Economía
Familias indígenas de La Guajira podrán ingresar a Renta Ciudadana en noviembre: esto dijo Prosperidad Social
Desde el departamento de Prosperidad Social están adelantando nuevas formas para atender a la población que inicialmente se tenía contemplada con el decreto de emergencia económica.
Este lunes 2 de octubre, la Corte Constitucional tumbó la declaratoria de la emergencia económica y social en la Guajira, que había declarado el presidente Gustavo Petro. Algunos sectores políticos la consideraban como un fuerte golpe a las políticas públicas del Gobierno nacional.
Ante esta noticia, la directora del departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, respondió que buscarán nuevas formas de ayudar a la comunidad vulnerable de ese departamento. Para esto han determinado que las familias indígenas que se habían priorizado para atender en este departamento a través de Renta Wayúu, ahora podrán ingresar en noviembre a Tránsito a Renta Ciudadana.
“Lo que hemos hablado o lo que hemos entendido todos los directivos de Prosperidad Social es encontrar el camino para que estas madres puedan entrar a los últimos ciclos de renta ciudadana y poder el otro año ya estar como tal permanente en el programa de renta ciudadana como lo ha establecido el presidente. Entonces este no será un impedimento para nosotros como gobierno de llegar de manera integral y con respuestas al departamento de La Guajira”, expresó Laura Sarabia.
La renta Wayúu había sido diseñada para atender a 30.000 familias de esta población. En medio de este proyecto, la entidad sigue recogiendo en su base de datos a las familias que aún no están inscritas. Sarabia aseguró que esta información podrá ser usada más adelante.
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“Las acciones que estamos adelantando en La Guajira para la recolección de información de las familias wayúu, desde las diferentes fuentes, fueron diseñadas e implementadas para ser utilizadas a largo plazo y no solo para la transferencia no condicionada que establece el decreto. Estas medidas nos han permitido avanzar en la construcción del modelo de focalización de población indígena para Renta Ciudadana, no solo en La Guajira, sino en todo el país”, dijo Sarabia.
Corte Constitucional permitió excepciones
La Corte Constitucional permite continuidad frente al punto crucial del acceso al agua potable para la población. Esto quiere decir que este punto no se cae, sino que sigue vigente hasta el 2 de julio de 2024. En ese momento, la Corte Constitucional entrará a revisar las medidas que se tomaron y su efectividad.
Frente a esta situación, la Corte Constitucional le pidió al Gobierno y al Congreso “adoptar las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira”, las cuales ya fueron de presentes en la sentencia T-302 de 2017.
En este sentido, el alto tribunal pidió que se cumpla con lo señalado en ese momento y se garantice de forma rápida y efectiva los derechos fundamentales de la comunidad de La Guajira. Igualmente, se deben tomar medidas dirigidas a fortalecer las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y les asignen los respectivos recursos en las circunstancias que los demanden.
“Conceder efectos diferidos a esta decisión por el término de un (1) año”, contados a partir de la expedición del decreto, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, precisa la decisión que desde ya se convierte en uno de los golpes más duros de este alto tribunal al Gobierno.
¿Por qué se cayó el decreto de La Guajira?
Diferentes magistrados presentaron opiniones diversas frente al uso de la figura de “estado de emergencia”, por la preocupación de la concentración de poderes en la Rama Ejecutiva y el hecho que hace seis años ya se había emitido una sentencia para solucionar la grave crisis en el departamento.
Los magistrados Diana Fajardo y José Fernando redactaron un nuevo documento conjunto con las posiciones que se presentaron en el arduo debate, el cual estuvo marcado por el uso de la figura de “estado de emergencia”, la preocupación por la concentración de poderes en la Rama Ejecutiva y el hecho que hace seis años ya se había emitido una sentencia para solucionar la grave crisis en el departamento.
Frente a esto, las magistradas Natalia Ángel y Cristina Pardo y Juan Carlos Cortés presentaron su salvamento de voto. Mientras que los togados Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses pusieron de presente su aclaración de voto. Mientras que el magistrado Alejandro Linares se la reservó.
