Despilfarro de dineros públicos: regiones gastan millonadas en intermediarios de contratos interadministrativos, según Auditoría

Mientras en lo público no hay plata que alcance para hacer una política social más impactante, se despilfarran recursos en pago de intermediarios y subcontrataciones.

La Auditoría General de la Nación, que tiene bajo su sombrilla a las contralorías territoriales, puso el ojo en la contratación interadministrativa, que, por demás, se hace a dedo (contratación directa), la cual, debería ser solo para casos excepcionales, pero se está sobreutilizando, y generando así un desperdicio de dineros públicos que podrían ser usados de manera más eficiente en cubrir necesidades de la población más vulnerable.

Según el organismo de control, fueron analizados 76.785 contratos y convenios interadministrativos que habían sido suscritos en el territorio durante los años 2019-2022.

El valor registrado de dichos contratos fue de 27,1 billones de pesos, y 5,42 billones de pesos no generaron ningún beneficio para los ciudadanos, puesto que esa fue la suma que costó la intermediación, lo que debe constituirse en una alerta para las contralorías territoriales.

Riesgo de corrupción

Si bien, el cobro por intermediar para ejecutar un contrato no es algo ilegal, el problema son los abusos que se están presentando y el riesgo de que se adjudiquen contratos a dedo de manera fraudulenta. “La contratación interadministrativa limita la libre competencia, la pluralidad de oferentes y la selección objetiva”, advirtió la Auditoría.

Es así como, con un ejemplo hipotético, se puede ver la dimensión del desangre de recursos que se está presentando, al utilizar mal la figura de los contratos interadministrativos (mucho uso y con altos porcentajes pactados para cubrir costos de intermediación).

Una gobernación X suscribe un contrato con otra entidad pública, para que le realicen la limpieza y embellecimiento de las playas. El monto pactado en el documento contractual es de 1.000 millones de pesos, mientras que el gasto en administración puede oscilar entre un 15 y un 30 %, con lo cual, se van unos 200 millones de pesos que van a parar a bolsillos del intermediador.

En definiciones de estudios académicos se ha señalado que “la contratación interadministrativa es aquella celebrada entre dos entidades públicas. El contrato es un negocio jurídico que genera obligaciones para las partes y estas tienen diversos intereses”.

Mayor gasto en componentes muy gaseosos

De acuerdo con el análisis de la Auditoría, aunque el cobro por costos de administración está reglamentado; es decir, no es nada ilegal, solo está permitido en casos excepcionales, lo que llevó al organismo de control a advertir a las contralorías para que evalúen y confirmen si realmente se trata de circunstancias especiales. Principalmente, porque cada vez está más en aumento el uso de esa figura que puede ocasionar riesgos de corrupción con los dineros públicos.

A la Auditoría General también le llama la atención que, pese a que la ley que da indicaciones a los territorios sobre el gasto de los recursos (la ley orgánica del Plan de Desarrollo), señala que se debe dar prioridad al gasto social. No obstante, los dos segmentos del gasto que se llevan la mayor parte de los recursos invertidos a través de contratos interadministrativos son: Fortalecimiento institucional y Apoyo a la gestión, es decir, son categorías amplias que también podrían implicar riesgo de mal uso de los recursos públicos, puesto que allí puede caber cualquier cosa: hasta una fiesta.

En el informe de la Auditoría se evidencia que la contratación interadministrativa se concentra en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Vaupés.

Las capitales con mayor recurrencia en la contratación interadministrativa son Tunja, Medellín, Popayán, Leticia, Mitú y Barranquilla.

Bogotá suscribió 8.029 contratos interadministrativos en los tres años, por un valor de 4,1 billones. Le siguen Antioquia, que suscribió 3.978 por 3,5 billones de pesos.

“Llama la atención lo que sucede en estas ciudades, pues, los montos contratados de forma directa, por el régimen especial del que goza la contratación interadministrativa son bastante significativos”, concluye la Auditoría.