El proyecto de reforma Tributaria presentada el pasado 15 de abril por el ministro Alberto Carrasquilla ni siquiera alcanzó a ser discutida en el Congreso, porque se le anticipó una ola de indignación que le mandó al Gobierno un mensaje que antes otros sectores le habían enviado y nadie escuchó: que ni el tamaño del recaudo esperado, ni el nivel de ambición eran convenientes frente a la situación económica y social que enfrenta el país.

En otras, en el país el palo no está para cucharas y este no es el momento de tributarias con cifras astronómicas.

Tras cinco días de protestas que involucraron actos vandálicos a propiedad privada, muerte y destrucción del patrimonio público, el presidente Iván Duque decidió este domingo retirar la iniciativa, que se había quedado sin el apoyo del pueblo y de los partidos políticos.

La reforma, que inicialmente buscaba recaudar $ 30 billones, ha sufrido tal nivel de rechazo que se rumora que, con suerte, un proyecto alternativo como el que ahora tendrá que presentarse para reemplazar el texto inicial, podría llegar a recoger la mitad de ese dinero. O incluso menos.

En el Congreso y en muchos sectores sociales y económicos hay claridad de que hacer una reforma tributaria es absolutamente necesario para garantizar los subsidios que todavía necesitan las familias colombianas más afectadas por la pandemia y para tratar de solucionar el grave déficit fiscal del país que se aumentó de manera desmedida por los gastos que generó la pandemia.

En el frente social, todavía el Gobierno tendrá que seguir enviando el giro de Ingreso Solidario para unas 3 millones de familias que debido a las cuarentenas, no han logrado generar los ingresos para garantizar su subsistencia. Y en el frente fiscal, el Gobierno tendrá que garantizar cómo pagará la abultada deuda que tiene en este momento, y que se trepó el año pasado para financiar los nuevos gastos sociales y de salud que provocó la pandemia.

Varios errores estratégicos y un nivel utópico de recaudo esperado provocaron la indignación general. Pero quizás fueron cinco los temas que cayeron peor entre los colombianos, de los incluidos en el texto inicial de la tributaria de Carrasquilla. Estos son los que mayor molestia provocaron.

1. IVA a servicios públicos para estratos 4, 5 y 6

Una ola de indignación provocó la propuesta del Gobierno de poner IVA a los servicios públicos. Lo cierto es que inicialmente se entendió como un nuevo impuesto generalizado y eso generó alerta.

Pero la propuesta en realidad buscaba convertir una sobretasa que ya opera para los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6 en un IVA. La sobretasa ya la pagan los hogares de estos estratos para subsidiar los servicios que consumen los colombianos en estratos 1, 2 y 3. De manera equivocada se presentó como un nuevo impuesto para todos los colombianos.

Apenas comenzaron las protestas, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, salió a aclarar de que se trata de un cambio en la denominación del impuesto, pero a medida que crecieron las críticas, el Gobierno aseguró que se retiraba este polémico artículo. Por eso, se da por hecho que en el nuevo proyecto que tendrá que radicarse, no se va a mencionar siquiera.

2. Cambio de exentos a excluidos de IVA

No tuvo buen recibo la idea de eliminar la categoría de bienes exentos y pasarlos al régimen de excluidos. Esta fue una de las recomendaciones que hizo a comienzos de marzo la Misión de Expertos en temas tributarios y que el Gobierno decidió incorporar en el proyecto.

Básicamente planteaba eliminar en el régimen de IVA una categoría que se denomina bienes exentos, que permite que los productos que hacen parte de esta denominación puedan descontar el IVA que se ha pagado en los insumos que se utilizaron para producirlo. Pero al pasarlo a la categoría de excluidos, este descuento no se podría hacer.

El anuncio cayó muy mal entre los gremios del sector agropecuario, muchos de los cuales utilizan este descuento para hacer las cuentas al momento de fijar el precio final de sus productos. Por eso anunciaron que algunos productos del agro podrían subir de precios de aprobarse este cambio.

Desde Hacienda hubo duras recriminaciones a los agricultores, pues aseguraron que eso decía mucho de la estructura competitiva de los productores del agro, pues si necesitaban de estos descuento quizás no tenían los niveles de competitividad adecuados. Esto provocó indignación entre los productores. Pero también en los consumidores, que temían un aumento en sus productos de la canasta familiar y por eso buena parte de los carteles exhibidos durante las protestas insistían en eliminar este tema.

3. IVA a servicios funerarios

En momentos en que miles de familias colombianas pasan circunstancias difíciles a raíz de la la muerte de sus familiares por covid-19, que en el texto de la reforma se planteara extender el cobro del IVA, uno de los gravámenes más odiados, a los servicios funerarios se convirtió en un detonante de la ira.

Incluso, el propio presidente Duque se mostró contrariado por la inclusión de este servicio dentro de aquellos a los que se extendería el cobro del IVA. Al final el Gobierno reconoció que este se retiraría y sin duda, no entrará dentro del nuevo proyecto.

4. Ampliar la base de declarantes de renta

Este ha sido un viejo anhelo de muchos ministros de Hacienda: lograr que más colombianos presenten su información tributaria y que más personas comiencen a pagar impuestos. Hasta el momento ningún Gobierno lo ha logrado y en medio de la crítica situación económica generada por la pandemia no era el mejor momento para hacerlo. Pero esta vez fue la falta de claridad por parte del equipo de Hacienda, al presentar este tema, el que provocó tantas críticas.

En medios y ante gremios y políticos se planteó la iniciativa, pero ésta no fue explicada con precisión, lo que dio origen a una serie de interpretaciones erradas, como el hecho de que los colombianos que ganen a partir de $ 2 millones tendrían que comenzar a pagar renta.

Aunque los funcionarios buscaban hacer claridad en que una cosa era que empezaran a presentar declaraciones de renta a partir de un ingreso salarial, y otra cosa era empezar a pagar renta, al final se enredaron. Todos los días aparecía una cifra distinta y una interpretación distinta y al final esto desembocó en la ola de indignación que llevó a las calles a muchos colombianos, que decidieron marchar porque temían ser objeto de este nuevo impuesto.

5. Impuesto a las pensiones

El impuesto a las pensiones ha provocado airados comentarios desde que fue mencionado por primera vez. Aunque todavía no se ha dicho oficialmente si se retira, sí se sabe que será revisado. En reformas tributarias anteriores ha sido mencionado pero casi siempre fue derrotado pues en un país en que menos del 30 por ciento de los colombianos en edad de pensión tienen acceso a esta prestación, para muchas personas es motivo de indignación que el Gobierno busque gravarlas.

También en este caso no hubo una pedagogía adecuada. Inicialmente se habló de que se gravarían las pensiones altas, pero nadie sabía a ciencia cierta cuál era esa cifra, que muchos calculaban en $ 10 millones de ingreso mensual. Sin embargo, en el proyecto presentado por Carrasquilla se planteaba que podrían ser gravadas las pensiones a partir de $ 7 millones.

El temor de que en este caso también empezaran a bajar la base llevó a varias centrales obreras a promover las marchas para rechazar esta iniciativa, que sin duda, tendrá que ser excluida del próximo paquete tributario.