Gremios toman cartas en el asunto sobre las facultades del presidente Petro en regulación de servicios públicos

El presidente Gustavo Petro asumirá la regulación de los servicios públicos durante tres meses, así quedó contemplado el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, que fue firmado este miércoles 15 de febrero por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; la ministra Minas y Energía, Irene Vélez; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y el director nacional de Planeación, Jorge Iván González.

En el oficio se hizo oficial la decisión del mandatario colombiano de reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

En consecuencia –se lee en el documento–, “las Comisiones de Regulación continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen a la fecha de la expedición del presente decreto”.

Se aclara que el presidente Gustavo Petro, dentro de sus funciones, podrá solicitar el apoyo técnico de las Comisiones de Regulación y demás entidades de cada sector.

“Las disposiciones regulatorias tendrán en cuenta los siguientes lineamientos: sujeción a los principios, fines y valores constitucionales y legales; pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria; y criterios del régimen tarifario de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia”, quedó contemplado en el decreto.

Ante estos anuncios, por supuesto, diferentes sectores reaccionaron. Por su parte, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), a través de un comunicado, manifestó que están dispuestos a continuar trabajando conjuntamente con el Gobierno nacional y los demás actores interesados para seguir construyendo país.

“Entendemos que hay una coyuntura de tarifas que afecta a los colombianos, la cual no es ajena a los generadores de energía. Además de los esfuerzos que hemos realizado desde que empezó el Pacto por la Justicia Tarifaria, desde Acolgen estamos trabajando en una serie de propuestas que queremos presentarle al Gobierno la próxima semana, con objetivos alineados entre lo que el Gobierno está buscando y la sostenibilidad de nuestro sector”, indicaron en el comunicado de prensa.

Y también advirtieron que es fundamental que las decisiones que se tomen estén basadas en análisis técnicos, propios de una entidad como la Creg, que se ha caracterizado por su rigurosidad en sus estudios y resoluciones. Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que las normas que se emitan respondan al marco constitucional y legal vigente, sean fruto del consenso y discusión de todos los sectores, se apoyen en argumentos técnicos y jurídicos sólidos, y se ponderen de forma tal que el cumplimiento de objetivos de corto plazo no sacrifique pilares básicos sectoriales, relativos a la suficiencia del abastecimiento y la seguridad energética.

La Creg, por su parte, envió una carta a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la que aseguran que “afectará la sostenibilidad de los sectores que se intervengan”, y advirtieron la importancia de mantener un marco regulatorio que sea producto de una discusión técnica entre el Gobierno.

“Una intervención de tarifas por fuera del esquema creado desde 1994, con certeza afectará las obligaciones de prestación del servicio y modificará intrínsecamente las condiciones de remuneración, con su consecuente efecto en la continuidad, calidad y demás derechos de los usuarios del servicio; no solamente en el corto plazo, sino que afectará la sostenibilidad de los sectores que se intervengan y, directamente, la confianza para realizar inversiones en el sector”, advirtieron en la carta.

Y agregaron: “Entendemos la preocupación por los efectos inflacionarios de las tarifas actuales del servicio de energía eléctrica, y que esta coyuntura lleve a solicitudes de ciertos sectores de la sociedad a que se intervenga desde la Presidencia de la República, pero sobre el particular hacemos un llamado respetuoso a actuar con absoluto rigor técnico, analizando el problema que se aborda con base en evidencias, identificando sus causas y sus efectos, observando el fundamento de acciones que efectivamente tengan impacto en los niveles tarifarios, y valorando con la profundidad requerida los riesgos de una decisión inoportuna o no suficientemente valorada”.