Despegar algunos precios del salario mínimo no será sencillo y podría traer complicaciones, lanzan primeras alertas

Una de las principales preocupaciones con el aumento del salario mínimo radica en su impacto sobre la inflación debido a que existen varios servicios que suben en la misma proporción, generando un espiral de carestía, que se siente principalmente cada enero, pero que en algunos casos tiene impacto a lo largo del nuevo año.

Para intentar evitar que el alza de 16 % del salario mínimo definida para 2023 no genere más presiones en el costo de vida y no se sienta en servicios como los seguros, las multas de tránsito o las cuotas moderadoras de salud, el Gobierno radicó un proyecto de decreto en el que busca desligar un total de 60 servicios que actualmente rigen sus alzas con los cambios en la remuneración mínima.

El proyecto de decreto propone que esos servicios ahora se ajusten con la Unidad de Valor Tributario (UVT), que es una medida que se usa para determinar diferentes obligaciones tributarias y que se expresa en pesos. Cada año la Dian establece la UVT y con ella, por ejemplo, se define que una sanción equivale a determinado número de UVT o un impuesto también se tasa en una cantidad específica de UVT. Para 2023 la UVT será de 42.412 pesos y ese dato se obtuvo con la variación acumulada del índice de precios al consumidor entre el 1 de octubre de 2021 y el 1 de octubre de 2022.

La idea del Gobierno es que haya una regulación “homogénea, clara, y con sentido económico y financiero”, para que muchos servicios ya no dependan de la variable del salario mínimo, sino de una variable “objetiva como la UVT”

De esta manera se propone que las sanciones por afiliación irregular al sistema de seguridad social ya no sea de 5.000 salarios mínimos, sino de 131.565 UVT, así como las multas para los empleadores que incumplan con sus obligaciones.

También cambiarían las categorías tarifarías para los servicios sociales de las cajas de compensación familiar, de la siguiente manera

1. Categoría A. Pasaría de beneficiar a quienes ganan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes devenguen hasta 52,63 UVT.

2. Categoría B. De más de dos salarios mínimos y hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes pasaría a entre 52,63 UVT y 105,25 UVT

3. Categoría C. Hoy para quienes ganan más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes pasaría a quienes ganan más de 105,25 UVT.

4. Categoría D. Particulares. Categoría de no afiliado a la Caja, aquí no habría cambios.

Igualmente cambiarían otros servicios financieros, del sector trabajo, educación o transporte.

Reacciones

Tras analizar el proyecto de decreto, Adriana Guillén, presidente de Asocajas, advierte que la modificación a UVT en materia de subsidio familiar traería consigo la pérdida de categoría de algunos afiliados para efectos de recibir los servicios y subsidios del sistema. “Hoy en día los trabajadores que reciben estos subsidios y servicios de las Cajas son los de categoría “A”, que son aquellos que ganan hasta 2 salarios mínimos y los de categoría B, que están entre 2 y 4 salarios mínimos. Con este cambio muchos de ellos perderían su categoría A o B, disminuirían los beneficios que la ley establece. Es decir, perderían beneficios por una categorización que siempre ha estado atada al salario”, alerta.

Para esta dirigente gremial, como está la norma actual no hay lugar a distorsiones de tarifas al aplicar el salario mínimo porque las tarifas de los servicios las fijan los Consejos Directivos y no están atadas a la remuneración mínima. “Creemos que es un error de apreciación y ya estamos conversando con el Ministerio del Trabajo para la corrección a que haya lugar”, sostiene.

En Acemi, el gremio de las EPS, apoyan las medidas de desindexación del salario mínimo de diferentes parámetros económicos, entre estos las cuotas moderadoras de salud. “Esta iniciativa liderada por los Ministerios de Trabajo y de Hacienda tendrá efectos positivos sobre las presiones inflacionarias que afectan a todos los colombianos, en especial a los grupos más vulnerables. Dado que esta es una fuente adicional de financiación del Sistema de Salud es necesario sustituirla con recursos del presupuesto general. Los beneficios de esta medida se sentirán en muchos sectores, y en el de salud permitirá a los usuarios acceder a los servicios a un menor costo, lo que es positivo”, sostiene.

El experto en temas de consumo, Camilo Herrera considera que cualquier intento por desindexar la economía de precios base ayuda que los precios no suban tanto, pero “al final toda decisión económica tiene cosas buenas y cosas malas y al quitar la indexación y no subir precios, alguno de los agentes económicos podría resultar afectado”, asegura.

Para Herrera puede que esta medida funcione en el corto plazo, en 2023, y ayude a frenar la inflación, pero en el largo plazo podría ser un problema para las estructuras de costos de otros negocios.