¿Cuánto le cuesta al país negociar el pliego del paro?

Una verdadera paradoja económica vive el país luego de completarse más de dos semanas de marchas y protestas, desde el 28 de abril cuando se convocó un paro nacional. Las jornadas buscaban rechazar la megarreforma tributaria planteada por el entonces ministro Alberto Carrasquilla para recaudar unos 30 billones de pesos. Aunque esa reforma se cayó, las peticiones elevadas por el Comité del Paro a fin de levantar las protestas podrían costar más de dos reformas tributarias de las que presentó Carrasquilla. Nadie sabe, con certeza, de dónde saldrá esa plata.

Mientras el Gobierno y el Comité se preparan para iniciar un proceso de negociación que permita restablecer el orden, desmontar los bloqueos y facilitar la recuperación de la economía, algunos analistas ya hicieron sus cuentas sobre qué tan viable resultaría cumplir con los siete puntos. Por ahora, hay malas noticias, y todo indica que el costo para las arcas de la Nación será impagable.

Las peticiones del Comité son siete: 1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación. 2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual. 3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las mipymes, empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria. 4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa. 5. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica. 6. No privatizaciones, y derogatoria del Decreto 1174. 7. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

De ellas, solo es discrecionalidad del Gobierno fortalecer una masiva vacunación y frenar la alternancia educativa. La mayoría de solicitudes exigen el visto bueno del Congreso: adoptar una renta básica, retirar el proyecto de ley de salud, adoptar cambios en los tratados de libre comercio o aprobar nuevos subsidios a las mipymes y para el empleo. Una de ellas exigiría la intervención de la Corte Constitucional: las erradicaciones forzadas de cultivos ilícitos y la aspersión aérea con glifosato.

Muchas son etéreas, y no todas, cuantificables: en solo tres se puede identificar el costo económico. Pero cumplirlas no será fácil en un momento tan complejo para las finanzas públicas. Estas se relacionan con la creación de una renta básica de, por lo menos, un salario mínimo para todas las familias pobres, la matrícula cero para los jóvenes que quieren entrar a la universidad pública, y detener las privatizaciones programadas.

En el caso de la renta básica, el Comité ha pedido un salario mínimo para cada uno de los 6,2 millones de familias en situación de pobreza. Cumplir con este requisito cuesta 5,6 billones mensuales o 67,5 billones al año.

Por el lado de la matrícula cero para los estudiantes de educación superior en universidades públicas, el costo alcanzaría 400.000 millones de pesos semestralmente, es decir, 1,2 billones de aquí a 2022.Y en caso de frenar las privatizaciones de empresas públicas, el Estado dejaría de percibir solo por este año unos 12 billones de pesos por las ventas que planea hacer. En cifras gruesas, esto implicaría unos 80 billones por año.

Cumplir con estas tres exigencias requiere de más de dos y media reformas tributarias del tamaño que planteó Carrasquilla. O hacer en un año más de cinco reformas de las que ha propuesto el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien aboga por consensuar una tributaria que genere alrededor de 14 billones de pesos. ¡Un contrasentido! Por eso, economistas y centros de pensamiento aseguran que atender estas peticiones resulta inviable.

José Antonio Ocampo, ex codirector del Banco de la República, afirma que una cifra tan elevada no es financiable. Por eso, plantea pensar en una solución más estratégica, que incluya una renta básica que complemente los programas sociales ya existentes y los que se adoptaron durante la pandemia, pero que debe ir acompañada de un sólido paquete de empleo de emergencia.

En opinión de Ocampo, el plan de empleo debe formularse con un alcance local o regional, enfocado en mujeres y jóvenes, los más afectados por el desempleo. Sugiere que el Gobierno dé subsidios para promover la creación de estos empleos: “Pueden ser de todo tipo, desde embellecimiento del barrio hasta economía del cuidado o alimentación colectiva”.

Para el secretario de la CUT, Diógenes Orjuela, elucubrar sobre el costo del pliego y señalarlo como un paquete de imposibles no conduce a nada. Por tanto, pide que el Gobierno tenga mente abierta con el tema de la renta básica, y partir del modelo de asistencia actual para ampliarlo a niveles de entre 10 y 15 billones de pesos, y así responderles mejor a los colombianos más necesitados.

Pero ¿de dónde sacar estos recursos? Según Orjuela, es necesario empezar con la tributaria que el Gobierno está consensuando con base en la propuesta de la Andi. Esta plantea recortar beneficios fiscales otorgados a las empresas en la tributaria de 2019, que reunirían unos 15 billones. Cree que a esto hay que sumarle la eliminación de exenciones a zonas francas y multinacionales, que en cinco años daría unos 40 billones más. Y sugiere acudir a las reservas internacionales del país, vendiendo unos 10.000 millones de dólares. Eso sumaría recursos adicionales por unos 38 billones de pesos, calcula.

Sin embargo, estas cuentas alegres no coinciden con las del Gobierno, que ha dicho que la reducción de la carga tributaria a las empresas busca crear nuevos empleos y acelerar la recuperación económica. Dos temas básicos en este momento para el país.

Eso sí, uno de los puntos clave que deberá sopesar el Gobierno en la negociación con el Comité es qué tanta representatividad tienen los colombianos que han salido a protestar. Por un lado, la minga indígena ya notificó que el Comité no los representa.

Y, en los últimos días, varios grupos de jóvenes que protestan en las calles, en las distintas regiones del país, han dejado claro que no se sienten representados por los sindicatos ni por los líderes estudiantiles que forman parte del Comité. Esa no es una buena noticia. Significa que el Gobierno tendrá que realizar muchas negociaciones paralelas para tratar de atender de la mejor manera posible a todos los frentes que protestan. Y, quizás, haya muchos compromisos en metálico.

Para Jorge Humberto Botero, exministro de Comercio, el Gobierno debe tener en cuenta que, además de negociar con el Comité del Paro y con los representantes de la calle, deberá abrir una negociación política.

Por un lado, porque buena parte de las soluciones pasan por el Congreso. Y, por otro lado, porque los jefes de los partidos políticos tienen que involucrarse para solucionar un descontento social del cual ellos también son responsables.

Cumplir las exigencias para levantar el paro luce hoy como una tarea titánica. De las decisiones que tomen los delegados del Gobierno dependerá que el país logre la reconciliación social y evite hipotecar el fisco por muchos años más.

Las cifras de la negociación

1) Renta básica de un salario mínimo. Unos $67,5 billones es el costo anual de otorgar mensualmente un salario mínimo de 908.000 pesos a 6,2 millones de familias pobres del país, como lo pide el Comité del Paro.

2) No privatizar empresas del Estado. Serían $12 billones los que dejaría de recibir al año el fisco en caso de que se acepte no seguir vendiendo activos del Estado. Este pedido, sin embargo, debe contar previamente con la aprobación del Congreso.

3) Matrícula cero en universidades públicas. Son $400.000 millones por semestre el costo aproximado de esta petición, que busca financiar de forma permanente el ingreso de los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, a la universidad pública.

4) Costos del paro. Unos $484.000 millones diarios les cuestan al país y al aparato productivo la parálisis provocada por las marchas y los bloqueos. En los 15 primeros días, las pérdidas alcanzaban más de 6,2 billones de pesos.