La impresionante cantidad de arbitrajes tributarios que tendría que atender la Dian para obtener $15 billones para el Presupuesto

Una cifra que poco se ha divulgado fue destapada este martes por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Actualmente, hay 7.112 procesos activos en los que está involucrada la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), muchos de los cuales tendrían que ser resueltos de manera negociada con los deudores de impuestos, para obtener una abultada suma de los recursos que ya están metidos en el presupuesto de 2024 para el funcionamiento del Estado.

El tema es que aún ni siquiera está aprobada la ley de arbitraje que viene sonando desde hace rato en el gobierno de Gustavo Petro. El panorama se enreda aún más porque en esta legislatura están en la agenda las polémicas reformas sociales que hacen curso en los estrados del Congreso de la República.

La resolución de conflictos en materia tributaria, aduanera y cambiaria, según recordó el ministro de Hacienda, permitiría el recaudo de alrededor de 15 billones de pesos para este año, tema sobre el cual vienen alertando varios analistas, porque el Presupuesto General de la Nación podría quedar desfinanciado en ese monto.

Hay que recordar que, en total, los procesos activos relacionados con la Dian equivalen a 27,3 billones de pesos, según cifras de 2023.

El propósito del proyecto de ley, según el Ministerio de Hacienda, “es autorizar el arbitraje para disputas tributarias, aduaneras o cambiarias entre los contribuyentes y la Dian, con el fin de agilizar y mejorar la eficiencia en la resolución de estas disputas, en comparación con los procedimientos judiciales convencionales”, dice la propuesta.

La expectativa es que los procesos se resuelvan en menos de 12 meses, pues en ocasiones demoran años y no evolucionan. Es decir, hay una cadena de afectaciones, pues el contribuyente va abultando su deuda por intereses y sanción; el Estado no tiene la disponibilidad de los recursos para honrar compromisos propios de las administraciones que se financian dineros públicos, y los juzgados llenos de expedientes sin poder atenderlos en tiempos cortos.

El proyecto de ley se argumenta en que hay un índice de congestión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Colombia, que supera el 64 %.

Por ello, permitir el arbitraje como mecanismo alternativo, no solo disminuiría la saturación judicial, sino que ayudaría a disponer de los recursos públicos enredados en líos jurídicos de contribuyentes, de manera más ágil.

Serían árbitros especializados en temas tributarios los que abordarían los casos, lo que, a juicio de lo establecido hasta el momento, permitiría resolver de manera justa y equitativa los litigios.