Freno a empresas de energía que afectaban el bolsillo de los usuarios

En Colombia, para que una planta de generación pueda conectarse a una línea de transmisión (que son los largos cables que se ven en las carreteras del país o en las calles de una ciudad) para llevar la energía hasta los hogares, debe pedirle permiso a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).

Con el boom de las energías renovables no convencionales que comenzó a verse en el país a partir de 2018, la Upme pasó de tener de ocho a diez solicitudes de conexión al año a procesar aproximadamente 500 solicitudes en 2021.

Sin embargo, muchas compañías que solicitaron estos permisos, con la promesa de construir una planta de generación, a la final no salían con nada, pero sí impedían que otros proyectos, más viables, pudieran entrar al sistema.

La Upme había autorizado que se conectarán al sistema 22.700 megavatios, de los cuales 3.972 megavatios son de parques eólicos y solares que ya se están construyendo en el país. Pero 600 proyectos por 18.721 megavatios, que estaban ocupando una capacidad en la red, no tenían ningún avance de construcción.

Adicionalmente, había 22.000 megavatios adicionales en proyectos que querían conectarse a la red, pero no se les permitía porque no había espacio disponible, y una sobrecarga en el sistema de transmisión significa, en algún momento, un apagón.

Los colombianos llevaban años pagando, a través de la factura, una tarifa por tener disponibles estas redes para que nuevas plantas de generación de energía pudieran entrar al sistema. Pero como lo reveló la Upme, por inversionistas que prometían proyectos que no construían, se estaba pagando por algo que no se usaba adecuadamente.

Es importante tener en cuenta que el costo del kilovatio hora que paga cada familia en el recibo de la luz nace de un cálculo que contempla seis componentes: generación (39 %), distribución (34 %), comercialización (9 %), perdidas de energía (7 %), transmisión (6 %) y restricciones (5 %). La disponibilidad de las redes se paga en la transmisión y distribución.

¿Cómo se solucionará este problema?

El director general de la Upme, Christian Jaramillo, explicó que por esta situación se estaba frenando la construcción de nuevos proyectos en Colombia, en particular los de energía renovable no convencional.

Así mismo, la Upme se estaba demorando mucho en definirles a los nuevos inversionistas si podían conectarse a la red nacional, y la espera hace que los inversionistas pierdan el interés y dinero.

Por eso, la entidad decidió ponerles un freno a las compañías que hacían un mal uso de la red estableciendo un nuevo proceso que pone más condiciones para asignar los puntos de conexión al sistema nacional.

“Si no raja, preste el hacha”

La primera solución apunta al bolsillo de las compañías, porque si no cumplen con la fecha de entrada en operación de los proyectos, perderán el permiso de conexión al sistema y se les ejecutará una garantía, que consiste en pagar un millón de dólares por cada 100 megavatios de capacidad.

De esta manera, se lograron evacuar en 2021 alrededor de 502 proyectos que estaban esperando una respuesta, incluso desde hace dos o tres años. De este total, se aprobaron 164 proyectos que deberán presentar la garantía, mientras que a 338 se les rechazó la solicitud porque ya no había capacidad en la red para que se conectarán.

“Esto quiere decir que los colombianos van a pagar un precio por una red de transmisión que sí se va a utilizar y de forma adecuada. Además, hay que tener en cuenta que la entrada de más plantas de generación al sistema ayuda a disminuir los precios de generación”, aseguró Christian Jaramillo. Esto se traduce en un menor costo del kilovatio hora que pagan los usuarios.

Fecha para solicitar conexiones a la red

De ahora en adelante, la Upme recibirá solicites de conexión hasta el 31 de marzo de cada año. Sin embargo, en 2022 es posible que esta fecha se corra unos dos meses mientras se terminan de hacer ajustes al nuevo proceso. Y en septiembre de cada año se darán las respuestas con el fin de evitar que se vuelvan a acumular solicitudes o que este proceso se vuelva a convertir en un cuello de botella para desarrollar nuevos proyectos en el país.

Las solicitudes que presenten las compañías serán evaluadas dependiendo de los mayores beneficios que ofrezcan para la descarbonización y disminuir los costos en la factura de los usuarios. Por lo tanto, en el proceso de evaluación tendrán prioridad los proyectos que:

• Generen energía más barata porque esto representa una menor tarifa para los colombianos.
• Solucionen problemas de restricciones, que es uno de los componentes que se paga en la factura mensual debido a que en algunas zonas del país se dificulta transportar la energía.
• Ayuden a disminuir las pérdidas de energía del sistema, pues es normal que las líneas se calienten y esto provoca que se pierda energía en su transporte.

• Ofrezcan mayor flexibilidad en la operación del sistema, porque el boom de las energías renovables no convencionales en el país también traer una mayor intermitencia.
• Generen menos gases de efecto invernadero y aporten al cumplimiento de la meta de Colombia de reducir sus emisiones en un 51 % a 2030.
• Cuenten con licencia ambiental y hayan logrado asignaciones en las subastas de Cargo por Confiabilidad y de energías renovables.