“La Ley de financiamiento es una bomba atómica para la regla fiscal”: José Manuel Restrepo

SEMANA: ¿Es una situación inédita lo que está pasando con la discusión del Presupuesto de 2025?

José Manuel Restrepo (J. R.): Sí y para lo que viene ahora hay dificultades, huecos y loopholes legales en donde no es tan claro cómo es el procedimiento. Pero lo único que demuestra todo esto es una tristeza, una profunda incapacidad para construir un consenso en algo menor, pues tradicionalmente para el Gobierno nacional ha sido relativamente fácil lograr consensos con las comisiones económicas, donde hay absoluta conciencia de lo que es un presupuesto nacional. A eso se suma el desconocimiento de que existen pesos y contrapesos en la democracia y que esos pesos y contrapesos se dan también en los asuntos económicos y fiscales y que hay que respetarlos.

SEMANA: Cuando el Gobierno llegue al escenario el 20 de octubre y decrete el Presupuesto General de la Nación, ¿por qué monto lo puede hacer?

J. R.: La tesis del Gobierno es que son los 523 billones de pesos con los que lo radicó, lo que considero una medio presión al Congreso de la República para que apruebe la Ley de financiamiento, pero al mismo tiempo sería una especie de harakiri, porque si no aprueba dicha ley, en enero el Gobierno va a tener sí o sí que bajar el monto del Presupuesto en los 12 millones de pesos en que está desfinanciado. Sin embargo, yo tengo una tesis jurídica distinta que se basa en el artículo 346 de la Constitución y que dice textualmente que el Presupuesto General de la Nación debe elaborarse, presentarse y aprobarse en un marco de sostenibilidad fiscal. Claramente, presentar una reforma desfinanciada no es sostenible fiscalmente. Ese artículo podría llevar a que el Presupuesto de 523 billones sea declarado inconstitucional, generando otro problema jurídico de tamañas proporciones.

SEMANA: Como la Corte toma tiempo para fallar las demandas, ¿qué pasa si arranca 2025 y no se ha definido la constitucionalidad del Presupuesto?

J. R.: Arrancará ejecutando los 523 billones o el monto que presente, pero otra duda es si lo que está pasando es una estrategia del Gobierno nacional para decretar el Presupuesto y continuar el trámite de la reforma tributaria por aparte. Ese escenario me lleva a pedirle al Congreso que actúe responsablemente. No es coherente que no discuta el Presupuesto, pero sí una ley de financiamiento, que es una reforma tributaria. Además, después de este no consenso quedan afectadas las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para otros proyectos económicos.

SEMANA: Los problemas de desfinanciación del Presupuesto se suman al déficit fiscal más alto en las últimas dos décadas. ¿Qué explica esta situación?

J. R.: Una mezcla de cosas. La primera es haberse montado en una estructura presupuestal en 2024, con crecimientos superiores al 20 % en gastos y caídas del 4 % en ingresos. Y el mensaje es que hay que ser muy prudente cuando uno presupuesta. Uno no puede inyectarle al Presupuesto ingresos que claramente sabe no se van a cumplir y el de 2025 tiene muchos de esos. Fedesarrollo los estima en 14 billones de pesos adicionales a los 12 billones que ya se sabe que hacen falta. A esto se suma que el Gobierno no ha podido lograr que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público le apruebe las emisiones de bonos internacionales, a pesar de que le aprobó el cupo del Congreso. Eso se necesita para darle vía libre a la emisión de bonos internacionales, porque ya está al tope en bonos locales y necesita recursos.

SEMANA: ¿Y para hacer esa emisión de bonos es obligatoria la aprobación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito?

J. R.: No, es un tema consultivo, pero vuelve la pregunta, si es así, ¿por qué no la han emitido ellos directamente?, ¿por qué no se atreven? Y la respuesta es porque es un tema político, de falta de buen diálogo con el Congreso de la República

SEMANA: Menciona que parte del descuadre fiscal se debe al crecimiento del gasto a ritmos del 20 %, ¿a qué atribuye ese incremento?

J. R.: Los gastos de funcionamiento entre 2023 y 2024 crecen en 117 billones de pesos, es decir, 20 %, y cuando eso sucede es muy complejo de administrar. Yo creo que el Gobierno ahí tiene una carga de gastos burocráticos y de transferencias sociales en las cuales se ha venido metiendo que son difíciles de sostener.

SEMANA: ¿Eso se debe a crecimiento de subsidios?

J. R.: Sí están los tradicionales recursos para el Sistema General de Participaciones (SGP), pero han crecido las transferencias sociales. A eso se suma que están cambiando mucho la nómina de los OTS (contratos a término indefinido) que los pasan a ser parte de la nómina y eso está generando costos adicionales.

SEMANA: En el frente del gasto, el Gobierno ha dicho que ha tenido que destinar mucho dinero al pago de la deuda que viene de administraciones anteriores. ¿Cuál fue la pelea que usted tuvo con el presidente Petro por el crédito con el FMI?

J. R.: Ese crédito lo adquirió Alberto Carrasquilla, no yo, pero lo defiendo. Fueron unos 5.000 millones de dólares a cinco años, con tres de gracia y dos para pago. Es un crédito que es siete veces más barato de lo que le cobran hoy al país en sus colocaciones de deuda. Es algo así como el 1 % anual y se necesitaba para la pandemia. Otros 90 países hicieron solicitudes similares al FMI, pero al final ese no es un tema sustantivo, son 20 billones de pesos pagados en dos años. Mientras tanto, la deuda sigue creciendo porque se eleva la tasa de cambio, que fue lo que sucedió sobre todo cuando arrancó el actual gobierno, sube la deuda pública. Además, las tasas de interés han subido. Así, el costo de la deuda ha subido casi en 50 %.

SEMANA: Otro tema crítico es el recaudo tributario. ¿Por qué está cayendo?

J. R.: Estamos recogiendo la cosecha de prácticamente no haber crecido en 2023 (0,6 %). Es cierto, en parte, como dice el Gobierno, que se hicieron unos anticipos muy grandes el año pasado y que no se dan en este, pero eso es un error de presupuestación y no la causa de que se recaude menos. Lo que sí es un problema es que como hay menor crecimiento, pues hay menos ingresos por impuestos. Nos montamos unas cifras de recaudo, de lucha contra evasión y de eficiencia fiscal muy altas.

SEMANA: ¿Y la ejecución en qué va?

J. R.: En inversión va muy floja porque han tenido que congelar gastos. Yo personalmente no creo que ya dos años después uno pueda decir que son malos ejecutores, porque ya hay curva de aprendizaje, es imposible que no tengan esa capacidad. Lo que pasa es que están muy apretados en caja y esta es la que frena y afecta la inversión.

SEMANA: ¿Está en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal?

J. R.: La Ley de financiamiento, en mi opinión, viola la regla fiscal. Es una bomba atómica por su propuesta de la regla fiscal verde, pues a partir de ahora van a aparecer proyectos verdes de derroche. Significa que de aquí en adelante cualquier proyecto verde no entra en el déficit fiscal ni en la deuda pública. Es como si tú en un hogar decides que el gasto en vacaciones –porque es para el bienestar de los miembros de la familia– no se incluyan en la deuda. Eso no tiene ninguna presentación. Además, creo que las calificadoras se anticiparon a eso al cambiar la perspectiva de estable a negativa, lo que significa, como en el fútbol, que nos pusieron tarjeta amarilla. La siguiente etapa, si nos equivocamos en algo, es la tarjeta roja, es decir, que nos bajan la calificación y eso es peligroso. Insisto en que es muy irresponsable dejar ese artículo en la Ley de financiamiento.

SEMANA: Siempre hemos tenido problemas fiscales. ¿La situación hoy está peor que en épocas anteriores o igual?

J. R.: El diagnóstico es muy preocupante porque estamos a puertas de flexibilizar una regla fiscal con mensajes negativos para inversionistas y calificadoras de riesgo. Estamos a puertas de implementar una reforma tributaria que tiene una carga no de reactivación económica, sino de desactivación económica. Eso genera más desconfianza e incertidumbre en una economía que está en una especie de cuasi trampa de estancamiento. Como resultado, se generan riesgos de tasa de cambio, de riesgo país y de costo de financiamiento público y privado. Y, digamos, de ahí en adelante yo no sé qué puede llegar a suceder, pero no sería extraño que no sucediese lo que sucedió en el período 1994-1998, que terminó en la recesión de 1999. Es un triple salto mortal.