La onerosa factura que les pasan a los colombianos las leyes que aprueban los congresistas

Cada vez que el Congreso de la República aprueba una ley se generan múltiples efectos en la sociedad, uno de los cuales es el económico, puesto que, cuando se trata de medidas que demandan recursos, la plata sale de los ingresos públicos, los cuales, en su mayoría, provienen del pago de impuestos de los contribuyentes en Colombia.

Por esa razón es común escuchar, principalmente en las comisiones terceras de Senado y Cámara, donde se toman las decisiones relacionadas con plata, que esta o aquella propuesta “no tiene aval del Gobierno”, pues, aunque el Legislativo es el que aprueba, el Ejecutivo es el que marca el derrotero.

Cada año, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es un documento elaborado por el Ministerio de Hacienda, como hoja de ruta de la economía y las finanzas públicas a una década, el Gobierno cuantifica el costo de las leyes que se aprobaron en el año anterior.

Similar al 2018

Es así como, en la vigencia 2022, el costo de las leyes sancionadas en el Congreso fue calculado en 563.000 millones de pesos. La cuantía corresponde a 15 leyes que fueron sancionadas que implican gasto y que hacen parte de las 99 leyes nuevas que salieron al ruedo en 2022.

De acuerdo con el análisis que realiza el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 64 de esas leyes (64,6 %) no tienen ningún impacto fiscal sobre las finanzas públicas. Entre tanto, 20 de ellas, correspondientes al 20,2 % del total, sí podrían tener un costo, pero la cartera de las finanzas públicas no cuenta con la información suficiente para estar las cifras.

Entre tanto, las 15 restantes, equivalentes al 15,2 % de las leyes aprobadas en el año anterior, sí tienen costo fiscal cuantificable.

Otro de los datos que entrega el MinHacienda en el documento para una década es que el 47,1 % del gasto que implican las leyes aprobadas, será transitoria, mientras que el 52,9 % es un gasto permanente.

El costo de las leyes de la vigencia 2018 es comparable al que tuvo el país en 2018, cuando se registró una cifra estimada en 776.000 millones de pesos. Se destaca la cuantificación del gasto en leyes que se dio en 2021, cuando el número más que triplicó al de 2022, al treparse a 1,7 billones de pesos. Ese fue el año de la reactivación económica después de la emergencia sanitaria y económica, provocada por la covid-19.

Pero eso sí, nada parecido a lo sucedido en 2011, cuando el costo de las leyes aprobadas sumó 6,9 billones de pesos. También en esa vigencia Colombia venía de situaciones críticas, como la crisis financiera internacional y fenómenos climáticos agresivos.

Algunas leyes onerosas

Durante 2022, dentro de las 99 leyes aprobadas en el Congreso de la República, los parlamentarios le dieron el visto bueno a leyes de hondo calado, que, sin embargo, son habituales en el país, como la reforma tributaria y los presupuestos, tanto el general como el de regalías.

Dentro de las leyes sancionadas con mayor costo fiscal cuantificable, el Ministerio de Hacienda destaca, la normatividad que establece beneficios para los pescadores artesanales, que implica un gasto de 118.000 millones de pesos, la mayoría de los cuales ($ 102.000 millones) constituyen en gasto permanente.

Para que el país pudiera contar con un régimen especial de la región metropolitana Bogotá–Cundinamarca también se expidió una ley que demanda un costo permanente estimado en 75.000 millones de pesos.

En la memoria aún está fresca la propuesta tramitada en el Legislativo, para crear el sistema nacional de insumos agropecuarios, para el cual, se creó un fondo de acceso a los mismos. El costo total de esta iniciativa es de 67.000 millones de pesos, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

A contar

Asimismo, en el paquete de las 20 leyes que no son cuantificables, el impacto económico no escapa. Se trata, por ejemplo, de las normas que buscan financiar a pequeños y medianos productores agropecuarios. También cuentan las medidas de reactivación económica para el transporte público terrestre de pasajeros y mixto, que se incluyó en una ley de la República; y la medida adoptada por ley para impulsar la formalidad de las microempresas que se acojan a la llamada escalera de la formalidad, que implica disponer de recursos del Fondo Nacional de Garantías, para respaldar microcréditos que soliciten los beneficiarios.

¿Y lo que viene?

El Gobierno tramita este año una serie de reformas (laboral, pensional, de salud) que, de ser aprobadas, se verán reflejadas en un abultamiento la cifra en el próximo año, sobre el costo de leyes que cuantifica el Ministerio de Hacienda.