Expertos hacen recomendaciones a precandidatos presidenciales y exponen los retos que tendrá el ganador

Un grupo de especialistas en temas políticos y económicos envió recientemente una carta abierta a los precandidatos que compiten por la carrera presidencial de cara al 2022, en la que se hizo un análisis sobre algunos temas del país.

La carta “se apoya en los diagnósticos y propuestas que nos han presentado durante el último año y medio unos 50 académicos y expertos en los asuntos más destacados del debate nacional de políticas públicas. Nuestro propósito central es que estos diagnósticos y propuestas sean tenidos en cuenta por los precandidatos. No pretendemos proponerles una estrategia”.

La misiva analizó seis puntos definitivos para el futuro del país.

Específicamente, muestra la preocupación de los firmantes por la situación fiscal de Colombia, pues dicen que el hecho de que el endeudamiento público supere el 64 % del PIB requiere tomar medidas al instante, de esta manera se reducen los riesgo de padecer una crisis.

Por esta razón, dicen que se dificulta el incremento de los ingresos tributarios con el actual régimen; mencionan también que las expectativas de gasto social tienen una tendencia al alza, debido a los altos niveles de desigualdad, desempleo y pobreza.

Y advirtieron que el crecimiento exponencial registrado este año, se da por un efecto rebote, por lo que no se repetirá en 2022, por lo que se volverán a tener tasas de crecimiento menores al 4 % anual, lo que no alcanza para “corregir el desequilibrio fiscal y responder a la presión social”.

Los puntos claves

El reto de la seguridad social: del que se critican los problemas de cobertura, regresividad, eficiencia y sostenibilidad, pues tanto el sistema de pensiones como el de salud, tienen una excesiva dependencia de los impuestos a la nómina.

Es por esto que piden la implementación de “un piso de ingreso para la población más vulnerable y para los mayores de 70 años que no tienen pensión”.

Respecto a la tributación, aclaran que deben subir considerablemente, pues eran “apenas 14 % del PIB antes de la pandemia, a pesar de que el gasto público a nivel nacional llegaba ya a 20 % del PIB”.

“Con las demandas sociales insatisfechas generadas por la pandemia, y la necesidad apremiante de reducir el endeudamiento, los ingresos tributarios anuales del gobierno nacional deben subir al menos 4 % del PIB en el próximo cuatrienio. El mismo documento de Fedesarrollo, que fue ampliamente debatido por nosotros, contiene propuestas detalladas muy valiosas para enfrentar este problema. Otras entidades que han hecho propuestas detalladas son el Cede de la Universidad de los Andes y Econometría”, explicaron.

Sumado a esto, se solicita la aceleración del crecimiento, a tasas más altas del 4 % anual, lo que sólo se logrará si se logra una una estructura productiva más sofisticada, con exportaciones más diversas y de mayor contenido tecnológico que puedan sustituir y superar con creces los ingresos externos que actualmente generan el carbón y los hidrocarburos.

Mencionan también las exigencias de la transición energética, pues estas medidas no pueden ser la copia de las adoptadas por otros países, según cuentan.

“Tampoco puede ser el resultado de compromisos internacionales que ignoren nuestro punto de partida y nuestras necesidades. Colombia produce energía fósil que genera ingresos externos, complementa los recursos tributarios y dinamiza la economía de las regiones productoras. El país consume poca energía per cápita y genera poca contaminación per cápita. Pero, en contraste con los países desarrollados, más de la mitad de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero provienen, no de la producción y el consumo de energía, sino de la agricultura, el sector forestal y el cambio del uso legal e ilegal del suelo”, afirman en la carta.

Sobre la deforestación, explican que destruye valor mientras que el consumo eficiente de energía induce lo contrario, y los mayores aportes a la descarbonización deben consistir en detener la deforestación y mejorar la productividad agropecuaria.

También se requiere expandir la generación de energía con fuentes renovables, electrificar el transporte urbano, mejorar la eficiencia energética del transporte nacional y fomentar la investigación en tecnología energética.

El quinto punto es la corrupción, la cual frena a la productividad y causa una enorme desigualdad y frustración.

“Hace falta un compromiso político para reformar la administración pública con el fin de erradicar la corrupción y desmontar el clientelismo. Es imperativo reformar la justicia, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y las Superintendencias; y al mismo tiempo es preciso cambiar la actitud de la sociedad frente a la corrupción”, concluyen.

Hubo una fuerte crítica en contra de la inoperancia estatal, pues resaltan que: “Hay una distancia enorme entre el Estado robusto y eficaz al que aspira la Constitución y el endeble aparato que en la práctica es incapaz de ofrecer justicia y seguridad a sus ciudadanos, y de responder a las responsabilidades que se le han asignado, especialmente en el campo y en las poblaciones pequeñas”.

Estos son los firmantes de la misiva: Luis Fernando Alarcón, Mónica Aparicio, Hernán Avendaño, Felipe Barrera, Juan Benavides, Jesús Botero, Jorge Humberto Botero, Carlos Caballero, Antonio Celia, Rosario Córdoba, María Mercedes Cuellar, Hugo Díaz, Andrés Escobar Uribe, Andrés Espinosa, Rudolf Hommes, Andrés Langebaek, Martha Lasprilla, José Leibovich, Eduardo Lora, Daniel Mejía, Francisco Mejía, Luis Fernando Mejía, Jaime Millán, Armando Montenegro, Soraya Montoya, Gustavo Moreno, Pedro Nel Ospina, Juan Ricardo Ortega, Pablo Roda, Mauricio Rodríguez, Luis Álvaro Sánchez, Eduardo Uribe, Evamaría Uribe, Cecilia María Vélez, Ricardo Villaveces, Tito Yepes y Hernando Zuleta.