La cláusula Petro en los negocios, ¿sucede en todo cambio de gobierno?

Así como la economía se mueve por ciclos de crecimiento y de desaceleración, la actividad política suele repetirse cada cuatro años. Hoy el país vive un déjà vu de 2018, cuando Gustavo Petro también era candidato y en segunda vuelta se disputó la presidencia con Iván Duque.

En ese momento se empezó a hablar entre empresarios, abogados e inversionistas de una cláusula en la que se establecía que, de ganar Petro, se deshacían automáticamente negocios de compra-venta de diferentes activos (inmuebles, empresas, fincas, etcétera). Al ser elegido Duque esas cláusulas fueron guardadas para revivir en el nuevo ciclo electoral.

Desde el año pasado, la existencia de la cláusula Petro se viene mencionando en el mundo de los negocios y se sumó a la prevención natural que se da con cada cambio de Gobierno. Esa incertidumbre lleva a que muchos proyectos y negocios queden en pausa mientras se define quién será el nuevo presidente. Así mismo, genera movimientos alcistas en la tasa de cambio y caídas en los precios de las acciones y de los títulos de deuda pública.

Esta vez, sin embargo, la cláusula Petro tiene todos los reflectores encima por cuenta de una columna del abogado Ramiro Bejarano en El Espectador, en la que la calificó como peligrosa e ilegal. Su argumento es que, si bien en el sistema jurídico está permitido que las partes pacten diferentes condiciones en los contratos, la ley dice que dichas condiciones deben ser física y moralmente posibles, así como legalmente admisibles y no pueden ir contra el orden público y las buenas costumbres (artículo 1532 del Código Civil). “Pero esa cláusula no es legalmente admisible porque puede generar la conducta de pánico económico, al involucrar un constreñimiento al elector para que la gente no vote y no se ejecute el contrato”, explicó Bejarano en una entrevista en Vicky en Semana.

Reiteró que deshacer los negocios de esa manera puede ser pánico económico, pues se está generando una situación de alarma frente a un candidato, a tal extremo que los grandes productores de la riqueza deciden que los contratos no tengan efecto.

“Eso no es transparente con la democracia. Se estrella con el concepto del orden público económico. La Constitución establece que la economía no se puede ejercer arbitrariamente y las cláusulas no pueden ser burladeros de la ley”, insistió. Otra idea tienen colegas abogados de Bejarano como Jaime Lombana y Néstor Humberto Martínez. Ellos no consideran que la cláusula Petro sea ilegal, que genere pánico económico, ni mucho menos constriña a los electores.

El primero, también al participar en Vicky en Semana, sostuvo que la iniciativa privada es libre dentro de los límites del bien común. Opinó que firmar la cláusula no es ilegal porque todo negocio jurídico puede estar sometido a un plazo y a una condición. “No se estimula la salida de ningún capital porque si bien hay quienes tienen temor o desconfianza ante expresiones de expropiación o de finalizar la exploración petrolera, habrá otros que sí quieren invertir en los sectores que Petro ha mencionado que le gustaría promocionar. En resumen, no hay amenaza al elector para condicionar su derecho a votar”, enfatizó Lombana.

El segundo, Martínez, dijo que más que una cláusula es una de las tantas formas a las que están recurriendo los contratantes en toda suerte de negocios para protegerse frente al riesgo de “una debacle económica” que podría ocurrir en un eventual Gobierno de Petro. Insiste en que es una manera de administrar legalmente los riesgos económicos de un cambio de Gobierno en el que se han anunciado nuevas condiciones para la inversión como expropiaciones y reformas tributarias confiscatorias. “Como eso implica la posibilidad de perder mucho dinero, los inversionistas tienen la capacidad de prever esa situación”, reiteró el exfiscal Martínez, quien precisamente está acompañando un negocio de más de 200 millones de dólares en el que el comprador condicionó la operación al triunfo de Petro.

Si gana, el negocio se cae.

Enfatizó en que esas cláusulas no son delito, pues precaver las contingencias del entorno político y económico en un contrato es apenas natural y tampoco es pánico económico porque no es una conducta que se haga masivamente para generar crisis, sino un negocio privado. Tanto Lombana como Martínez indicaron que prueba de la normalidad de estos negocios condicionados son los que se atan a un precio específico del dólar y que se hacen constantemente en el país. De hecho, existen unas figuras financieras llamadas futuros, en los que una parte se compromete a comprar o a vender una cantidad en dólares en un tiempo determinado (por ejemplo, un mes) y a un valor específico.

Se usa, en especial, cuando se tienen que pagar deudas en el exterior y se quiere fijar un precio ante la expectativa de mayores devaluaciones. Otros mecanismos de previsión ante el riesgo político son unos memorandos de entendimiento en los que se establece que los negocios solo cierran después de la elección presidencial o los leaseback, que consisten en una operación de leasing a la inversa, es decir, el propietario de un bien inmueble lo vende a una entidad financiera y, en el mismo acto, suscribe un contrato de arrendamiento sobre el bien. De llegar a ganar Petro no continuarían con el arriendo y le dejan la propiedad a la financiera. En caso contrario, podrían recomprar su inmueble. Eso, “teniendo una pérdida menor que la de una posible confiscación”, explicó Martínez. Pese a las aseveraciones de estos abogados, en los gremios económicos dicen desconocer la cláusula Petro.

Daniel Vásquez, presidente de Fedelonjas, aseguró que al ser contratos entre privados son difíciles de contabilizar, lo que no significa que no estén ocurriendo. “Hace cuatro años se habló de lo mismo y en ningún momento afectó la dinámica del sector inmobiliario, ni la de la democracia”, dijo en Semana TV.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que tras consultar a los comerciantes no encontraron evidencia de esta práctica, sin embargo, cree que puede originarse en una desconfianza con respecto a lo que pueda pasar con la propiedad privada y las libertades económicas. Por eso, hizo un llamado a dialogar sobre estos aspectos con los candidatos.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también dijo desconocer la cláusula y no haber visto ninguna, pero considera normal que negocios y contratos privados tengan algunas condiciones para su cumplimiento. “Me parece equivocado decir que con esto se trata de afectar a la opinión pública. Es armar una tormenta sobre hechos comunes de la vida contractual de los negocios, que tienen que ver con el manejo de riesgos”, subrayó.

Daños colaterales

Siempre que hay cambio de Gobierno se sacude el precio del dólar, pero esta vez la expectativa es mayor, dada la posibilidad de que Colombia tenga una administración de izquierda. Como eso ya se concretó en dos países vecinos, Chile y Perú, varios analistas evaluaron lo que ocurrió allá para estimar lo que podría pasar acá.

Según cálculos del área de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, las monedas de esos dos países perdieron en promedio 9 por ciento tras la elección de sus gobernantes, y si eso se extrapola a Colombia, el peso podría debilitarse en la misma proporción, lo que implica un alza del dólar de entre 350 y 400 pesos.

“Entre primera y segunda vuelta la tasa de cambio podría subir a 4.200 pesos, pero luego podría bajar, porque una cosa son las propuestas y otra lo que se puede hacer, si la idea es mantener la ortodoxia económica”. Pero mientras esa es una proyección, en donde ya el impacto es medible es en Ecopetrol, empresa que ha estado afectada por los anuncios de Petro de marchitar el negocio petrolero. Sus bonos de deuda externa se han visto castigados en precios, al tiempo que Fitch anunció que se afectará la calificación de Ecopetrol si cambia la política petrolera del país.