Lo que se viene con la reforma tributaria

con la llegada del proyecto de reforma fiscal al Congreso en solo unos días, el Gobierno planea mandar una señal clara: está dispuesto a todo, incluso a gastarse el capital político que le queda para sacar adelante la iniciativa. Por impopular que sea, esta vez la reforma tendrá que aprobarse. Y con urgencia.

Por eso no fue gratuito que tanto el presidente Iván Duque como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, insistieran esta semana en la importancia de plantear una agenda social robusta. Esta acompañará la nueva batería de impuestos. Por un lado, Carrasquilla dijo en una columna en El Tiempo que los hogares de ingresos altos, como el de él, no deberían pagar el mismo IVA que aquellos de menores ingresos. Y, por otro lado, el jefe de Estado presentó en la Asamblea del BID su agenda social para la pospandemia, cuyo alcance dejó a más de uno con la boca abierta.

Duque dijo que planea dejar permanente el programa Ingreso Solidario, extender el subsidio a la nómina (Paef), fijar matrícula cero para estudiantes de estratos bajos y darles beneficios a las pequeñas y medianas empresas. Estas zanahorias serán fundamentales para matizar el garrote que seguramente recibirá el bolsillo de muchos colombianos. Ambas declaraciones fueron la antesala del informe de beneficios tributarios, columna vertebral de la reforma que se avecina. En él, expertos internacionales presentaron algunos cambios necesarios para hacer más justo y progresivo el sistema de impuestos nacionales.

Plantearon, por ejemplo, que más colombianos declaren y paguen renta, se reduzcan las exenciones en dicho tributo y que todo lo que paguen a los empleados sea gravado. Esto incluye los aportes a salud y pensiones voluntarias, e inversiones en educación de los hijos. Y en lo relativo a pensiones, que más jubilados aporten, sobre todo por los millonarios subsidios de los que gozan algunas pensiones altas. Todo indica que Hacienda ya tomó nota y planea ampliar en un millón más la base de contribuyentes.

Para las empresas, la comisión propone disminuir la tarifa de renta corporativa y ampliar la base gravable. La idea va en línea con lo planteado por la actual administración: una carga de imporrenta mayor para las personas naturales y, por ende, se les baje a las firmas. Queda por saber a qué grupo de ciudadanos les caerá el mayor golpe, considerando que la pandemia afectó los ingresos de millones de colombianos.

En cuanto al IVA, los expertos fueron enfáticos en que más productos y servicios deben tener la tarifa plena de 19 por ciento. Incluso, aseguraron, todos podrían pagar el gravamen general siempre y cuando el Gobierno garantice que la devolución del IVA cubre a los hogares pobres y vulnerables. Pero el propio Duque ya descartó gravar con IVA toda la canasta y le ordenó a Carrasquilla no tocar los productos básicos. La salida seguramente será buscar un punto medio.

En este sentido, los técnicos proponen que los bienes y servicios que hoy tienen un IVA de 5 por ciento suban al 10 o 12. Las recomendaciones van más allá e incluyen abolir el impuesto de industria y comercio (ICA), propender porque no exista el impuesto al comercio y, sobre todo, que el 4 × 1.000 deje de cobrarse en las transacciones financieras. En últimas, los especialistas concluyeron que el sistema tributario del país es complejo y difícil de manejar. Eso genera altas tasas de evasión, que pueden superar los 41 billones de pesos cada año, según la Dian. Por tanto, plantearon desenredar la pita de tal modo que esto se traduzca en mayores cifras de recaudo.

En todo caso, hay propuestas tan impopulares que solo pueden quedar en boca de los expertos internacionales. La diferencia entre lo que sugieren y lo que quedará en la reforma puede ser abismal, pues una cosa es tramitar una reforma tributaria en Dinamarca y otra en Cundinamarca. Las recomendaciones no dicen nada que no se supiera. Los especialistas nacionales tienen claro hace tiempo el diagnóstico, y no hacía falta crear una nueva comisión para advertir lo que se sabía.

Aparte de la espinosa propuesta para extender el IVA, de la que mucho se ha hablado en otras ocasiones, desde Fedesarrollo se ha criticado que pidan desmontar el 4 × 1.000, pues, pese a que fue un impuesto temporal que se volvió permanente, consideran que es progresivo y se debe mantener: deja ingresos equivalentes a 0,8 por ciento del PIB. También cuestionan que la comisión no indique de qué manera se podrían reemplazar esos recursos.

Quedó claro que la comisión desconoce las realidades del país y, si bien muchas de esas propuestas son necesarias, la temperatura en el Congreso y la situación económica del país indican que es un momento difícil para reformas estructurales. Es evidente que este tipo de propuestas la tendrán muy difícil en el Legislativo.

Desde el Ministerio de Hacienda ya han dicho que estas recomendaciones no son más que eso: recomendaciones; pero es claro que son el punto de partida para la carrera por la aprobación de la tributaria, que comenzará en las próximas semanas.

El verdadero pulso se dará en el Congreso, en el que el Gobierno tendrá que dejar de lado la soberbia que a veces lo caracteriza para convocar las distintas fuerzas políticas y conseguir una tributaria que produzca los ingresos necesarios para estabilizar las finanzas públicas. Y se podría complicar, teniendo en cuenta que muchos congresistas no están dispuestos a asumir el costo político de aumentar la base de renta o gravar nuevos productos con IVA.

Pero un factor podría ayudar a matizar el golpe. A diferencia de otras reformas tramitadas en el pasado, el componente social de esta, sin duda, puede generar puntos de encuentro para llegar a un acuerdo final. Máxime, considerando los anuncios en esta materia del presidente Duque.También ayudará la radicación de un proyecto de ley impulsado por más de 50 congresistas para implementar una renta básica permanente. Con esta perspectiva, lo que se tendría que negociar de entrada es el monto y el alcance de estas iniciativas.

Más allá de los resultados de la comisión y de las propuestas del Gobierno, no habrá reforma tributaria sin una robusta política social. Un punto a favor es que todos los partidos, incluso los de la oposición, tienen claro que la tributaria es necesaria para garantizar tanto la inversión social por efectos de la pandemia como la protección del grado de inversión del país. Incluso para las inversiones necesarias a fin de reactivar la economía.

El debate apenas comienza y con los resultados de la comisión parece que el Gobierno mostró parte de sus cartas. Solo falta saber quiénes tendrán que meterse la mano al bolsillo para pagar los estragos que dejó la pandemia.