¿Cuáles son los grandes desafíos de las economías de América Latina este año?

Tras una importante actividad económica en el último año, los países de América Latina y el Caribe enfrentan en 2023 grandes riesgos que exigirán medidas extremas para que no se registre un deterioro social, con el aumento de la pobreza, y que sus cuentas fiscales logren ajustarse.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé que la región crezca 1 % este año tras haber alcanzado un crecimiento mejor de lo esperado de 3,9 % en 2022. Plantea un escenario de crecimiento de 1,9 % en 2024, pero este estimativo asume que Estados Unidos evitará una recesión en 2023 y que habrá una tendencia global a la baja en la inflación.

“La invasión rusa a Ucrania en 2022 causó conmoción en todo el mundo. Los precios de las materias primas se dispararon, las expectativas de crecimiento mundial se desplomaron y los bancos centrales aumentaron las tasas de interés para controlar la inflación y existen fuentes continuas de incertidumbre económica y financiera. Como resultado, en 2023 los países de América Latina y el Caribe enfrentarán una demanda global deprimida, altos costos de financiamiento y la reciente incertidumbre financiera”, señala el análisis Preparar el terreno macroeconómico para un crecimiento renovado, del BID. En él, plantea que la región debe enfrentar el desafío de reducir la inflación y la carga de la deuda pública en 2023, para abordar los retos de las crecientes demandas sociales, los limitados recursos fiscales y la baja productividad y crecimiento.

Según Eric Parrado, economista jefe del BID, en primer lugar, la región se enfrenta a un reto social. Con cerca del 18 % de la población viviendo con menos de 3,1 dólares por día, los niveles de pobreza de la región superan los de hace una década. “Aunque se ha producido cierta corrección, la pandemia aumentó la pobreza en la región y, recientemente, la guerra de Rusia en Ucrania ha dificultado aún más la recuperación de los logros perdidos. Además de la pobreza, la desigualdad está aumentando”, señala.

Agrega que la necesidad de reducir la inflación contribuirá a la desaceleración económica esperada en 2023. Para disminuir el impacto en los más vulnerables, los países deben priorizar políticas fiscales que lleguen a los sectores más pobres. Esto incluye la implementación de subsidios específicos, estimular la inversión en infraestructura y mejorar el funcionamiento de los mercados laborales mediante una reducción de los incentivos a la informalidad.

El informe advierte que las políticas del mercado laboral deberían promover la formalidad y reducir la brecha de género. Y señala que las políticas que conceden acceso a prestaciones de la seguridad social, independientemente de la condición de los trabajadores en el mercado laboral, “forman parte de la solución”. “Las políticas laborales y de seguridad social de mejor calidad que apoyan el desarrollo profesional exitoso para todos los trabajadores, mejoran la productividad y la equidad. Impulsar proyectos específicos de infraestructura de alta calidad puede atraer la inversión del sector privado, mejorar la dinámica del mercado laboral y contribuir a reducir la desigualdad y la pobreza. Junto con mecanismos para aumentar la eficiencia del gasto, esto puede generar una reducción de las cifras de pobreza”, dice el análisis.

También señala el estudio del BID que impulsar proyectos específicos de infraestructura de alta calidad puede atraer la inversión del sector privado, mejorar la dinámica del mercado laboral y contribuir a reducir la desigualdad y la pobreza. “Junto con mecanismos para aumentar la eficiencia del gasto, esto puede generar una reducción de las cifras de pobreza”, agrega.

En segundo término, la región presenta un reto fiscal. La pandemia de la covid-19 presionó los recursos y gastos fiscales. De hecho, los escenarios que entrega el informe sugieren que la deuda soberana podría crecer a un ritmo acelerado, lo cual indica que existe una necesidad de políticas para ajustar las cuentas fiscales. En promedio, la deuda pública de la región cayó al 64 % del PIB en 2022 tras aumentar durante la pandemia. Estudios del BID recomiendan a los gobiernos de la región reducir los coeficientes de deuda pública a un rango prudencial de entre el 46 % y el 55 % del PIB.

La política fiscal, explica el informe, “tiene que consolidarse y alcanzar déficits y ratios de deuda más bajos para mejorar la eficiencia de la política monetaria”. La mejora de las instituciones fiscales contribuye a reducir el riesgo de crédito soberano, que genera reducciones de la tasa neutral de interés. También otorga a los bancos centrales más espacio para relajar las tasas de interés de la política monetaria y limitar las disyuntivas en términos de actividad económica. “La consolidación fiscal además contribuye a disminuir la presión sobre la demanda agregada. A través de estos canales, contribuye a alinear la inflación y las expectativas de inflación con sus metas. Sin embargo, la consolidación de las cuentas fiscales es difícil y exige implementar políticas complejas. Reducir las tasas de la política monetaria también impulsa a la baja las tasas de los bonos públicos, si el riesgo soberano no aumenta, contribuyendo así a la consolidación fiscal”, explica el informe.

En tercer lugar, la región se encuentra con un reto de crecimiento. “La productividad está aumentando a paso lento y, en consecuencia, el crecimiento económico a largo plazo, que se estima actualmente en solo 2 %, no es suficiente para alcanzar los objetivos de desarrollo de la mayoría de los países de la región”, dice Parrado.

Además de estos retos específicos, la región también se enfrenta a otros transversales como el cambio climático, promover la diversidad, la inclusión y la equidad, y reforzar el contexto institucional y el estado de derecho para mejorar el entorno empresarial. Ninguno de estos retos puede abordarse por separado, ya que todos se retroalimentan.

Las alertas

De acuerdo con el estudio, en la mayoría de los países, la inflación ha comenzado a mostrar señales de desaceleración. Sin embargo, seguirá situándose por encima de la meta al menos hasta 2024, y las tasas de interés de la política monetaria se mantendrán por encima de sus niveles neutrales. Asegura que los bancos centrales se esforzarán en mantener las expectativas de inflación ancladas y seguirán una política monetaria estricta hasta que las expectativas se alineen con las metas.

“Un desanclaje de las expectativas sería muy oneroso en el futuro. Aunque las tasas de política monetaria han tenido un impacto mucho mayor en la reducción de la inflación que en perjudicar el crecimiento y los mercados laborales, existe una disyuntiva. Para mitigar los efectos potenciales, la política monetaria tiene que respaldarse en políticas fiscales y económicas consistentes. En este contexto, la independencia de los bancos centrales es crucial y una prioridad para controlar la inflación”, dice el informe.

Capítulo aparte tiene el sector financiero de la región. Aunque señala que los mercados externos han estado abiertos, reconoce que los costos de financiamiento han aumentado considerablemente, y la vulnerabilidad ante episodios de estrés también han crecido a medida que aumenta la dolarización financiera y las posiciones fiscales siguen siendo débiles.

“La región se ha beneficiado de un sector financiero sólido. Sin embargo, el aumento global de los costos de financiamiento y una menor actividad económica puede estresar los mercados y las entidades financieras. Por lo tanto, se recomienda adoptar medidas prudenciales que limiten la exposición de las empresas financieras y no financieras a riesgos de fluctuaciones en el tipo de cambio”, advierte el estudio.

De la misma manera, considera que los supervisores financieros podrían ampliar el uso de las pruebas de estrés para convertirlas en una herramienta para abordar debilidades específicas en las instituciones financieras y producir planes detallados para gestionarlas. “Proporcionar más información sobre estos planes también aumentaría la confianza entre los inversores y otros agentes que buscan información más creíble en estos tiempos de incertidumbre. Además, ajustar la regulación y la supervisión prudencial se está convirtiendo en algo cada vez más necesario para abordar los riesgos del cambio climático en los balances de las entidades financieras de la región. Esto también puede ser señal de una mayor confianza en cómo la región gestiona sus riesgos financieros”, puntualiza el estudio.