¿Es realista la propuesta del exfiscal Martínez de recaudar $ 15 billones con bienes de la mafia?

A pocas semanas de que se conozcan detalles de la nueva reforma tributaria que tramitará el gobierno de Iván Duque en el Congreso, han llegado propuestas desde diversos sectores para hacerle el quite a esta iniciativa y buscar los recursos necesarios por otros lados.

Hasta ahora se han escuchado ideas de todo tipo: desde una mayor emisión de dinero por parte del Banco de la República hasta la disminución de sueldos de altos funcionarios o eliminación de algunas consejerías.

El caso más reciente se presentó este fin de semana por parte del ex fiscal general, Néstor Humberto Martínez. En su columna de El Tiempo, planteó que una salida para no tener que tramitar la reforma fiscal está en la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“El Gobierno tiene otra gallina con huevos de oro: los bienes que en estos años se le han confiscado al crimen y que la SAE mantuvo por años escondidos bajo sus alas, sin beneficio efectivo para el Estado. Gracias a la Ley 1849 de 2017, esos activos incautados pueden ser enajenados tempranamente. No hay pretexto para seguir en las mismas de antes, nombrando depositarios. Con decisión política pueden venderse y recaudar, cuando menos, otros 15 billones”, escribió.

No obstante, expertos del sector han mostrado preocupación por lo dicho por Martínez, sobre todo porque en su paso por la Fiscalía debió enfrentarse a este tipo de procesos. En teoría, el exfuncionario tiene razón porque existe una ley que agiliza la venta de activos de la mafia, y porque con el valor en libros que tienen esos bienes, se podría recaudar la cifra mencionada.

Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Concretar esta venta de bienes no se logra de la noche a la mañana. El proceso es más largo de lo que parece y comienza justamente con el ente investigador, cuando se hacen las incautaciones.

En ese momento, según la ley colombiana, se inician de forma paralela dos procesos: uno de extinción de dominio y otro de tipo penal para los involucrados en los casos. En este punto entra la Sociedad de Activos Especiales que recibe los bienes y los administra, mientras llega el momento de su venta.

El problema es que, como se sabe, algunos procesos de este tipo pueden durar varias décadas, con lo cual los potenciales recursos que podría obtener el gobierno empezarían a recibirse varios años después de que hayan sido tomados por las autoridades. La ley es clara: el Estado no puede disponer de los bienes hasta que no haya una extinción de dominio en firme, lo cual se da cuando un juez así lo determina.

Martínez asegura que para evitar toda esta tramitomanía, se creó en la Ley 1849, con la cual se puede comenzar un proceso para la venta temprana de casas, apartamentos, fincas, terrenos y demás bienes incautados a la mafia.

En este punto, el exfiscal tiene parcialmente la razón, según algunos conocedores del sector. Si bien esto es posible y el Estado puede vender los activos antes de que quede en firme la extinción de dominio, la ley solo permite hacerlo en unos casos puntuales.

Estas son algunas de las causales que permiten tramitar esa ‘enajenación exprés’:

• Cuando Representen un peligro para el medio ambiente.
• Amenacen ruina, pérdida o deterioro.
• Su administración o custodia ocasionen, de acuerdo con un análisis de costo-beneficio, perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración.
• Los que sean materia de expropiación por utilidad pública o servidumbre.
• Aquellos bienes cuya ubicación geográfica o condiciones de seguridad implique la imposibilidad de su administración.

Como se ve, se trata de bienes que tienen condiciones muy puntuales o están en ‘zonas rojas’, con lo cual esta modalidad no se podría aplicar a la mayoría de activos. En todo caso, la cosa no termina allí.

Los activos que sí pueden enajenarse tempranamente deben pasar por un proceso de evaluación, en comité tripartito, que está conformado por representantes de la Presidencia y de los ministerios de Justicia y Hacienda. Ellos deben darle su visto bueno, momento en el cual pueden salir a la venta.

Eso sí, esta medida también tiene sus bemoles. La lógica es que los bienes incautados se vendan antes de que termine el proceso de extinción de dominio, con lo cual, si una persona es encontrada inocente, debe comenzar un proceso para que se le devuelvan los bienes o los dineros, si es que ya se concretó el negocio.

Se trata de procesos complejos, con muchas aristas y detalles, que deben seguirse al pie de la letra y con el pleno cumplimiento de la ley, so pena de que el Estado sea demandado y pierda los litigios fácilmente.

Desde la SAE vienen realizando programas para agilizar las ventas. De hecho, en este momento está abierta la venta masiva de bienes, que se concretó luego de firmado un convenio con la embajada de Estados Unidos.

Andrés Avila, presidente de la entidad, le dijo a SEMANA hace unos días que decidieron enfocarse “en trabajar para que esa venta se concrete en el primer semestre de 2021, y con una buena noticia: tenemos más bienes saneados, así que el portafolio puede ascender a más de 1,4 billones de pesos. Pero hay que recalcar que ese retraso no impidió que (el año pasado) vendiéramos bienes individualmente”.

Si bien el Gobierno está escuchando todas las propuestas para identificar nuevas fuentes que le permitan aliviar las presiones fiscales, lo cierto es que estas tendrán que ser revisadas y estudiadas con detenimiento.

Todo indica que tramitar la nueva reforma tributaria es indispensable para enfrentar el difícil momento por el que atraviesa la economía. Pero todas las alternativas que impliquen generar nuevos recursos al Estado, sin duda, entrarán para el estudio del Ministerio de Hacienda.