¿Fiesta con contratos de empleo público? El país está en Ley de garantías por elecciones presidenciales

Por estos días se ha escuchado hablar de relevos en cargos públicos, unos salen, otros entran, algunas entidades renuevan su nómina y se acelera la contratación pública. Todo se debe a la entrada en vigencia de la Ley de garantías, que se aplica desde el 29 de enero, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, que serán en mayo.

Desde el 11 de enero empezó el repunte. Ese día se suscribieron 10.821 contratos, según las estadísticas registradas en el Secop (II), la herramienta que se maneja en Colombia, en que está la obligatoriedad de mostrar toda la contratación que se haga.

A partir de allí los números empezaron cuesta arriba. El 12 del primer mes del año la cifra subió a 11.315 contrataos, para el 13 ya estaba el marcado diario en 12.982, mientras que el 14 se habían incrementado a 15.448.

El pico más alto se presentó el 26 de enero, con 32.846 contratos, día en el cual solo faltaban unas horas para que empezara la restricción.

Lo cierto es que las estadísticas de la Agencia Colombia Compra Eficiente, en la que se maneja el Secop II, sumaron 305.364.

Si bien la cantidad de contratos en esta oportunidad es menor a la registrada en 2018, año comparable por ser también de elecciones, en el país se sigue haciendo una fiesta con la contratación antes de empezar a regir la Ley de garantías. En 2018 se registraron 400.295 contratos en enero, pero con la misma tendencia de ahora: un incremento en el ritmo en los últimos días.

¿Qué está pasando?

El aumento de contratación previo a las elecciones ha sido una constante en Colombia. La disyuntiva está en que los administradores públicos condenan la aplicación de la Ley de garantías como un freno a las posibilidades de seguir el curso de ejecución de los recursos para que el Estado continúe funcionando. Por esa razón, en 2021 se planteó un cambio, de manera que se pudiera desblindar parte de la restricción (interadministrativamente se puede seguir contratando). Se mantuvo la restricción para realizar contratación directa entre el 29 de enero y el 29 de mayo de 2022, en caso de que el próximo presidente sea elegido en primera vuelta; o hasta el 19 de junio, si llegara a extenderse la contienda electoral a segunda vuelta.

Los críticos de la Ley de garantías, en la otra orilla, alegan que el aumento en la contratación previo a la aplicación de la norma no se debe a nada distinto que ‘pagar favores a cambio de votos’. Para ello se utiliza la oferta de puestos públicos, lo que explica el relevo que se da en esta temporada.

Y eso que las reglas de juego vigentes indican que, durante la aplicación de la Ley de garantías, no se podrán realizar o extender contratos de prestación de servicios o de apoyo a la gestión.

Entre los que piden que se desblinde la Ley de garantías en temporada previa a las elecciones y los que defienden su aplicación como un mecanismo de protección frente a la corrupción, hay un hilo delgado. El argumento neutral es que no hay razón para dejar todo lo que se requiere, en cuanto a cambios de personal o nuevas contrataciones, para el final, pues esa situación siempre dará pie a suspicacias.

Si hay o no una adecuada conducta en el aumento de las estadísticas de contratación antes de empezar a regir la Ley de garantías, tendrá que ser algo revisado por las autoridades de control al ejercicio público.