PARO
¿Cuánto valen las peticiones del Comité del Paro y qué tan viable sería cumplirlas?
La reunión del Gobierno con el Comité Nacional del Paro se realizará la próxima semana. Pero cumplir algunos de los puntos es tan costoso, que requeriría casi 4 reformas tributarias por año. La negociación no será fácil.
En medio de las marchas pacíficas, el vandalismo y los atentados contra la vida y bienes de muchos colombianos en distintas ciudades del país, los integrantes del Comité Nacional del Paro reiteraron su lista de peticiones al Gobierno en temas de orden económico, político y social.
Este listado sin duda hará parte de la reunión que sostendrá el Comité Nacional del Paro con el presidente Iván Duque la próxima semana, en el marco de una agenda que busca encontrar salidas a la difícil situación de orden público que han generado las marchas en todo el país.
Siete son los puntos principales que han planteado: 1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación. 2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual. 3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. 4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa. 5. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica. 6. No privatizaciones y derogatoria del Decreto 1174. 7. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.
Aunque no todas son cuantificables, pues tienen que ver más con temas políticos o sociales, las dos peticiones que sí pueden cuantificarse tienen un costo aproximado a los $ 58 billones por año. Se trata de un costo tan elevado que el país tendría que aprobar más de cuatro tributarias al año del mismo tamaño de la que actualmente planea presentar el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.
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Esto sería una gran contradicción porque justamente fue la reforma tributaria del anterior ministro, Alberto Carrasquilla, la que encendió la chispa que detonó la movilización social y obligó al gobierno a replantear sus objetivos económicos y bajarla a la mitad de lo que inicialmente buscaba.
La gran paradoja es que conseguir esos recursos requeriría aprobar una reforma tributaria gigantesca para cubrir todas esas exigencias, y que recaería en todos los colombianos. Un hecho curioso si se tiene en cuenta que justamente una tributaria enorme fue la que desató la ola de protestas.
Un ejercicio aproximado de los costos que tendrá el pliego presentado por el Comité Nacional del Paro, y realizado pro el experto en temas legislativos Javier Hoyos Arboleda, indica que solo cumplir los dos puntos que se pueden cuantificar le implicaría al país gastar más de $ 58 billones por año. ¿Cuáles son las cuentas?
De acuerdo con Hoyos Arboleda, el punto 2 del pliego de peticiones haba de una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Aunque no es preciso para quiénes iría este salario mínimo que exigen, Hoyos Arboleda estima que el Comité podría estar refiriéndose a los 21 millones de colombianos que hoy están en situación de pobreza.
Esto implica que son alrededor de 5,2 millones de familias colombianas las que podrían recibir esa renta básica. Al multiplicar esta cifra por los $ 908.000 del salario mínimo, eso implicaría que el Gobierno tendría que girar cada mes $ 4,8 billones para cumplir con esta exigencia. Cada año, la cifra subiría a $ 57,6 billones.
Para cumplir solo con esta exigencia se necesitaría aprobar en un año más de cuatro reformas tributarias del mismo tamaño de la que acaba de anunciar el nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien estima que con una reforma más moderada y que no exacerbe los ánimos de los colombianos, se podrían recoger $ 14 billones en el año.
Pero a esta cifra todavía hay que sumarle el costo de cumplir el punto número 4 de las peticiones del Comité Nacional del Paro, que de manera genérica pide “matrícula cero” que se referiría básicamente a la educación superior, ya que desde hace años hay gratuidad en la educación básica.
De acuerdo con el experto Hoyos Arboleda, esto implicaría ayudar a cerca de 700.000 estudiantes de bajos recursos que cada año buscan entrar a la universidad pública. Para hacer el cálculo de cuánto cuesta cumplir esta exigencia, Hoyos Arboleda tomó como base el costo promedio de un semestre en la Universidad Nacional ($ 125.000) y encontró que en este caso se requerirían al algo más de $ 175.000 millones por año de carrera.
Como no se puede pagar solo un año universitario sino que los estudiantes van a durar al menos cinco años en la carrera, sería necesario proyectar ese gasto al menos por los próximos cinco años, lo que equivale a más de $ 800.000 millones para apoyar a los jóvenes.
Cumplir con estas dos exigencias representaría entonces para el fisco destinar una cifra cercana a los $ 58 billones por año. Es decir casi el doble de lo que esperaba recoger Carrasquilla con su polémica reforma.
Eso sí, en caso de que el grupo de colombianos al que se refiere el Comité Nacional del Paro es el de personas en pobreza extrema, las cifras bajarían considerablemente. Se trata de 5,7 millones de personas, es decir cerca de 1,4 millones de familias a quienes se les giraría el salario mínimo mensual. En este caso el gasto mensual de cubrir esta renta básica sería de $ 1,27 billones aproximadamente, que en el año representarían unos $. 15,2 billones.
Y aunque sería un gran logro para el país garantizarle el mínimo a estas familias, lo cierto es que no habría plata para reducir el abultado déficit fiscal, que es imperativo en estos momentos, luego de que el gobierno obtuviera créditos internacionales para financiar los mayores gastos en salud y sociales derivados de la pandemia.
Para Hoyos Arboleda, estas peticiones económicas del Comité Nacional del Paro resultan imposibles de cumplir, sobre todo en estos momentos en que la economía no se ha reactivado y los colombianos no quieren más impuestos.
Curiosamente quienes hacen estas peticiones estarían olvidando que los ingresos del Estado provienen justamente de los bolsillos de todos los ciudadanos. Y si hay peticiones de más gasto, deberían estar dispuestos a hacer también más contribuciones de impuestos.
Hoyos Arboleda señala que otros de los temas que pide el Comité son imprácticos. Por ejemplo los subsidios a la pymes, cuyo costo y constitucionalidad no son claros, o la defensa del campo, que implicaría desmontar los Tratados de Libre Comercio firmados en gobiernos anteriores.
El experto en temas legislativos recordó que en la Constitución Nacional solo hay 7 subsidios contemplados en igual número de artículos, que a lo largo de los últimos años han sido reglamentados.
Estos subsidios aprobados por la Constitución son: 1) A las mujeres embarazadas en desprotección 2) A los servicios públicos domiciliarios para estratos pobres; 3) A los adultos mayores en desprotección de seguridad social 4) A los niños para garantizarles educación y nutrición 5) Para la atención gratuita de menores de edad en seguridad social 6) A la vivienda digna por eso hay programas para estos subsidios y 7) A los partidos políticos para garantizar la democracia.
No parece fácil la negociación de los puntos exigidos por el Comité Nacional del Paro. Pero sin duda buscar acuerdos y fomentar un diálogo amplio y que tenga en cuenta las necesidades de todos los colombianos es el camino a seguir en momentos de tanta polarización y descontento social.