Impuesto al carbón aumentaría el precio de la energía en $ 18 por kilovatio/hora, según gremios

Aunque todavía no se conoce el texto final de la reforma tributaria que presentará el Gobierno nacional próximamente, se han empezado a conocer algunos de los apartes que este documento incluiría y con el que se busca recaudar $ 25 billones.

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergía), la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la Andi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto (Procemco), la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbon), y la Asociación Nacional de Industrias Plásticas (Acoplásticos) expresaron su preocupación ante un posible impuesto al carbón en el país.

Los gremios señalaron que son conscientes de que se deben buscar mecanismos para incentivar la reducción o las compensaciones en las emisiones de carbono; sin embargo, les parece “preocupante” el impacto que tendría la inclusión del carbón dentro de los combustibles gravados con el impuesto al carbono en la reforma tributaria.

Este impuesto “generaría un impacto fuerte en diferentes frentes de la economía nacional, que no se compensan en nada con los recaudos que pudiera recibir el Gobierno con la iniciativa”, indican los empresarios, que agregan que esto impactaría principalmente en tres frentes.

Uno de estos tiene que ver con un alza en el precio de los contratos de generación de energía eléctrica del orden de $ 18 por kilovatio/hora, lo que representará “un impacto en los consumidores finales cercano a $ 1,3 billones al año, que se reflejará en las tarifas de todos los usuarios, incluyendo los más vulnerables”.

Los cálculos de estas empresas indican que para un usuario residencial promedio, el impuesto al carbono podría representar entre el 4 % y el 6 % del valor de la factura de electricidad y para un usuario industrial, el incremento puede representar entre un 7 % y un 12 % en el valor del costo de la energía.

“Esta apuesta de inclusión de mayores impuestos en las facturas de los usuarios de electricidad del país le representaría al Estado una apropiación adicional en el presupuesto y un pago adicional neto, a través del ya deficitario Fondo de Subsidios, de casi $ 150.000 millones al año, para financiar los aportes que les otorga el Estado a los usuarios de menores ingresos”, según expresaron.

Efecto negativo para la industria nacional

Por otra parte, los empresarios manifestaron que la iniciativa causaría un efecto negativo en la industria nacional que utiliza este energético, en sectores relevantes para la economía como siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas.

En el documento, los gremios manifiestan que la experiencia internacional demuestra que la implementación de impuestos al carbono que gravan los energéticos sin mecanismos de gradualidad, sobre todo sin tener en cuenta la exposición del país a mercados internacionales en los que no existen estos tributos, “generan desplazamiento del sector industrial, pérdida del empleo, mayor huella de carbono y, finalmente, ausencia de recaudo”.

Las industrias previamente mencionadas podrían verse afectadas por el incremento en sus tarifas eléctricas, lo cual les generaría una doble tributación.

Estos sectores “son estratégicos para la reactivación económica del país en el escenario poscovid, con lo cual, elevar sus costos de producción dificultaría su viabilidad empresarial, en tanto se afectará a los consumidores finales”, dijeron estas organizaciones.

Por último, se prevé que la industria del carbón en el interior del país, la cual genera más de 35.000 empleos directos, principalmente en Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, y cuya producción abastece fundamentalmente el mercado local, podría verse motivada hacia la informalidad, debido a la reducción de la utilidad.

Los gremios consideran que el principal problema de esta propuesta del Gobierno es que grava el carbón y no las emisiones de carbono. “Si bien es muy importante enfrentar los retos del cambio climático y mitigación del impacto ambiental, es adecuado considerar que las prioridades de un país como Colombia están en crecer y brindar bienestar a su población”, expresaron los gremios, que invitaron al Gobierno a replantear esta propuesta.