Esta semana, el Gobierno definiría cómo será la suspensión de exportaciones de carbón a Israel. Alerta en organismos de control

El presidente Gustavo Petro ha sido uno de los mayores críticos de las acciones de Israel en Gaza, en medio del conflicto con Hamás. Y el discurso lo llevó a temas comerciales. SEMANA anticipó que el mandatario había dado la orden de suspender las exportaciones de carbón que se produce en Colombia a Israel, hecho que confirmó él mismo y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), con el borrador del decreto de la medida.

Según esta cartera, la disposición pretende contribuir a garantizar la protección de los derechos humanos, en cumplimiento de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, advierte que la restricción de exportaciones de carbón a Israel “es una medida idónea para alcanzar el objetivo de contribuir a la protección de los derechos humanos y garantizar la provisión de asistencia humanitaria en Gaza”.

La decisión ha sido criticada por los carboneros del país, a través de Fenalcarbón. Su presidente, Carlos Cante, señaló que, en medio de la incertidumbre por el suministro de carbón térmico, Israel probablemente buscará rápido otro proveedor.

Según los cálculos de este gremio, entre 2019 y 2023 se han exportado desde Colombia a ese país 19,7 millones de toneladas de carbón que suman 2.356 millones de dólares. Para Cante, será el Consejo de Estado quien revise la legalidad de este decreto a partir de las demandas que seguramente se van a presentar.

Tras superar la etapa de comentarios, se espera que en los próximos días se conozca la versión definitiva del decreto. Fenalcarbón, en los comentarios, dijo que se trata de una medida inconveniente para Colombia por el impacto negativo en los ingresos para la Nación y los territorios. “Violentando la libertad empresarial de un sector económico en particular, y la confianza legítima de los inversionistas”.

Fenalcarbón en su pronunciamiento ante el Mincit, advierte: “En un momento en el que Colombia afronta dificultades para el financiamiento de los programas de Gobierno, se castigará el flujo de recursos tan importantes como las regalías que llegan a los territorios, y que se verán reducidas por la disminución de los volúmenes de producción en casi un 6 por ciento, que es lo que representa el número de toneladas que se exportan a Israel respecto de la producción nacional. Por tanto, esta medida que propone el Gobierno afecta al pueblo colombiano y NO (mayúsculas en el original) es proporcional, como se argumenta en la motivación del decreto”.

Además, este gremio explica que la decisión del Gobierno es “desbordada” por las implicaciones que esta medida puede tener en otros sectores, como el de seguridad, que pueden afectar el orden público en Colombia. Y asegura que es una medida que resulta “deficiente” en la motivación del borrador del decreto y podría agudizar un conflicto que involucra a un país con el que se tiene una estrecha dependencia, en especial en materia de seguridad.

Fenalcarbón advierte que la ley por la que se fijan normas para modificar los aranceles, las tarifas y otras disposiciones al régimen de aduanas “NO (mayúsculas en el original) contempla una medida como la que se quiere adoptar, menos con argumentos tendientes a la protección de la “moralidad pública” como se plantea en el borrador del decreto, por el contrario, con su materialización se desconocen principios contenidos en la citada norma, como el de la progresividad”.

También la Asociación Colombiana de Minería (ACM), se pronunció. “Con esta decisión se estarían incumpliendo compromisos internacionales adquiridos por Colombia, que deben ser respetados, y se pone en riesgo la confianza en los mercados y la inversión extranjera”. Calculó que las exportaciones de carbón térmico de Colombia a Israel representan, en impuestos, regalías y contribuciones, 650.000 millones de pesos cada año.

“Se debe tener en cuenta que Colombia y el Estado de Israel suscribieron un Tratado de Libre Comercio en 2014, revisado por la Corte Constitucional, el cual se encuentra vigente desde 2020. En éste se prevé que no pueden adoptarse o mantenerse prohibiciones o restricciones a la importación o exportación de mercancías provenientes del otro país. Excepcionalmente, se permiten restricciones temporales únicamente sobre bienes esenciales, bajo circunstancias críticas y específicas que deben estar suficientemente comprobadas, por ejemplo, una escasez aguda de alimentos. De no ser así, se estarían incumpliendo los compromisos pactados, y tendría que denunciarse el Acuerdo. Además, podrían verse afectados otros Acuerdos Internacionales que cobijan las condiciones de comercialización de las empresas exportadoras de carbón.”, señala la ACM.

Los organismos de control también se han pronunciado. Para la Contraloría, el proyecto de decreto causa inseguridad jurídica y un desincentivo a la inversión extranjera, “ya que las hullas y briquetas (carbón) que se exportan a Israel son explotadas por empresas con capital extranjero”. Además, califica de “inquietante” el mensaje del gobierno nacional, porque “podría desincentivar la inversión extranjera y dar a entender que la Nación no cuenta con la estabilidad jurídica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como vendedores de materias primas, no solo dentro del sector minero”, agregó la Contraloría, al tiempo que se estaría restringiendo la autonomía empresarial.

Por su parte, para la Procuraduría en el proyecto de decreto no está suficientemente acreditada y justificada la idoneidad de la medida adoptada, pues “no se considera proporcional ni razonable”.

El Ministerio Público señaló que se deberían evaluar cuáles son los riesgos de un eventual incumplimiento del tratado de libre comercio entre los dos países, y dijo que la disposición afecta a la libre industria y al comercio y pone en riesgo los derechos fundamentales a la iniciativa privada y a la libertad de empresa.

“Esta Procuraduría echa de menos en la justificación del proyecto de decreto un análisis técnico sobre la forma como se asumirá el costo de lo que dejará de percibir el Estado colombiano por regalías generadas por la exportación del carbón a Israel mientras dure el conflicto en la franja de Gaza”, dice en la comunicación dirigida al ministro Luis Carlos Reyes.

Además, en sus argumentos, la Procuraduría señala que en Colombia el Estado tiene facultad para intervenir en la economía, pero dicha intervención solo está supeditada o condicionada a la garantía de un bien común supremo, “por cuanto se constituye en un límite al ejercicio de la actividad económica de iniciativa privada, como lo señala el artículo 333 de la Constitución Política”, manifiesta.

También señala que en el proyecto de decreto se establece que la medida es necesaria e idónea porque no existe una disposición diferente para lograr su objetivo, “sin embargo, dice el Ministerio Público, esta premisa no se sustenta argumentativamente, ya que no hay una demostración técnica que lleve a determinar que si no se exporta carbón a Israel por parte del estado colombiano, procederán a cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que no existe otra alternativa distinta que permita que se cumpla esta finalidad”.

Y hace una seria advertencia sobre “la posible configuración de un riesgo de daño antijurídico por adolecer el acto administrativo que se pretende expedir de posible ausencia o falsa motivación, cargo que de acuerdo al artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) constituye causal de nulidad de los actos administrativos”.

De otro lado, ante otros frentes, el pronunciamiento de la Procuraduría es concluyente: “La prohibición de exportación de carbón al estado de Israel mientras dure el conflicto en la franja de Gaza no es una medida que garantice o contribuya a la seguridad nacional, a la soberanía alimentaria o a la protección de la industria y mercado en el territorio colombiano”, puntualizó.