Gobierno emitirá deuda por $340.000 millones para pagar sanciones de mora por las cesantías de los maestros

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto por medio del cual ordena la emisión de títulos de tesorería (TES) clase B para pagar las sanciones por mora en el pago de las cesantías a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

El monto de la emisión será de hasta $340.000 millones y los recursos serán entregados a Fiduprevisora como entidad encargada de administrar el Fomag.

“La emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B que se autoriza en el presente artículo no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos del pago de intereses y la redención de los títulos”, dice la normativa del Ministerio de Hacienda.

Según la vicepresidencia del Fomag, el Gobierno debió haber realizado pagos a este fondo por $660.000 millones durante la vigencia fiscal de 2020, por lo cual se necesitan recursos para que el Estado cumpla con estas obligaciones.

Es de mencionar que en 2019 el Gobierno emitió TES por $440.000 millones para pagar parte de las sanciones por mora en el pago de las cesantías a cargo del Fomag.

Desde un par de años atrás, el Gobierno ha venido implementando mecanismos para sanear las cuentas de la Nación de las sanciones por mora y decisiones judiciales en su contra. Para esto, ha optado por el incremento del endeudamiento con el fin de sanear, lo más que se pueda, las cuentas del Estado.

Este incremento de la deuda, que llegó a niveles históricos en 2020 y que se prevé siga aumentando en 2021, ha causado también que el Gobierno tenga una necesidad de recursos adicionales, los cuales piensa obtener por medio de la reforma fiscal que será radicada en el Congreso en los próximos días.

¿En qué va la reforma fiscal?

Lo que más preocupa al Ministerio de Hacienda es que la reforma, que ni siquiera ha sido radicada en el Congreso y cuyo articulado no se conoce en su totalidad, ya ha sido rechazada por una gran parte de los sectores políticos e incluso algunos económicos.

Una de las voces en contra que encontró la reforma vino por parte de referentes del Centro Democrático, partido de Gobierno, quienes se oponen a los cambios planteados en el IVA de los alimentos, pues algunos pasarían de tener una tasa del 5 % al 19 %.

El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido, fue uno de los primeros en lanzar sus críticas a través de su cuenta de Twitter. El político volvió a insistir en que la reforma debe ser moderada y consensuada con las mayorías.

Uribe considera que antes de aumentar los impuestos se debe recortar el aparato estatal. Por eso, aprovechó nuevamente para formular la idea de reducir el Congreso de la República y reformar la JEP.

Por otra parte, la senadora Paloma Valencia también tuvo reparos. Para la congresista, es fundamental que se congele el aumento de los salarios, que se reduzca el aparato estatal, que se les imponga un impuesto solidario a todos los salarios altos de los servidores públicos, que se eliminen varios puestos de trabajo de contratistas y que se quiten los gastos innecesarios.

Era de esperarse que la oposición mostrara su inconformismo con la reforma. La Colombia Humana y el Partido Alianza Verde han mostrado, de manera frecuente, su rechazo a la iniciativa que busca incrementar los recursos de la Nación en poco más de $30 billones.

“Apoyaré a Duque en su propuesta de subir el impuesto al patrimonio, siempre que no sea a activos productivos, y rechazaré su propuesta de ponerle impuestos a la comida. El impuesto a la comida simplemente mata a la gente y a la economía”, dijo el senador Gustavo Petro en su cuenta de Twitter.

Otros partidos como el Conservador y Cambio Radical han indicado que apoyarán la reforma solo si hay cambios a la propuesta hecha por el Gobierno, sobre todo en temas de IVA y renta.

Por su parte, los liberales han dicho que no van a apoyar la reforma planteada por el ministro Carrasquilla porque es perjudicial para el país y la clase media.

La reforma debería ser radicada esta semana en el Legislativo, para que así se pueda iniciar su discusión y sea aprobada antes de que finalice el primer semestre del año.