La Andi pide al Gobierno garantizar el derecho a la salud y el flujo de los recursos para este sector

La Asociación Nacional de Empresas de Colombia (Andi) y las Cámaras de Salud, que agremian a los aseguradores, los prestadores y los proveedores de tecnologías en salud, le enviaron una carta al Gobierno Nacional haciendo un llamado para que se proteja el derecho fundamental a la salud en todo el país, el cual se está viendo amenazado, según ellos, por la crisis financiera que vive el sector.

Los firmantes de la misiva recordaron que se tiene una gran responsabilidad con los pacientes y por ello no debería de haber espacio a demoras o discusiones teóricas, ya que la salud de los colombianos requiere acciones inmediatas y suficientes.

“La vida y salud de los colombianos debe ser la principal prioridad, es literalmente vital tomar acción inmediata y correcta”, manifestaron.

Por ello, le propusieron al Gobierno y a los agentes del sistema trabajar conjuntamente en un plan que permita asegurar la prestación del servicio a pacientes, incluyendo mecanismos que aseguren el flujo de los recursos adecuados y suficientes que permitan asumir la totalidad de las obligaciones que tiene el Estado con la ciudadanía.

“Es de crucial importancia poder contar con mecanismos que permitan cubrir en forma oportuna la totalidad de los servicios, medicamentos, pagos a personal de la salud, suministro de dispositivos, y en general todos los costos que se deben adelantar para esta inmensa responsabilidad”, señalaron.

Asimismo, indicaron que la incertidumbre que se ha generado en el sector por el no pago de los recursos de presupuestos máximos de octubre y noviembre, así como la insuficiencia general de los recursos, se agrava debido a que a la fecha no se ha publicado para comentarios el proyecto de resolución que fija el valor de la UPC para el año 2024.

Las conclusiones de la ANDI

La ANDI explicó en la carta que ha recogido información de diferentes estudios que han sido presentados por diversos actores del sector. A partir de estos, lograron concluir que desde el año 2021 los recursos asignados para las UPC han sido insuficientes, ya que los gastos en salud han superado los presupuestos establecidos para la cobertura.

Asimismo, precisaron que el sistema tiene una deuda acumulada que solo en los últimos tres años se estima alrededor de los cinco billones de pesos por concepto de insuficiencia de UPC.

Otra de las conclusiones es que el costo en salud ha aumentado debido a diferentes razones, dentro de estas destacan: mayor demanda de servicios en salud post covid; envejecimiento de la población; ampliación en 2022 del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y cambios en variables macroeconómicas.

La ANDI señaló que esta revisión de los estudios del sector de salud corroboran la información financiera que fue publicada por la Superintendencia Nacional de Salud y en la que se muestra que a septiembre de 2023 hay una pérdida acumulada en el sector de aseguramiento superior a los 1,2 billones de pesos.

“No asumir esta realidad a través de acciones concretas que permitan el flujo de recursos implicará el cierre de servicios y pondrá en riesgo a la población más vulnerable y a aquella con mayores cargas de enfermedad”, dijo.

La Asociación explicó que es evidente que un ajuste de la UPC para el próximo año se debe llevar a cabo teniendo en consideración un análisis profundo de la siniestralidad, las frecuencias, el perfil epidemiológico, la inflación, las inclusiones al PBS y el contexto regional.

En ese sentido, señaló que el ajuste debe ser al menos del 16% para poder asegurar la continuidad en la prestación de los servicios. “Estamos en disposición de contribuir al análisis que garantice que el incremento que se defina sea suficiente para poder cubrir la totalidad de las obligaciones con los pacientes”, dice la carta.

No obstante, la ANDI aclaró que con este porcentaje no se alcanzaría a cubrir el déficit de los periodos anteriores por insuficiencia y tampoco la siniestralidad legal de 90% en el régimen contributivo y 92% en el régimen subsidiado.

Para finalizar la misiva, le hicieron un llamado al Gobierno y a los integrantes de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud para que actúen de manera responsable y oportuna, garantizando la protección de los derechos que tienen los usuarios.