Gobierno, colgado con nombramientos: en la Superindustria no hay timonel y ya no pueden volver a entregar el puesto en encargo

Después de 3 meses de haberse iniciado el gobierno de Gustavo Petro, son varias las entidades del Estado que se encuentran acéfalas, pero el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es muy particular.

Esta superintendencia, al igual que la Financiera y la de Sociedades, tienen unas normas específicas para escoger al que será el timonel, y están consignadas en un decreto que fue expedido a raíz de la entrada de Colombia a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Implica que los tres superintendentes deben ser nombrados por el presidente de la República, pese a que ejercerán sus cargos con total independencia en sus funciones, pero el mandatario no podrá hacer una elección a dedo, sino a partir de un concurso en el que se van descartando elegibles hasta llegar al seleccionado.

De las tres, la de Industria y Comercio es una de las más poderosas, teniendo en cuenta el alcance de sus responsabilidades, las cuales pasan por proteger al consumidor de abusos, pero, fundamentalmente, vigilar la administración de los datos personales de los colombianos.

Luego de expedido el decreto reglamentario que volvió realidad la recomendación de la OCDE, de independizar esas tres superintendencias, el primer nombrado fue el anterior titular de la entidad: Andrés Barreto, quien presentó su renuncia al cargo en agosto, época desde la cual el puesto quedó bajo encargo, en cabeza de Juan Camilo Durán.

Cabe recordar que, tras algún tiempo, luego de posesionado el nuevo gobierno, fueron ratificados los otros dos superintendentes: el de sociedades, Billy Escobar, y el financiero, Jorge Castaño.

Como en la SIC no hubo ratificación, pues Barreto presentó su renuncia antes de la llegada de la administración Petro, las normas indican que se debe abrir una convocatoria pública, en la que podrán participar quienes cumplan con los exigentes requisitos. De ahí sale una lista de elegibles, que es de donde tendrá que escoger el presidente.

Todo ese trámite sería el habitual, de no ser porque ya el tiempo está que se agota y la situación se presenta en la temporada de fin de año, en la cual, suele ser más complejo y demorado darle avance a los temas administrativos.

El encargo del puesto, lo que es viable según el decreto, ya gastó las dos oportunidades posibles, por lo tanto, no podrá haber una tercera. El primer límite del encargo se venció el 31 de octubre, lo que implica que la segunda se vence en enero.

Las dos alternativas que quedan son: abrir una convocatoria pública o derogar el decreto, lo que sería gravísimo, pues, además de ser una recomendación de la OCDE, es la manera de garantizar la independencia que debe tener del Gobierno el funcionario que llegue a ocupar la silla de superintendente de industria y comercio.

Una mala época

Otra de las complejidades de mantener el puesto de superintendente de industria y comercio en encargo es que, para esta época, se está cumpliendo el último trimestre del presupuesto; a la entidad se le vencen en diciembre todos los contratos de prestación de servicios y los de tecnología. Es decir, queda con menos gente y con pocas herramientas. Y lo más delicado es que hay decisiones financieras y administrativas que solo puede tomar el titular del cargo.

Un concurso demorado

Para hacer el concurso meritocrático se requiere publicar un aviso en la página de la Presidencia, lo que aún no se ha hecho. Posteriormente, se inscriben todos los aspirantes que cumplan los requisitos y de allí se elige. Para mostrar la dimensión de lo que puede tardar este trámite, está el caso de la elección del superintendente anterior (Andrés Barreto). En esa oportunidad (2018), el concurso se abrió en la misma semana después de la posesión presidencial. Se inscribieron 82 personas y la cifra se redujo a 42, que eran los que cumplían los requisitos exigidos. En una segunda depuración quedaron 30 elegibles, que fue de donde el presidente de ese entonces escogió.

Una entidad enorme

La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad gigantesca. Tiene 2040 personas, cifra a la que llegó luego de la reforma a la ley de competencias, que requería más personal para vigilar.

Para algunos expertos, es una de las 10 entidades más importantes del país, por sus altas capacidades sancionatorias y por el papel coadyuvante que ejerce en procesos penales y delitos económicos que maneja la Fiscalía General.

Los requisitos para ser Superintendente

Para postularse a la silla de superintendente de Industria y Comercio es necesario tener título de pregrado, posgrado en modalidad de maestría o doctorado, y al menos 10 años de experiencia profesional.

Es decir, la tarea de encontrar el elegido no es tan fácil. El Gobierno está ‘quedadito’.