Esto es lo que opinan los economistas sobre la acusación del presidente Petro, que los tacha de ‘malos’ e ideologizados

La economía es una profesión común entre quienes ejercen la jefatura del Estado en Colombia. Ejemplos recientes de ello son César Gaviria, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Es más, los dos primeros fueron ministros de Hacienda antes de ocupar la Casa de Nariño.

Su profesión, en teoría, los haría más propensos a realizar proyecciones como lo hacen sus colegas. Por eso, esta semana llamó la atención la dura crítica del presidente Petro a los economistas del país, quienes, con base en las propuestas de reformas del Gobierno, efectuaron estimaciones sobre sus posibles costos en términos de gasto público o de empleos.

Si bien los debates técnicos son comunes cada vez que se presenta una reforma –es el caso del actual proyecto pensional, en el que unos expertos aseguran que sus costos se deben proyectar hasta 2050 y otros dicen que hasta 2100–, –, lo llamativo es la negación de las preocupaciones expresadas por los economistas críticos, no con argumentos, sino con la afirmación de que son “malos” y que se basan en “ideologías”.

La molestia del presidente Petro, particularmente, se dirige a las estimaciones del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República sobre los miles de puestos de trabajo que se podrían perder con la reforma laboral; asimismo, con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el cual calculó los costos de las reformas a la salud y pensional. Las preocupaciones de estas entidades coinciden con las de gremios como Fenalco o Asofondos, al igual que con centros de pensamiento como Fedesarrollo y Anif.

En el caso de la reforma laboral, se estima la pérdida de 450.000 empleos en el escenario más probable y 750.000 en el peor caso. Petro asegura que el problema está en hablar de un mercado laboral, que según él “no existe”, pero es un concepto muy utilizado por sus colegas, pues se refiere al punto de encuentro entre empresas que requieren mano de obra y personas que ofrecen su capacidad de trabajo.

En varias ocasiones, Petro ha negado la existencia del mercado laboral a tal punto que Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, de la cual se graduó el mandatario, ha publicado varios trinos en Twitter diciendo lo contrario: “El mercado laboral sí existe. No reconocerlo sería pasar por alto años de análisis y producción académica de economistas de diferentes corrientes”. Y agregó que “pensar que un modelo matemático es representación de una corriente de pensamiento económico que involucra ideología de poder es, cuando menos, una afirmación extremadamente limitada. Bienvenidos debates frente a resultados de diversos modelos empleados, pero no invalidemos de plano”.

Una clara defensa

Una de las particularidades del estudio del Gamla es que fue defendido por Leonardo Villar, gerente del Emisor, algo poco habitual. Frecuentemente, los investigadores del Banco producen estudios controversiales y, por lo general, la entidad informa que esa no es su posición, sino la de los economistas. De hecho, en octubre de 2017 se conoció uno que proponía un salario mínimo diferencial por regiones para disminuir la informalidad y la inequidad. El tema causó revuelo, pues coincidió con las negociaciones del salario mínimo. El Banco, como era usual, aclaró que esa no era su posición oficial y de ahí en adelante se estableció la necesidad de informar a la junta antes de publicar cualquier investigación y de tener periodos de silencio, tal como los tiene la junta del Emisor antes de sus reuniones.

Esta vez, Villar defendió el estudio de sus investigadores ante la Comisión Tercera de la Cámara, que lo había citado, justamente, para que hablara de los impactos de las reformas. Aclaró que, aun cuando es una investigación con limitaciones por no contar con todas las fuentes de información, se basa en un análisis contable para tratar de determinar el aumento de los costos salariales que conllevaría la reforma. Agregó que el estudio del Gamla no evalúa los beneficios que puede generar la reforma, sobre los que no caben dudas, pues para los empleados incluye mayor remuneración y estabilidad por las dificultades para ser expulsados de su trabajo. “Sin embargo, esto también implica costos y lo que busca el estudio es estimar los pagos adicionales en que incurrirían las empresas”.

Villar explicó que, usando una aproximación limitada y sujeta a supuestos, los costos laborales subirían en 6,73 por ciento por la reforma. Si se considera el mayor costo de las indemnizaciones por despido sin justa causa, ese costo subiría un 1,59 por ciento adicional.

El gerente del Emisor aclaró que el impacto de los despidos es difícil de cuantificar, pues hoy no se sabe con certeza cuántas personas salen con justa o sin justa causa. “No obstante, ese no sería el mayor costo, sino el del riesgo que implica no contratar nuevos trabajadores formales ante las dificultades para despedirlos. Los empresarios lo pensarían dos veces antes de emplear a alguien nuevo”.

Otra mirada

Stefano Farné, director del Observatorio laboral de la Universidad Externado, dice que la teoría convencional que se enseña a los economistas sí habla de la existencia de un mercado laboral, pero que esta es una profesión en la que hay distintas líneas de pensamiento, ligadas en algunos casos a visiones ideológicas. Por ejemplo, la que dice que las empresas están para maximizar ganancias y otras que afirman que su función debe ser maximizar el empleo.

Considera etéreo calcular en cuánto subirían los costos para las empresas con la reforma, pues tiene muchas propuestas difíciles de cuantificar. Pero no comparte los argumentos de los ministros del Trabajo y de Hacienda, quienes aseguran que las pasadas reformas laborales no ayudaron a mejorar el empleo y, por tanto, la actual tampoco debería tener ese fin. Según Farné, las reformas que redujeron los costos laborales no necesariamente se sintieron en más empleo, pero sí en una mejora de salarios, pues el empresario, al tener menos costos, puede compartir ese ahorro con sus trabajadores. Caso contrario cuando suben los costos, ya que no les pueden bajar el salario a los empleados y, entonces, contratan menos.

Farné cree que la reforma laboral incrementará de forma sustancial los costos laborales, pues, además, coincidirá con un momento de desaceleración de la economía, lo que provocaría un impacto mayor.

Otro de los frentes de ataque del presidente Petro fue el Carf, entidad puramente técnica cuya misión es propender por la sostenibilidad de las finanzas públicas por medio de conceptos no vinculantes. Este grupo cuenta con una dirección técnica, que dirige Andrés Mauricio Velasco, exviceministro de Hacienda, y un comité de expertos, que funcionan como la junta del Banco de la República, por periodos de cuatro años.

Integran ese grupo Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa; María Fernanda Suárez, exministra de Minas; Sylvia Escovar, presidenta del Grupo Keralty, y el economista Fernando Jaramillo Mejía. La quinta era Olga Lucía Acosta, quien pasó a la junta del Emisor, así que esa vacante aún no ha sido llenada por el Gobierno, y a dos de los miembros actuales se les vence su periodo a finales de este año. Esta es una institución que busca mantener la política de pesos y contrapesos.

Pese a esas posibilidades de cambio, el presidente, inconforme con las recomendaciones del Carf, se quejó porque sus miembros son “empleados de Duque” y aseguró que le mienten al país, desconociendo su labor técnica. El decano de Economía del Externado salió en defensa del Carf en Twitter, pues señaló que es una institución fundamental para la estabilidad macroeconómica de Colombia, y sus miembros “son independientes del gobierno de turno y no alfiles de un presidente”.

Como lo afirma el decano, es clave respetar la institucionalidad, máxime en momentos en los que se busca transformar al país.