¿El Congreso le aprobará la nueva reforma tributaria a Duque?

El Gobierno les envió un mensaje claro al país y al mundo esta semana con la reforma tributaria que radicó en el Congreso: Colombia tiene toda la intención de recuperar su economía sin que esto implique agravar la situación de los hogares. De paso, lanzó un ambicioso plan de austeridad y de lucha contra la evasión de impuestos para ponerles un tatequieto a los incumplidos.

El proyecto presentado por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, representa un giro de 180 grados frente al propuesto por el exministro Alberto Carrasquilla. Y no es para menos. El texto anterior fue el florero de Llorente que desató un paro nacional y bloqueos que pusieron freno a la reactivación del país.

Para todos era claro que las marchas y el vandalismo afectaron la actividad productiva; pero el Dane lo confirmó esta semana: la economía creció 13,6 % en mayo, pero si se compara con abril, tuvo una caída de más del 5 %. Esto revela el duro golpe de los bloqueos. También que la decisión del Gobierno de cambiar la reforma fue acertada.

El nuevo proyecto incluye tres grandes ejes: pago de mayores impuestos por parte de las empresas, austeridad y controles más efectivos contra la evasión. Claro está, también trae consigo otras novedades como la confirmación de los tres días sin IVA al año, cambios en la Regla Fiscal y la continuidad de algunos beneficios para el sector turístico.

Como se ve, lo grueso ya está consensuado y el Ejecutivo se la juega para que la tributaria quede lista en agosto, lo que implicará que su contenido difícilmente será ajustado. Pero, como siempre, la última palabra la tendrá el Congreso, y es claro que ningún proyecto de ley sale igual a como se presentó. Menos en época preelectoral.

Ambiente en el Congreso

María del Rosario Guerra, senadora y presidenta de la Comisión Tercera, asegura que la meta que tienen desde el Centro Democrático es que en la última semana de agosto o la primera de septiembre, el proyecto sea aprobado en plenarias. Sobre todo porque lo deseable es que esta discusión no se cruce con la del Presupuesto General de la Nación de 2022.

Destaca que el proyecto será fundamental para aliviar el bolsillo de los más vulnerables, asegurar el empleo por medio del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), reactivar la economía y, por supuesto, darle un respiro al difícil panorama de las finanzas públicas.

Eso sí, esto no quiere decir que el articulado oficial sea aprobado sin cambios. De hecho, la senadora adelantó que si bien es claro que no se debe tocar el IVA ni se deben gravar a las familias medias y vulnerables, desde su partido propondrán incluir varios impuestos adicionales. Por ejemplo, pedirán aumentar la sobretasa de renta al sector financiero y crear un impuesto solidario los salarios altos, tanto del sector público como privado.

Si en el oficialismo ya tienen claro lo que propondrán, en la oposición no se han quedado quietos. De acuerdo con el senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, el proyecto radicado es tímido y no responde a las necesidades actuales del país. Sobre todo teniendo en cuenta que su recaudo es menor en casi $ 10 billones frente al anterior.

Marulanda explica que el esfuerzo fiscal debe ser mucho mayor y que lo ideal es que se consiga un recaudo superior a los $ 20 billones, máxime cuando el país atraviesa por una profunda crisis social que debe ser atendida con más contundencia.

El congresista reconoce que la reforma va en el “camino correcto”, en la medida en que no afecta a las clases medias ni bajas. Pero considera que los $ 15 billones que quiere conseguir el Gobierno serán insuficientes para garantizar una renta básica o reactivar la economía. Y su partido no comulga con dejar por fuera otros tributos, como el de patrimonio.

De ahí que propondrán una ponencia alternativa, en la que se incluyan impuestos a la riqueza para personas naturales y las herencias. También pedirán el desmonte total de los beneficios tributarios de la reforma de 2019, así como una sobretasa al sector financiero del 5 % y no del 3 % como plantea al Gobierno. Y, finalmente, que se graven los dividendos de las personas jurídicas y se les dé una moratoria a los contribuyentes atrasados para que se pongan al día en sus obligaciones con la Dian.

Las propuestas entre partidos, aunque coinciden en algunos puntos, difieren en su mayoría. No obstante, uno de los puntos que mayor acogida tendría sería que los mayores impuestos a empresas se cobren de manera progresiva. Es decir, de acuerdo con el tamaño de las mismas.

Poner a un empresario a pagar más renta independiente de si es micro, pequeño, mediano o grande atenta contra la progresividad. Desde el Gobierno han asegurado que para mitigar esto ya existe el régimen simple. Pero es casi seguro que el Legislativo retomará este debate.

Creer que la reforma tributaria será aprobada tal como se presentó es ingenuo. Eso no sucedió ni siquiera cuando Carrasquilla presentó en 2019 la misma Ley de Financiamiento que le aprobó el Congreso en 2018, pero le tumbó la Corte. Ni pasará en esta ocasión, cuando el ministro Restrepo espera que la aprobación se dé en menos de dos meses.

Bajo esta perspectiva, si bien el Gobierno ya cuenta con apoyos importantes en el Legislativo y seguramente el Proyecto de Inversión Social será aprobado sin mayores inconvenientes, es claro que este no está blindado y seguramente sufrirá algunos cambios.

El futuro de la economía está en manos de los congresistas. De lo que incluyan en el texto y aprueben dependerá que las finanzas se estabilicen y el país vuelva a salir adelante. Su compromiso debe estar en el presente con esta reforma y no solo en las elecciones de 2022.

Novedades de la reforma

La reforma incluye puntos polémicos y novedosos. Estos son algunos:

• Ingreso Solidario en dos fases. La primera irá hasta junio de 2022 y funcionará tal como hoy, pero desde julio se entregará con base en el Sisbén IV.
• Registro Único de Beneficiarios (RUB). Buscará identificar a las personas naturales que finalmente reciben recursos de las transacciones en el país.
• Factura del impuesto de renta. Como si fuera un servicio público, los contribuyentes comenzarían a recibir la factura de lo que deben pagar por renta.
• Subsidio a nóminas. El apoyo del Gobierno a las empresas para mantener a trabajadores se limitará a firmas que hubieran tenido 50 empleados o menos a marzo de 2021.