Las reformas económicas que avanzan calladitas en el Congreso

El anuncio del ministro José Manuel Restrepo, esta semana, confirmó lo que muchos anticipaban: la reforma tributaria se discutirá en el segundo semestre y, por lo pronto, será necesario encontrar otras fuentes para financiar los programas sociales urgentes.

Desde que se cayó la tributaria del exministro Alberto Carrasquilla, los ánimos se han caldeado y cualquier iniciativa podría aumentar la tensión que vive Colombia. Por eso, el Gobierno decidió meter al congelador el proyecto. Al menos por ahora.

Se logró, eso sí, que el Comité del Paro se siente a buscar acuerdos, mientras que varios bloqueos se levantan. Y aunque se mantienen algunas marchas, la situación se ha desescalado. El problema es que tras el retiro de la tributaria, Standard & Poor’s le quitó el grado de inversión al país, y Fitch podría hacer lo mismo.

El Ejecutivo confía en que la concertación funcione; pero hay quienes temen que el estallido social dure un poco más. Mientras esto sucede, en el Congreso avanzan otras reformas económicas. Una de las principales es la reducción de la jornada laboral en Colombia, presentada por el expresidente Álvaro Uribe cuando formaba parte del Senado.

También camina el proyecto de la oposición que pretende crear una renta básica para más de 7 millones de hogares. Y una reforma que dejó andando Carrasquilla antes de renunciar, de ajustes en pensiones e inversiones. Estas son las que avanzan.

1. Reforma tributaria

Es la iniciativa más importante del Gobierno para este año, y sigue estando en la primera plana. A pesar de que la propuesta anterior fue archivada, no hay que olvidar que la pandemia le pasó una costosa factura a la economía, y es vital realizar cambios en impuestos y gastos.

El déficit fiscal de la nación supera los $ 90 billones porque durante 2020, las inversiones en los frentes de salud y subsidios sociales fueron billonarias. Eso sin contar las ayudas entregadas a empresas y sectores más golpeados. Esta realidad dejó al país con un hueco más grande del que traía antes de la crisis sanitaria; por eso, es indispensable que se tramite una tributaria. Y pronto.

El ministro Restrepo ha enfatizado que, en todo caso, no se tocará a la clase media ni a los colombianos más pobres. En su lugar, se buscará que los más ricos paguen más y que las compañías se metan la mano al dril, ya que tendrían menores exenciones.

La sorpresa es que, entre lo que queda de junio y julio, se realizarán mesas de trabajo en siete regiones de Colombia para escuchar a los distintos sectores y actores involucrados, antes de ser radicada.

Dos asuntos preocupan: qué pasará con programas como Ingreso Solidario mientras que la reforma llega al Legislativo, y qué tan larga será la ‘lista al Niño Dios’ con todas las peticiones que recibirá el Gobierno.

2. Jornada laboral

Uno de los proyectos bandera del expresidente Álvaro Uribe está a punto de aprobarse en el Congreso: la reducción de la jornada laboral en el país de 48 a 42 horas semanales. Este cambio podría ser avalado por la plenaria de la Cámara.

Si bien Uribe ya no forma parte del Legislativo, su iniciativa avanza a toda marcha de la mano de los congresistas del Centro Democrático. Si logran luz verde, la jornada laboral bajaría gradualmente a 42 horas semanales, sin que esto implique que se les reduzca el salario a los trabajadores.

Aunque esta propuesta tiene un fin loable, se convertiría en una estocada para las empresas y para el propio Gobierno, que se verían obligados a recortar su producción para ajustarse al nuevo tiempo laborado.

También aumentarían los costos para las compañías en medio de la crisis económica; el país podría estar dándose un tiro en el pie en momentos de reactivación.

3. Renta básica

Desde hace algún tiempo, el senador del Partido Verde Iván Marulanda viene impulsando un proyecto que busca crear una transferencia monetaria incondicional para 7,46 millones de hogares pobres y vulnerables. Es decir, una renta básica.

Pese a que hace algunas semanas el ambiente parecía propicio, ya que la iniciativa tiene el apoyo de un número importante de partidos políticos, no ha sido posible que se dé su aprobación en primer debate.

Las esperanzas estaban puestas en una subcomisión que se creó para llegar a un acuerdo en temas como el monto y el alcance; pero esta no salió según lo planeado, pues aunque asistieron varios congresistas, no llegaron a la reunión los representantes del Ministerio de Hacienda.

El senador Marulanda espera que la propuesta quede aprobada en primer debate para que no se hunda.

4. Mercado de capitales

Mucho tiempo antes de salir del cargo, Carrasquilla presentó un proyecto con el que se busca darles un remezón a las inversiones en Colombia. En plata blanca, se pretende modernizar el sistema financiero y la industria de pagos, aunque la letra menuda va más allá.

El articulado incluye ajustes en pagos postales y nuevas reglamentaciones para giros en efectivo y de depósito. Igualmente, promueve que el mercado de valores y las entidades del ramo adapten sus inversiones al cambio climático.

Mientras tanto, en el frente pensional, se cambiarían aspectos sensibles como los porcentajes que llegan a estas cuentas de ahorro y se abriría la puerta para que Colpensiones realice pagos de mesadas del régimen privado. El proyecto seguirá su discusión desde el 20 de julio.

5. Acuerdo de Escazú

La ratificación de este pacto, clave para el sector medioambiental, está pendiendo de un hilo, incluso a pesar de que tiene mensaje de urgencia. Colombia firmó el acuerdo a finales de 2019, pero debía confirmarlo por medio del Congreso.

El Legislativo sigue sin hacerlo, pues hay una férrea oposición de sectores que temen por su adopción. El pacto entró en vigencia en abril de este año. De aprobarse, el país quedaría incluido entre aquellos que garantizan la implementación plena y efectiva del acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Así mismo, busca crear y fortalecer las capacidades y la cooperación para contribuir a la protección del derecho a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible. A pesar de lo anterior, las polémicas no han sido ajenas en su trámite.

Desde algunos gremios y ramos políticos han señalado que aprobar el Acuerdo de Escazú implicaría que Colombia ceda parte de su soberanía a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Quienes apoyan la iniciativa lo han desmentido y aseguran que en ningún caso cambiarían las reglas de derecho internacional público.

6. Nuevo régimen de transporte

En el Congreso se presentó un proyecto para robustecer la regulación que existe en el sector transporte, pero desde que aterrizó en el Legislativo ha dormido el sueño de los justos. Para lograr pasarlo, el Gobierno le puso mensaje de urgencia; no obstante, esta estrategia ha sido infructuosa.

La idea, eso sí, es clave para la nación, ya que unificaría el régimen que regule a todo el ramo de transporte. Por más leyes y normas que existan, en Colombia no se cuenta con un régimen regulatorio establecido. En su lugar, las sanciones y procedimientos están dispersos, y muchas veces se cruzan entre sí.

De igual manera, habría nuevas sanciones y el régimen de regulación se actualizaría a las realidades que viven hoy el país y el mundo. Por ejemplo, se incluirían las multas a las plataformas por prestar un servicio de transporte público con vehículos privados. Y también se le darían más dientes a la Superintendencia de Transporte para ponerle orden al sector.

El problema es que este proyecto no se ha discutido ni en primer debate.Aunque unas son más mediáticas que otras, las iniciativas económicas avanzan en el Congreso. Y muchos esperan que de allí salgan mejor de lo que llegaron.