La carta con la que MinHacienda busca tumbar el proyecto para eliminar el 4x1000

El impuesto al 4x1000 no será fácil de tumbar, pese a que muchas veces los expertos lo han catalogado como una medida que impacta la inclusión financiera.

Por esa razón, hasta la Superintendencia Financiera y los mismos bancos, manifestaron que estaban de acuerdo con el proyecto de ley de la representante Katherine Miranda, según el cual, la parlamentaria propuso el desmonte gradual del impuesto, conocido técnicamente como gravamen a los movimientos financieros (GMF).

La propuesta legislativa pasó el primer debate en Cámara; sin embargo, por solicitud de la congresista Nubia López Morales, el Ministerio de Hacienda se dio a la tarea de emitir un concepto, en el que sustentó las consecuencias de aprobar -en estos momentos- una medida que agranda más el hueco en las finanzas del Estado, las cuales provienen en su mayoría de los impuestos.

Según el Ministerio de Hacienda, lo propuesto por Miranda “generaría un impacto fiscal negativo que se iría materializando gradualmente en el transcurso del tiempo”.

Hueco de $ 7,4 billones

Los cálculos de la cartera que maneja las finanzas públicas apuntan a que, la eliminación gradual del 4x1000 a partir de 2023, dejaría un hueco anual cercano a los $ 7,4 billones, por el no recaudo del impuesto.

Además, “de la mano con la eliminación de este impuesto, también se presentaría un leve incremento en el recaudo del impuesto de renta, en la medida en la que los contribuyentes dejarían de tener deducciones correspondientes al 50 % del pago de ese gravamen”.

Un menor ingreso para la bolsa pública, en este momento, no sería viable, desde la perspectiva del Ministerio, puesto que el mismo Congreso aprobó la Ley de Inversión Social (o reforma tributaria), en la que está implícita la necesidad de obtener más recursos, pues allí se establecen subsidios para más colombianos afectados por la crisis de la pandemia.

De hecho, en la carta, el Ministerio recuerda la gran dificultad que se ha tenido en el país para eliminar el 4x1000, el cual fue creado en 1998, cuando se creía que solo tendría un carácter temporal, pero se fue quedando en el esquema tributario. “Dicho gravamen se ha mantenido, pese a las distorsiones económicas que puede causar, debido a las dificultades existentes para sustituirlo por otra fuente de ingresos permanente”.

La fuente para sustituirlo no alcanza

Precisamente, en el proyecto de ley de Miranda se plantea una fuente para sustituir la plata que el Estado dejaría de percibir al desmontar el 4x1000. “Impuesto a los ingresos más altos, por encima de 25 millones de pesos, además de eliminación de beneficios tributarios a las megainversiones”, sostuvo la parlamentaria, mientras que en la carta, el Gobierno sostiene que la propuesta de eliminación del gravamen no incorpora fuentes suficientes que compensen la pérdida estimada de recaudo asociada al desmonte de este impuesto.

Por ejemplo, sostuvo el Ministerio, un impuesto a las personas con ingresos mensuales superiores a $ 25 millones, con tarifas escalonadas entre 1 % y 5 %, generaría un recaudo promedio de $ 1,4 billones por año, entre 2023 y 2032, según cálculo realizado por esta Cartera Ministerial.

Además, en la carta, MinHacienda insiste en la necesidad de honrar el contenido de la Ley de Inversión Social, en las que “se logró el consenso nacional fue la expansión del gasto social sin elevar la carga tributaria de las personas naturales del país”.

¿Y la autonomía del Congreso?

Miranda, por supuesto, criticó el concepto emitido por MinHacienda, entidad que marca la pauta para que el Congreso apruebe o desapruebe los contenidos de muchos proyectos de ley que demandan recursos del Estado, pues, si no cuentan con el aval del Gobierno, no pasan en el Legislativo.

Al decir de Miranda, “la iniciativa legislativa en materia tributaria es una facultad amplia del Congreso y, por lo tanto, solo necesita aval del Gobierno para crear nuevas exenciones. En el caso de mi iniciativa, el Congreso de la República, en el marco de su autonomía, puede eliminar el 4 x 1000 y proponer fuentes alternas que sustituyan su recaudo sin autorización expresa del Gobierno, pese a que tenga un impacto fiscal en las finanzas públicas”, sostuvo la parlamentaria.

Con esos argumentos, el Ministerio pidió archivar el proyecto, tema que será definido por el Congreso con la salvedad en la que insisten muchos congresistas: sino tiene aval del Gobierno, el Congreso pierde la autonomía para legislar.