Disparada en tarifas de energía es algo que debió gestionarse hace un año: la alerta de Irene Vélez, ministra de Minas

El incremento en las tarifas de energía, principalmente en la región del caribe colombiano, que motivó ―inclusive― el llamado a la ministra de Minas, Irene Vélez, a los estrados del Congreso de la República a responder debates de control político, tendrá una salida este miércoles, cuando la funcionaria anuncie el plan definitivo para una reducción tarifaria, lo que finalmente hará este 12 de octubre desde Medellín.

En la última semana de septiembre, el Ministerio de Minas expidió una resolución, con la cual fueron convocadas las compañías del sector para sumarse a la ola de las que harían parte del plan para la reducción de las tarifas, de manera que se logre llegar a “una tarifa de energía más justa”, señaló esa cartera en el documento.

De esa manera, lo que se conocerá este miércoles será el listado de empresas que, en definitiva, atendieron al llamado.

Previo a este acontecimiento, en una entrevista realizada por este medio a la ministra de Minas, Irene Vélez, se indagó sobre el hecho de que en el país existan subsidios a la energía de los estratos considerados como vulnerables, pero se registren casos como el de Santa Marta, en donde los habitantes deben pagar incrementos superiores al 40 % (inflación de la energía).

Explicaciones de la funcionaria

“A nivel nacional, entre enero de 2020 y julio de 2022 (5 semestres), las tarifas de la energía incrementaron en 43 % para un usuario de estrato 4, que es aquel que no es contribuyente, ni es beneficiario de subsidios. Esta es una situación grave, que debió haberse gestionado hace más de un año, cuando ya era claro el fenómeno inflacionario que afectaba a las tarifas. Hoy, es un problema que debemos abordar con urgencia, pues sabemos que no solamente es una preocupación de los gobernantes locales y regionales, sino que es la principal angustia de la ciudadanía caribeña y debe ser una prioridad para el Gobierno nacional”.

Razón de los incrementos

Según Irene Vélez, “las tarifas han incrementado en sus componentes principalmente por variaciones propias al Índice de Precios al Productor (IPP) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Estos dos indicadores han afectado los costos asociados a la generación, la distribución, la transmisión y la comercialización de energía para los usuarios regulados de energía”.

Al decir de la funcionaria, “estamos comprometidos con una solución estructural a esta problemática, a partir de un ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’, que cuenta con la participación de seis actores aliados: gobiernos departamentales y municipales; representantes y senadores del Congreso de la República; Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg; empresas comercializadoras del Caribe: Air-e y Afinia; consumidores: grandes como Asoenergía y ANDI en su cámara de grandes consumidores; pero también representantes y voceros de los pequeños usuarios como las veedurías y personerías de la región Caribe”.

Medidas anunciadas

El viernes 16 de septiembre se anunciaron medidas a corto y mediano plazo para mitigar el incremento desmedido de las tarifas de la energía eléctrica en el país.

Según dijo la ministra Vélez, el acuerdo para aliviar las tarifas de energía contempló la emisión de tres medidas regulatorias por parte de la Creg.

Se trata de las resoluciones 101-30, que “amplía el plazo para la renegociación de los contratos hasta el 7 de octubre”. Dicho plazo mantiene la expectativa de ver los efectos de la reducción en la tarifa entre noviembre y diciembre, explicó la ministra.

Otra de las resoluciones expedidas, la 101-29, incluye alivios a la carga de comercializadores, “permitiéndoles diferir en 18 meses, el pago del 20 % de las obligaciones que tienen con los generadores”.

La búsqueda, según el Ministerio, ha sido incluir a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de tarifas. Además, “renegociar contratos en tiempos de pago y períodos de consumo, entre comercializadores y generadores”.

Pero también se emitió la resolución 101-28, con el fin de “optimizar la operación de plantas termoeléctricas según el número de unidades y la potencia de cada una, con el objeto de reducir el valor de las restricciones para no afectar a los usuarios de la región Caribe pagando energía más cara. Entra en vigor en cinco meses”, sostuvo la ministra Vélez.

Entre tanto, la Resolución 101-27 se encarga de “cambiar el Índice de Precios al Productor (IPP), en un plazo de 12 meses, para el cálculo de los componentes del costo unitario de prestación del servicio, modificando la definición del porcentaje de variación mensual (PV)”.

De igual manera, agregó la funcionaria, “se cambia la tasa de crecimiento de la opción tarifaria que antes no podía ser inferior a 0,6 %, en un valor igual a 0 o negativo; se ajustan los cargos de distribución y transmisión con el IPP, y, en adelante y de manera transitoria, una vez se defina un indicador del sector, los cargos se van a actualizar con la menor variación entre el IPC, el IPP o un valor que presenten los operadores”.

¿Qué se espera con el paquete regulatorio?

La ministra Vélez aseguró que la expectativa de esa cartera, con este paquete regulatorio, es que, “antes de finalizar el año, los colombianos vean una reducción en su tarifa de energía”.