Expertos analizan al detalle la propuesta de subsidiar transporte público con cuota de recibo de la luz

En los últimos días, la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de financiar el transporte público a través de una cuota en el recibo de la luz ha generado un intenso debate en el país. Mientras algunos la ven como una medida que podría aliviar los costos de movilidad para los ciudadanos de bajos ingresos, otros la consideran inviable y cuestionan su impacto en la economía y el mercado de energía.

Expertos de diversas áreas analizaron detenidamente esta iniciativa por medio de las redes sociales, señalando aspectos críticos que plantean interrogantes sobre su viabilidad y efectos a largo plazo, así como la falta de claridad respecto a la forma en la que esto se podría implementar en dado caso de que se vuelva realidad.

Uno de los puntos destacados por José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, es la falta de claridad en la propuesta en cuanto a la equidad en la contribución. Rojas señala que la iniciativa no especifica si todos los hogares contribuirán por igual o si habrá una diferenciación según el estrato social.

Además, plantea un interrogante importante: ¿cómo se manejarán los aumentos en los costos de operación del sistema de transporte?, resaltando que los costos de operación tienden a variar con el tiempo, y es crucial determinar si la contribución en el recibo de la luz se ajustará periódicamente para reflejar estos cambios.

“La propuesta supone que los costos de operación del sistema son estables y no se tendría que subir la contribución en el tiempo. Error: Los costos de operación del sistema de transporte suben y por tanto la contribución en el recibo de la energía subirá periódicamente”, explicó Rojas.

Por su parte, Mauricio Santa María, presidente de Anif, destaca que no existe ningún servicio cuyo consumo sea “gratis”, dejando claro que el transporte público, al igual que cualquier otro, tiene costos elevados que deben ser cubiertos de alguna manera. La pregunta, según Santa María, no es si el transporte público debe ser gratuito, sino quién debe financiarlo. La propuesta de utilizar una contribución adicional en la factura de electricidad, en su opinión, podría generar un aumento significativo en el costo de la energía eléctrica para los ciudadanos, lo cual podría distorsionar el mercado de energía de manera irreparable.

Santa María también planteó la necesidad de estudiar detenidamente cómo se financiaría este subsidio y cómo se focalizaría para beneficiar a las personas de bajos ingresos sin que las de ingresos altos se vean afectadas. Además, se debe considerar cómo se distribuirían los costos entre la nación y las entidades territoriales, dado que el transporte público es competencia de estas últimas.

Otro de los que se pronunció fue el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, quien sugiere que, en caso de subsidiar el transporte público a través de la factura de la luz, se debería eliminar el subsidio de transporte que actualmente está incorporado en el salario mínimo. Sin embargo, señala que esta es una discusión compleja y que los sindicatos podrían no estar preparados para abordarla.

“Si llegare a subsidiarse el transporte habría que eliminar el subsidio de transporte que hoy está inmerso dentro del salario mínimo. Pero esa es una discusión para la cual los sindicatos no están listos”, explicó Valencia.

El debate en torno a esta propuesta también ha generado opiniones divididas en la esfera política y económica y una de ellas fue la de Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, que calificó la iniciativa como “mala” y plantea que regalar el transporte urbano es una práctica que puede llevar a distorsiones económicas graves. Además, compara esta idea con la de dar precios ficticios a otros bienes y servicios, lo que considera una estafa a los ciudadanos.

Así mismo, de forma irónica contestó al presidente Petro desde su cuenta de Twitter, diciendo que “con la tarifa del agua podíamos pagar la carne y los productos de aseo. Serían gratis para todos. Así sucesivamente”.

Por último, pero no menos importante, está Rudolf Hommes, otro exministro de Hacienda, quien aboga por un análisis más profundo y técnico de la propuesta, señalando que ya el Distrito se hace cargo del 50 % del costo del transporte público, lo que podría redundar en un subsidio innecesario. Así mismo, propone considerar fuentes alternativas de financiamiento, como un incremento en el impuesto predial, que tendría un impacto distributivo importante y podría ser más equitativo.

Más allá de los debates y las opiniones encontradas, lo que se torna fundamental en este momento es la necesidad de una mayor claridad y detalle en la propuesta del presidente Gustavo Petro. La incertidumbre generada en torno a cómo se financiará este subsidio al transporte público a través de la factura de la luz requiere respuestas concretas y un análisis técnico profundo, mientras la sociedad colombiana espera conocer más detalles sobre la implementación de esta medida y cómo impactará en los diferentes estratos sociales y en la economía en general.