La Facultad de Jurisprudencia de esta universidad colombiana ofreció su punto de vista sobre la reforma laboral

Las reformas siguen generando matrices de opinión alrededor de todo el territorio colombiano, debido al fuerte debate que generan estas, ya sea en el sector salud, pensional, o en este caso, laboral.

Esta controversia ha sido generada especialmente dentro de la cúpula empresarial, a causa de la preocupación para los empresarios respecto a los altos costos que esta podría implicar para sus operaciones en caso de ser aprobada.

El avance de estos proyectos de ley aún está por verse, debido a que como consecuencia del escándalo gubernamental protagonizado por Laura Sarabia, Armando Benedetti y el presidente de la República, Gustavo Petro, la Cámara de Representantes solicitó detener el avance de todas las reformas.

Sin embargo, debido a la relevancia nacional que tendrían estos proyectos en caso de ser aprobados, es necesario analizar los posibles impactos que generarían dentro de los distintos sectores.

En esta ocasión, la entidad que alzó su voz respecto a los efectos que podría poseer, en este caso, la reforma laboral, fue el área de Derecho Laboral y el Observatorio Legislativo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario durante el pasado 26 de mayo, la cual a su vez entregó a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes una propuesta concreta para contribuir en la construcción de este proyecto y de su calidad.

Entre esta serie de propuestas, resalta, en primer lugar, el realizar una reflexión más profunda respecto a la temporalidad de los contratos a término fijo, debido a que estos se propone que sea con un tiempo máximo de 5 años, sin embargo, la conjunción de esta propuesta con otras novedades, hace que se convierta en una medida inaplicable.

En segundo lugar, establecen que los cambios propuestos en materia de prescripción, indemnización moratoria y unidad de empresa, son innecesarios, y que estos 3 elementos ya funcionan de manera correcta con la legislación actual.

En el caso de los practicantes o de quienes poseen contrato de aprendizaje, la jurisprudencia propone mantener la figura de este tipo de contratación, debido a que cumple con una función necesaria, sin embargo, establecen que debería garantizarse la afiliación a aportes y pensiones durante todas las etapas de contrato que cumpla el aprendiz.

A su vez, alzaron su preocupación respecto a la falta de elementos que defiendan la democracia en los espacios laborales, al decidir elementos como el entrar en huelga, o la extensión de la convención colectiva, por lo que solicitan que se mantenga de la forma en que rige actualmente.

Los proponentes también solicitaron que la tabla de indemnización por despido de 45 días sea cambiada, debido a que la consideran excesiva frente al resto del mundo, y que, en cambio, se vuelva a instaurar la aprobada a través de la Ley 50 de 1990, lo que ya sería una mejora a comparación de la que rige actualmente.

Finalmente, la institución asegura que en los estamentos de esta propuesta, trabajaron profesores, y expertos, los cuales complementaron algunas opiniones a través de ejercicios de conversación, análisis y reflexión.

De esta manera, se espera que esta reforma siga generando fuertes controversias tanto en el sector laboral, como también los debates en la Cámara de Representantes y en la opinión pública, una vez el proceso sea descongelado, buscando un consenso nacional que permita dar lugar a soluciones para un proyecto que por el momento parece estar enredado.