Gobierno de Gustavo Petro
Freno a tanto arbitramento en concesiones para obras de infraestructura anuncia el MinTransporte
Del aeropuerto de Cartagena, próximo a finalizar la concesión; el funcionario habló del Canal del Dique, Aerocafé. Los puntos que tocó el funcionario en la 56ª Convención bancaria.
Un tribunal de arbitramento para dirimir conflictos alrededor de las concesiones establecidas entre el sector público y un concesionario, para adelantar obras de infraestructura, cuestan millonarias sumas: entre 2.000 y 4.000 millones de pesos. En Colombia, según dijo Guillermo Reyes, el ministro de Transporte en el gobierno de Petro, se volvió habitual la predominancia del arbitraje en las concesiones, a lo que buscará ponerle freno, no solo para evitar que retrasen los avances en la construcción de obra pública, sino “para que predomine el diálogo social”.
Así lo argumentó el funcionario durante la 56ª Convención bancaria, en la que expresó: “no queremos que el arbitraje predomine en todas las concesiones. Necesitamos sentarnos a conversar”.
En su argumentación, Reyes manifestó su incredulidad sobre el caso de la malla vial del Meta, la cual, “lleva dos años paralizada, a la espera de una decisión de un tribunal de arbitramento”.
De acuerdo con lo expresado por Reyes, no seguirán en la misma tendencia que ha existido en Colombia hasta ahora, donde “toda diferencia es irreconciliable y, de inmediato, se va a tribunal de arbitramento”.
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Un decálogo amplio
En la alocución del ministro de transporte, mencionó los puntos del decálogo que llevarán en esta cartera, a la que todavía le falta nombrar varios funcionarios claves, como el que ocupará la dirección de la Aeronáutica Civil.
Reyes aseguró que seguirán adelante en la estructuración de nuevos proyectos de infraestructura, para avanzar en la agenda que busca desatrasar al país en obras necesarias, lo que le resta competitividad a las empresas y a las personas que intentan hacer negocios, pero no encuentran vías para sacar sus productos.
“La estructuración de proyectos será más ágil, lo que pasó con el aeropuerto de Cartagena no volverá a suceder”, indicó Reyes.
En la Heroica, la concesión de la terminal aérea vence el 31 de diciembre y, según contó Reyes, “hace 9 años se presentó una App (Alianza Público Privada) para ampliar el aeropuerto y se quedó ahí, durmiendo el sueño de los justos. Solo se reactivó casi al final del gobierno anterior”, manifestó.
Ahora, al decir del funcionario, “todo se hará de manera más expedita, pero sin improvisación. Estamos acostumbrados a dilatar y dilatar, y cuando eso sucede, es porque hay algo por debajo ligado a corrupción. El mandato ahora es que no admitimos corrupción”, dijo el funcionario.
Otrosí para el aeropuerto de Cartagena
La solución para el fin de la concesión del aeropuerto de Cartagena, según lo expresado por Reyes, será agregar un otrosí al contrato, porque el objetivo es “que no exista un solo momento en que deje de funcionar la terminal aérea”.
El otrosí buscaría “prorrogar la operación para el concesionario actual y en el entretanto, hay ya una IP (mecanismo público privado para contribuir al desarrollo de proyectos de infraestructura) que tenemos en Minhacienda y Planeación Nacional, de manera que, para junio, se tendría un nuevo operario que se encargaría, en los próximos 8 años, de la operación y la realización de las ampliaciones en el aeropuerto de Cartagena”, dijo el director de la ANI, Willian Camargo.
Qué viene para el Canal del Dique
El caso del Canal del Dique fue otro al cual se refirió el ministro Reyes. Este contrato estuvo a punto de ser firmado, previo a la finalización del gobierno anterior, pese a que faltaban permisos claves en temas ambientales y con un solo oferente (Sacyr).
“Es un proyecto fundamental para las comunidades”, dijo el funcionario, luego de haber recorrido varios lugares y establecido contacto con la gente. La adjudicación estaba prevista para el 12 de septiembre, pero el nuevo gobierno se tomará el tiempo necesario para hacer evaluaciones y consultas previas.
Sobre Sacyr, que ha sido cuestionado por investigaciones en obras como las del puente Hisgaura (Santander) y Puente Pumarejo (Atlántico) los funcionarios del gobierno Petro dieron un parte de tranquilidad. “Dentro de lo que se ha revisado no existen limitaciones frente a la idoneidad técnica, financiera y jurídica del único oferente que a la fecha tenemos. El contratista ha desarrollado de manera idónea los proyectos que ha contratado con la ANI. La experiencia de esta entidad con ese contratista es tranquilizadora”, dijo el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.
