Lo que queda pendiente con las tarifas de energía para que no rompan el bolsillo de los colombianos

Para septiembre, la variación anual del precio de la energía superó el 28 por ciento y mantuvo la tendencia ascendente que trae desde 2021.

El peso de las tarifas de energía, junto con los alimentos y algunos servicios, presionan la inflación, que no cede y ya está en 11,44 por ciento anual.

El incremento en las tarifas de energía está incubando un profundo inconformismo social. Para reducir esas tensiones, más de 80 empresas del sector se sentaron a negociar para alcanzar acuerdos tendientes a lograr una reducción en las tarifas, en el llamado Pacto por la Justicia Tarifaria.

Según el Ministerio de Minas y Energía, la reducción se ubica entre el 4 y el 8 por ciento y se deberá ver reflejado en las facturas de los usuarios desde noviembre.

Uno de los ejes del pacto fue un paquete regulatorio que permite la renegociación de los contratos del mercado regulado entre los comercializadores y generadores, que incluye la modificación de tiempos de pago y el ajuste del indexador que actualiza la tarifa de los contratos que se firman. Ese indexador ha sido el Índice de Precios al Productor (IPP), cuyo crecimiento en los últimos meses ha llegado a triplicar el del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De hecho, 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el 54 por ciento se asocian al mercado regulado y el 46 por ciento al mercado no regulado. Una de las medidas adoptadas es que, de manera temporal, el indexador que se tomará en el sector eléctrico será el menor entre el IPP y el IPC, mientras se define un indexador específico.

De acuerdo con José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, las medidas adoptadas pueden significar ahorros para los consumidores del orden de entre 1,5 y 2 billones de pesos en los próximos 12 meses.

“Esto es solo el inicio del gran acuerdo al que debemos llegar y apenas una etapa intermedia en el cronograma del Pacto. Haber sentado en un diálogo a casi todo el sector ya es un logro sin precedentes; sin embargo, reitero la necesidad de seguir trabajando para alcanzar la meta que nos hemos propuesto”, señaló la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

No obstante, acá no termina el Pacto. Por un lado, será necesario monitorear cómo recibe el mercado esta reducción, ante un incremento desbordado en los precios. Y, por otra parte, es clave tomarles el pulso a temas puntuales.

Por ejemplo, hay una gran preocupación por lo que representa el incremento en las tarifas en la costa atlántica, pues reflejan la transición de la liquidada Electricaribe con las dos nuevas empresas que están operando la región, Afinia y Air-e.Mientras en el país las tarifas de energía aumentan un poco más de 25 por ciento en promedio, para varias ciudades de la costa caribe superan el 40 por ciento.

Esto se explica porque, para garantizar la llegada de inversionistas que se quedaran con la operación de Electricaribe, el Gobierno anterior no solo asumió el pasivo pensional, que era del orden de los 2,5 billones de pesos, mientras que los otros pasivos –al sistema bancario, a los proveedores de bienes y servicios, y a los generadores, estaban por 2,4 billones de pesos– quedaron en el proceso de liquidación con los acreedores. También ajustó la fórmula de la tarifa que tiene componentes como generación, transmisión, distribución, comercialización y pérdidas de energía, entre otros.

La diferencia está en las pérdidas de energía. Mientras en el interior del país la tarifa incluye el pago por parte de los usuarios de las pérdidas de energía conocidas como técnicas –relacionadas solo con la operación–, para la región Caribe se suman también las conocidas como pérdidas negras, ocasionadas por fraudes, robos de energía, problemas de medidores y conexiones fraudulentas, entre otras, que aumentan el valor, pues están en cerca de 28 por ciento y para muchos es injusto que se le traslade a todos los usuarios.

La ministra Vélez anunció que este será un tema clave en la discusión tarifaria que viene. Sin embargo, no será el único. La presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez, advirtió que no es coherente que mientras se buscan mecanismos para reducir tarifas, se grave a las hidroeléctricas con más impuestos, como está contemplado en la reforma tributaria, con una sobretasa del 3 por ciento.

Mientras tanto, los colombianos esperan que los costos de las tarifas empiecen a ceder y que la bomba social se desactive. ¿Será suficiente la reducción?