ECONOMÍA

DIAN halla insólitas redes ilegales en frontera con Venezuela: así es su ‘modus operandi’

Operaciones de remesas y exportaciones ficticias forman parte de los hallazgos de la entidad tributaria y la Policía Fiscal y Aduanera.

2 de junio de 2021
Desde hace seis años no pasan vehículos por los puentes internacionales, y desde hace dos no cruzan mercancías legalmente por las aduanas de San Antonio del Táchira y Ureña.
Las actividades que se vienen presentando en la frontera con Venezuela pueden constituirse en fraudes tributarios y/o operaciones transnacionales de lavado de activos. | Foto: Juan Pablo Cohen-La Opinión

Más de un billón de pesos. Este fue el monto de las operaciones realizadas por redes ilegales en la frontera colombo-venezolana y que fue detectada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

El hallazgo fue confirmado este martes por la DIAN, que en desarrollo de investigaciones cambiarias de la Dirección de Fiscalización y con el apoyo de la Polfa, encontró que grupos de personas naturales prestan servicios de remesas y transferencias ‘non sanctas’.

Principalmente, porque no cuentan con el debido cumplimiento del régimen cambiario colombiano y le hacen conejo al pago de impuestos, eso sin contar con la afectación de miles de colombianos y venezolanos.

“Estas redes ingresan y sacan dinero de Colombia, a través de la oferta de servicios de remesas de fondos y trasferencias monetarias no autorizadas, encontrando su nicho de negocio en la necesidad de los inmigrantes venezolanos de enviar dinero a sus familias”, explicó la DIAN.

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La DIAN avanza en las investigaciones de estos casos, en conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Y agregó que detrás de estas actividades ilícitas habría un incremento desmesurado de ingreso ilegal de dinero al país, posiblemente por lavado de activos, los cuales llegarían a manos de personas o estructuras económicas ilegales que se asientan en la zona de frontera de Norte de Santander.

Además, por los dividendos que obtienen, fungen como inversores o promotores de otras actividades económicas ilegales, afectando de esta forma el orden económico y social colombiano.

Estas investigaciones administrativas cambiarias han sido adelantadas a través de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, con el apoyo de la Subdirección de Fiscalización Cambiaria, que han ejercido presión y control a dichas modalidades de negocio ilegal, las cuales transgreden los mandatos en materia cambiaria.

Las redes ilícitas ingresan y sacan dinero de Colombia, a través de la oferta de servicios de remesas de fondos y trasferencias monetarias no autorizadas.

Exportaciones ficticias

Aunque no ha sido lo único detectado en la región nororiental de Colombia. Adicionalmente, en la zona de frontera, la DIAN ha descubierto empresas creadas únicamente para simular, como legales, actividades de comercio exterior.

En plata blanca, estas compañías de papel ingresan divisas al territorio nacional mediante operaciones de cambio de obligatoria canalización. Se basan en una figura que tiene la legislación colombiana, que se denomina anticipos para futuras exportaciones. No obstante, en este caso no existe una actividad comercial que las avale.

De acuerdo con las autoridades tributarias y aduaneras, se estima que el valor de estas operaciones ilegales superaron los 38.000 millones de pesos, “debido también a que las mismas no cuentan con causas jurídicas que justifiquen la razón de no hacer la operación de comercio exterior, o que no se realice la devolución de las divisas recibidas en la forma establecida por la normatividad cambiaria.

Lo anterior le permitió a la Dirección de Impuestos y Aduanas concluir que estas no tienen otra realidad económica más allá de un posible ingreso de divisas por lavado de activos.

Ante esta realidad, tanto la DIAN como la Polfa aseguraron que continuarán fortaleciendo sus acciones y programas de control cambiario, de tal modo que les permitan proteger el orden económico y social del país, además de hacer presencia institucional en la coyuntura de pandemia.

Con estas, buscan desestimular dichas actividades ilícitas que, además de transgredir la norma cambiaria, pueden constituirse en fraudes tributarios y/u operaciones transnacionales de lavado de activos.