Evaluar si gobernantes locales permitieron que se violaran tantos derechos: la petición de la ANDI a la CIDH

Un duro pronunciamiento hizo el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, durante la audiencia que tuvo el jueves con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvo de visita en Colombia. El dirigente gremial defendió con vehemencia el derecho a la protesta que existe en el país, pero se fue lanza en ristre contra los gobernantes locales que “incumplieron el deber de aislar a las personas que acudían a la violencia o abusaban abiertamente del derecho a la protesta”.

Según el dirigente gremial, pese a que las autoridades locales son las responsables de preservar el orden público en sus territorios, permitieron que la protesta violenta impusiera “a todas las demás personas cargas irrazonables que afectaron la vida, la salud, el derecho al trabajo e incluso impidieron a los manifestantes ejercer su derecho”.

Esta omisión, asegura, “se convirtió en patente de corso para que por ejemplo particulares, incluso armados, intentaran suplantar a las autoridades y ejercer controles a la libre circulación que afectaron derechos básicos de decenas de miles de personas, a las que se les ha exigido el pago se sumas de dinero para transitar o movilizarse”.

Ante la CIDH, el representante de los empresarios aseguró que ahora les corresponde a las autoridades estatales actuar para proteger esos derechos violados. “La omisión de agentes del Estado podría derivar una responsabilidad internacional de este, por lo que llamamos a la Comisión a evaluar la conducta especialmente de gobernantes locales, como responsables del orden público, o de otras autoridades que omitieron el cumplimiento de sus deberes y permitieron que se pusiera en riesgo al abastecimiento de bienes básicos como alimentos, combustible o insumos médicos en el contexto de una pandemia universal, así como la defensa del patrimonio y los bienes privados y públicos”.

Tras señalar que el país ha vivido los días más tristes por la pérdida de vidas y la aparición de formas inéditas de violencia, como el vandalismo y la destrucción de bienes públicos y privados, el dirigente gremial insistió en que las autoridades estatales tendrán que hacer las respectivas investigaciones y actuar para proteger los derechos violados a todos los ciudadanos.

Para el dirigente gremial, quizás uno de los mayores retos los ha enfrentado el país en estos días es que mientras todos claman por la protección de los derechos humanos, la defensa de la protesta y el respeto, “se han vulnerado muchos derechos fundamentales en acciones que han pretendido camuflarse dentro de la protesta”.

Las protestas violentas, los actos de vandalismo y los bloqueos ilegales de vías que han puesto en peligro la vida y la alimentación de millones de colombianos se han presentado en el marco del paro nacional convocado desde el 28 de abril por las principales centrales obreras del país y algunas organizaciones estudiantiles y sociales.

Transcurridos más de 45 días de paro, los destrozos causados le han pasado una costosa factura al país: según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, tienen un costo aproximado de 11 billones de pesos.

Señaló que en el marco de las protestas que ha vivido el país en los últimos 45 días se han visto desde “agresiones inaceptables a manifestantes” hasta personas que, haciéndose pasar por integrantes de la protesta, actuaron “violentamente contra miembros de la Policía en hechos que debemos calificar también como inaceptables contra cualquier ser humano”. Por eso el directivo se preguntó: ¿hasta qué punto esos violentos eran en realidad manifestantes?

Y destacó que autoridades como Fiscalía, Procuraduría y Defensoría, así como algunas ONG lograron documentar los hechos de uso desproporcionado o abusivo por parte de la fuerza del Estado y al respecto dijo que “no solo lo rechazamos, sino que exigimos la pronta y eficaz actuación judicial para castigar a los responsables conforme la ley”.

Pero, además de los atentados contra la vida de personas y servidores públicos, otro tema sobre el cual expresó su preocupación Mac Master tiene que ver con la destrucción de bienes públicos como los sistemas masivos de transporte, pero también el amueblamiento urbano, viviendas, almacenes, empresas, centros de justicia o incluso los vehículos particulares.

Finalmente, el dirigente gremial conminó a que la propia Comisión, junto con las autoridades legítimas, se pronuncien y hagan las recomendaciones frente a las denuncias que muestran el “evidente abuso del derecho a la protesta o, peor aún, en claro aprovechamiento de la situación de tensión social” durante las cuales grupos al margen de la ley “cometen violaciones masivas a los derechos consagrados en la Convención Americana de miles o millones de personas”.

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