“Devolveremos hasta el último peso”: Ávitar responde por presunta captación ilegal de dinero

En días pasados, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a Ávitar Constructora e Inmobiliaria suspender de manera inmediata la “captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público”, y devolver inmediatamente los recursos que habrían sido captados de manera irregular.

De acuerdo con la SuperFinanciera, la constructora adquirió por medio de las figuras denominadas “contratos de inversión” y “contratos de anticresis” obligaciones con terceras personas a través de la recepción de dinero y con el compromiso de restituirles en igual cantidad al vencimiento del plazo contractual, más un rendimiento fijo mensual que oscilaba entre el 3 % y el 5 %.

Luego del pronunciamiento de la SuperFinanciera, SEMANA habló con Jersson Velandia, presidente y representante legal de Ávitar Constructora e Inmobiliaria, sobre este caso, y aseguró que acatarán todas las órdenes de la entidad. Así mismo, envió un mensaje de tranquilidad a sus clientes y dijo que devolverán todos los dineros a que haya lugar.

“En Boyacá se maneja desde hace muchísimo tiempo los contratos anticresis, que básicamente es un contrato de empeño. La gente empeña sus apartamentos y al final del contrato la gente recupera sus bienes, porque ellos no han vendido ni transferido el dominio del bien, solo han transferido el uso y goce del bien inmueble”, explicó sobre cómo funciona su empresa.

Este “sistema de empeño” también lo aplica la misma constructora, es decir, que empeña inmuebles de su propiedad a otros inversionistas con el fin de conseguir el dinero que necesita para financiar la construcción de los diferentes proyectos que adelanta.

Según aseguró Jersson Velandia, prefieren acudir este tipo de financiamiento y no ir a un banco por las altas tasas de interés y los trámites administrativos que elevan los costos. “Es más fácil para nosotros constituir un contrato de anticresis que nos preste el dinero y use el apartamento, que constituir una garantía hipotecaria con un banco”, dijo.

La SuperFinanciera aseguró que fueron 70 contratos los que la constructora suscribió con personas por más de $ 4.979 millones, los cuales fueron registrados contablemente como “ingresos recibidos por anticipado”. Adicionalmente, bajo el concepto “cuentas por pagar a terceros” registró cinco préstamos adquiridos por la sociedad durante el 2021.

En total, Ávitar Constructora e Inmobiliaria adquirió, dentro de su dinámica comercial, obligaciones con 75 personas por un total de $ 5.879 millones, “obligándose a restituir los montos recibidos en igual cantidad y a entregar una rentabilidad fija mensual, sin prever a cambio la entrega real y efectiva de un bien o servicio”.

Sin embargo, el representante legal de Ávitar Constructora e Inmobiliaria aseguró a SEMANA que, en su gran mayoría, estos dineros ya se devolvieron y los contratos anticresis ya se terminaron. Solo queda pendiente por devolver cerca de 1.500 millones de pesos de contratos vigentes, para lo cual ya se estableció un programa de devolución. “En el transcurso de tres o cuatro meses, todo el mundo estará recibiendo su dinero, con base en lo que nos ordenó la SuperFinanciera”, afirmó.

Igualmente, aseguró que, al existir un incumplimiento por parte de la empresa, se tendrá que indemnizar a los clientes para “devolverles los hasta el último peso que invirtieron con nosotros”.

La Superintendencia remitió copia de la medida a otras autoridades, entre ellas la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.

Ante esto, Jersson Velandia dijo que son “totalmente respetuosos y abiertos del proceso administrativo que está adelantando la SuperFinanciera. En todos esos procesos nosotros vamos a dar la cara y a ser transparentes. Los errores que se estén cometiendo se van a corregir”.

Además, manifestó que la decisión de la Superintendencia no es decisión final, sino una medida cautelar y, “al publicarla en medios de comunicación, afectó el buen nombre de nuestra empresa. Por principio de legalidad, hasta tanto ellos no saquen un fallo administrativo sancionatorio o no tengamos una sentencia judicial en contra, se presume que la empresa es inocente y que su actividad de lícita”.

Por lo tanto, Ávitar Constructora e Inmobiliaria presentará una apelación solo para que la entidad aclare mediáticamente la situación con el fin de “no perder la confianza de nuestros clientes y de la gente que está en los diferentes proyectos de inversión”. No apelarán ni discutirán la orden de devolución de dineros.

“Todos estos procedimientos nosotros lo tenemos reglados sobre contratos de inversión y de anticresis que se suscriben con los clientes. Todo el dinero que se recibe y sale se está reportando contablemente y a la Dian, nosotros pagamos nuestros impuestos y se tiene un riguroso control de todos los contratos”.

La empresa tiene más de diez de proyectos de vivienda construidos y más de 25 proyectos en curso, ubicados en los municipios de Duitama, Sogamoso, Tunja, Bucaramanga y Yopal. Además, tenían planes de expandir sus operaciones a Bogotá y otras zonas de Bogotá. Igualmente, genera cerca de 226 empleos directos e indirectos en el departamento de Boyacá.

“Si se evidencia que la modalidad de contratación que nosotros estamos manejando es considerada como ilegal, estaremos dispuestos a pagar las multas que sean necesarias y a reformar nuestro modelo de negocio con base en los lineamientos de la SuperFinanciera”, aseguró Jersson Velandia a SEMANA.

De acuerdo con Miguel Ángel Lizarazo Puerto, abogado, especialista y magíster en derecho administrativo, consultor y asesor en temas sancionatorios de entidades de orden nacional y municipal, los contratos de anticresis contemplados por el código civil colombiano han venido cayendo en desuso en gran parte del país.

“No obstante, en Boyacá son de uso frecuente para tener liquidez y fortalecer negocios y familias en tiempos de crisis, ya que representan una posibilidad de obtener préstamos sobre los frutos de un bien sin constituir hipotecas o tener que acudir a créditos bancarios en los cuales las tasas de interés son demasiado elevadas y en muchos escenarios sus trámites son complejos e infructuosos, de tal forma la figura investigada por la SuperFinanciera a grandes rasgos se centra en negocios constituidos conforme a lo permitido por la legislación colombiana”, afirmó.

Para el experto, de esta forma, el proceso adelantado “tendrá que surtirse en todas sus etapas, garantizando el debido proceso para el investigado, y bajo la presunción de inocencia es necesario esperar que el procedimiento agote todas sus etapas para determinar la responsabilidad del investigado”.