Esto es lo que debe hacer Colombia para reducir el costo fiscal de su política de combustibles

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) fue creado en el 2007 con el propósito de mitigar en el mercado interno el impacto de las altas fluctuaciones de los precios de la gasolina corriente y de diésel en los mercados internacionales y así no afectar el bolsillo de los colombianos.

Esta mitigación llevó a que, en el segundo semestre de 2021, el déficit del FEPC fuera de $7,8 billones, mientras que en los primeros tres meses el déficit fue de $6,3 billones, para un déficit total actual de $14,1 billones.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que, con un escenario en el que se aplicara siempre la formula actual del ingreso al producto desde mayo de 2022 y sin pagos del Gobierno, el déficit podría alcanzar los $33,7 billones al cierre del 2022.

Sin embargo, en días pasado el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que antes del 7 de agosto se buscará pagar la mayor cantidad posible del déficit del FEPC, especialmente el ya proyectado, es decir, los $7,8 billones del saldo del segundo semestre de 2021 y el del primer trimestre de 2022, que se estima en $6,2 billones.

Para el CARF, esta medida para contener el tamaño del déficit del FEPC va en la dirección correcta, sin embargo, consideran indispensable que se realicen ajustes encaminados a detener o modular la acumulación de déficits adicionales originados en el diferencial de precios.

Por ello, hizo varias recomendaciones que se deberían concretar en el corto plazo, y que se analicen e implementen medidas estructurales que permitan reducir el costo fiscal de la política de combustibles, mientras se protege a los consumidores y grupos vulnerables de la volatilidad de los precios.

¿Qué se debe hacer en el corto plazo?

Según explicó Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia y del Carf, es necesario contener la acumulación del déficit del FEPC. Esto se lograría a través de una transición en la que se ajuste diaria, semanal o mensualmente el ingreso al productor, para reducir su diferencia frente al precio de paridad (internacional).

Esta transición se mantendría hasta que el ingreso al productor se acerque al precio internacional o hasta que el Gobierno modifique de manera estructural la política sobre combustibles.

En el diseño de la transición se deben tener en cuenta los efectos inflacionarios, ya que un ejercicio preliminar indica que un aumento de 1 % en los precios de los combustibles se traduciría en un aumento de ocho puntos básicos en la inflación total.

El Carf también recomendó permitir que la ciudadanía tenga mayor acceso a la información sobre la política de combustibles y con más periodicidad. En ese camino, cada mes se debería hacer público el saldo estimado del FEPC para que los colombianos conozcan la dimensión de este programa de estabilización del precio de los combustibles.

“Los colombianos deben estar conscientes de en qué nos estamos gastando la plata y si se gasta en subsidios de la gasolina. También tiene que estar claro para toda la sociedad de qué magnitud estamos hablando”, aseguró Juan Pablo Córdoba.

Además, al igual que otros fondos similares, el FEPC debería tener reportes contables independientes en el sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (Chip), informando la totalidad del saldo que se haya causado trimestralmente.

Así mismo, el Carf recomendó que el déficit generado en el FEPC se programe y cancele como máximo en la vigencia siguiente. Esto implicaría que en la elaboración del Presupuesto General de la Nación se programe anualmente lo que se estime deberá ser pagado por el Gobierno nacional para saldar cualquier pasivo del FEPC con los productores e importadores.

También se necesitan soluciones estructurales

Para contar con una política de combustibles sostenible, el Carf considera necesario dar un debate público sobre la pertinencia de una política de estabilización del precio de combustibles fósiles, ya que el Gobierno se ha comprometido a reducir las emisiones de Colombia y el mundo se ha volcado hacia el desarrollo de economías verdes y sostenibles.

“Hay que preguntarse si tiene sentido subsidiar el consumo de combustibles fósiles, cuando se está diciendo que se debe sustituir el uso de estos combustibles. No estamos dando la señal de precios adecuadas para que la gente tome decisiones de cambiar de fuente de energía”, aseguró Juan Pablo Córdoba.

También destacó que es importante definir a qué tipo de combustibles debería aplicar la política de subsidios, ya que actualmente se subsidia el Acpm y la gasolina corriente. “El 70 % del subsidio para la gasolina corriente beneficia realmente a los estratos siete, ocho, nueve y diez”, agregó.

Además, se debe revisar en qué momentos y para qué poblaciones sería necesaria una política de esta naturaleza, para lo cual se debe revisar si los beneficiarios de esta política son efectivamente para los que más la necesitan. Por ejemplo, definir si aplica para momentos de alta volatilidad, y para el transporte público y/o para consumidores de bajos ingresos.

El Carf también identificó oportunidades de mejora en la fórmula para la fijación del ingreso al productor como herramienta de suavización de precios. Por lo tanto, cualquier fórmula debe ser de aplicación obligatoria y se debe agilizar la reglamentación del procedimiento de fijación de precios asignado a la Creg mediante el Plan Nacional de Desarrollo.

El mecanismo de estabilización de precios debe aplicarse de manera consistente y simétrica, tanto en los periodos de aumento como de reducción de precios internacionales. También se puede revisar la estructura de precios tanto en lo correspondiente a impuestos como a márgenes de distribución.