Lo que se cocina en el gobierno con el trámite de la reforma tributaria y el presupuesto general

Aunque ha sido tradicional en Colombia que las reformas tributarias se radiquen en el Congreso de la República con mensaje de urgencia, lo que conlleva a que solo tengan dos debates, -uno en comisiones económicas conjuntas y otro en plenarias- esta vez fue distinto.

La propuesta fue radicada para que hiciera el trámite normal (sin mensaje de urgencia), lo que empezó a causar preocupación, porque atendiendo las reglas existentes, podría no alcanzar a salir airosa de los estrados legislativos, toda vez que se trata de un proyecto de ley que genera fuerte controversia y pone a todos los sectores a hacer lobby para intentar bajarse la carga tributaria.

SEMANA conoció, con fuentes cercanas al trámite, que el gobierno estaría pensando en cambiar su decisión y agregar al proyecto el mensaje de urgencia.

De igual manera, el presupuesto general de la nación también está frente a una decisión por parte del Ejecutivo y es si deja tal cual como está el monto de recursos previsto para 2023, el cual es de 391,4 billones de pesos y fue calculado por el gobierno saliente, o lo aumenta, para financiar los programas de gobierno prometidos.

Consideraciones a tener en cuenta

El centro de pensamiento Anif llamó la atención sobre el diseño del presupuesto para el 2023, que fue pensado para “proteger, con responsabilidad fiscal, a la población más vulnerable, así como potenciar el crecimiento del PIB y la diversificación de las exportaciones”.

Si bien se requieren recursos para atender los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con la extinta guerrilla Farc, según destaca Anif, y un amplio listado de rubros por financiar, no se puede perder de vista la disciplina fiscal. “El principio rector más importante detrás de la formulación del PGN es el de la consistencia con las metas de déficit y deuda pública delineados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022 (Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022)”, sin descontar, “los retos en salud pública que persisten por la pandemia de covid-19″.

Por esas razones, a Anif le preocupa, porque el presupuesto, con toda seguridad, “estará sujeto a cambios por la nueva administración”.

¿Qué pasará con el monto?

El monto del presupuesto para el próximo año, que tiene un plazo hasta el 15 de agosto para que el gobierno pueda cambiarlo, equivalente a 27 puntos del PIB. Para Anif, “ese valor, además, representa un incremento nominal de más de 11% frente al presupuesto de la vigencia anterior”, lo que suena acorde con los incrementos en los recursos públicos que se han dado en años anteriores.

Aunque el presupuesto colombiano desde tiempo atrás viene con unos gastos que son inamovibles, lo que le deja un breve espacio a la inversión, para Anif “el monto estimado distingue los desembolsos presupuestados entre gastos, adquisiciones de activos no financieros y las aplicaciones de financiamiento que contemplan la amortización de la deuda, la adquisición de activos financieros y la concesión de préstamos”.

En el análisis de Anif se evidencia el poco margen que existe par hacer cambios, ya que “la estructura del presupuesto para 2023 se encuentra determinada en su mayoría (90,7 %, equivalente a $354,9 billones) por gastos y la adquisición de activos no financieros, siendo los gastos los de mayor destinación ($340,1 billones) seguidos de la adquisición de activos no financieros (14,8 billones)”. Mientras tanto, las aplicaciones financieras concentran tan solo el 9,3 % del monto total ($36.5 billones), destinadas en su mayoría a la amortización de la deuda.

Mucha plata para funcionamiento

Este miércoles se conoció que el presidente Gustavo Petro suprimirá al menos 120 cargos en la Presidencia de la República, lo que va en línea con una disminución del gasto, el cual se resalta en cada presupuesto por lo abultada de su cifra, sin que se tomen medidas distintas a anunciar que los funcionarios públicos realizarán los viajes de trabajo en vuelos comerciales, lo que termina siendo un paño de agua tibia ante el montón de plata que se lleva el funcionamiento.

“La lectura económica de los usos permite ver una destinación de $250,6 billones para el presupuesto de funcionamiento, lo que representa un incremento de casi 19% con respecto al mismo en 2022″.

Pero la imposibilidad de recortar gastos está también en que hay transferencias que no se pueden dejar de hacer y están incluidas en el funcionamiento, las cuales van a las regiones o a la población vulnerable. En contraste a la inversión, que es la que sirve para hacer obras que le generen bienestar al ciudadano, solo le quedan $62,8 billones, lo que representa una caída de 9,8 % en comparación con la de 2022, que junto con 2021 han sido años de reactivación.

Decisiones pendientes

El nuevo gobierno no la tendrá fácil. Le quedan muchas decisiones pendientes que pueden afectar o no el camino. Es el caso de lo que se hará con el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (Fepc), cuyo déficit se ha venido fondeando, pero que es el motivo por el cual, los colombianos han empezado a sentir más alto el precio de la gasolina, pues, para conseguir recursos, el gobierno saliente dejó activa una fórmula, y es la de incrementar de forma paulatina el precio del galón. La disyuntiva es el efecto que eso puede tener en la economía, con una alta inflación, la cual, justamente, podría ser más presionada, si continúa el incremento de la gasolina que le pega a los precios de todo lo demás. Todos esos apuntes tendrán que abrirse en los debates, tanto de la tributaria como del presupuesto general.