no se cuentan con los recursos y que, además, este proyecto prevé una adición de 10 billones de pesos al proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022.

Así las cosas, se espera que se conozca la ponencia que se discutirá el próximo martes 24 de agosto y que el siguiente miércoles, por fin, se dé el primer debate en las comisiones económicas.

Según un informe preliminar de la subcomisión, a corte del 19 de agosto, de las 331 proposiciones radicadas por los partidos se acogió un total de 24 y otras 77 se encuentran parcialmente acogidas. Dentro de las proposiciones que ya tendrían el aval del Gobierno se encuentra una que contempla algunos cambios en los días sin IVA, otra que busca aplicar retefuente para las inversiones de portafolio, una más que fija que el aumento del gasto público no puede superar la meta de inflación fijada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y otra que permite la extensión potestativa del Paef hasta el 31 de diciembre de 2022.

Bajo este orden de ideas, todo parece indicar que se quedaron por fuera polémicas propuestas como el cobro de IVA para los artículos de hasta 200 dólares comprados en plataformas internacionales de comercio electrónico como Amazon o eBay, el aumento de la sobretasa al sector bancario, el impuesto al patrimonio y el impuesto a los altos ingresos, entre otras.

Pese a que el Gobierno ha hecho un gran trabajo de consensos en el Congreso y parece que ya cuenta con el capital político para que la tributaria llegue a buen término, y que, además, en esta no se tocará ni a las clases medias ni de bajos ingresos, pues la mayor parte del golpe recaerá sobre las empresas, el Comité del Paro Nacional ya puso el grito en el cielo y anunció nuevas movilizaciones en contra de la nueva reforma para el próximo 26 de agosto.

Para el Comité del Paro es inadmisible que en medio del plan de austeridad que propone el Gobierno con la tributaria, se congelen los salarios de los servidores públicos y que, además, se les cobre a los microempresarios el impuesto de renta de 35 por ciento. Además, también se oponen a las facultades especiales que tendrá el presidente Iván Duque para fusionar o reducir entidades estatales. Para ellos, esto desencadenará una “masacre laboral”.

Sin duda, esto genera nuevamente una gran incertidumbre, pues se teme que el país pueda volver a pasar por otro periodo similar al que se vivió durante todo el mes de mayo.

Desafortunadamente, existe la probabilidad de que el debate de la reforma tributaria que se inicia la próxima semana no solo esté comprometido por las presiones propias de la época preelectoral, sino que también puede que se dé en medio de una situación de crispación social.

El Gobierno de Duque se juega una de sus últimas cartas y el tiempo apremia. Es necesario que el Legislativo tramite esta reforma de manera responsable para recomponer el curso de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, garantizar las ayudas necesarias para hacerle frente al complicado momento que vive el país.