Macroeconomía

Lo último: Superintendencia Financiera le pide explicaciones urgentes a EPM para tranquilizar el mercado

SEMANA confirmó que si hay cambio de contratistas en Hidroituango, el BID se retirará del proyecto.

23 de octubre de 2021
Mapfre realizó un nuevo pago a EPM por contingencia de Hidroituango.
Hidroituango, EPM | Foto: Cortesía: EPM

Después de que SEMANA revelara que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se saldría del proyecto de Hidroituango si hay cambio de contratista en el proyecto, la Superintendencia Financiera le pidió explicaciones a Empresas Públicas de Medellín (EPM) con el objetivo de tranquilizar al mercado.

Entre los aspectos que solicita la Superfinanciera están:

“1. Efectos jurídicos y contables en la situación general de la sociedad de llegarse materializar una cesión de los contratos asociados a la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

2. Efectos financieros sobre la sociedad, particularmente sobre el flujo de caja y el perfil de riesgo de liquidez.

3. Efectos sobre los contratos de operaciones de crédito vigentes con instituciones financieras locales, extranjeras y multilaterales, así como la potencial activación de covenants de aceleración y otras condiciones relevantes pactadas en estos contratos.

4. Afectación en el cronograma previsto para la finalización del proyecto e impactos financieros derivados de obligaciones futuras de prestación del servicio”.

Asimismo, en la mañana de este sábado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios también le pidió al gerente de EPM responder algunas preocupaciones que quedan de darse el cambio.

La superintendente Natasha Avendaño García le pidió al gerente Jorge Carrillo responder con plazo el 25 de octubre antes de las 12:00 del mediodía los siguientes apartados:

“1. Informe detalladamente el análisis de los riesgos derivados de la posible cesión de los contratos asociados a la ejecución de obra del Proyecto Hidroituango, con la matriz de riesgos actualizada donde se contemple esta posible cesión.

2. Informe cómo podría afectar el cronograma de entrega de la obra y el cumplimiento de las obligaciones de energía en firme asociadas al proyecto Hidroituango, en caso de cederse los mencionados contratos o en caso de que se obligue a la cesión y no se encuentre a un cesionario.

3. Informe cuáles son los efectos en la financiación del proyecto que pueden derivarse de la posible cesión de los contratos asociados a la ejecución de obra del Proyecto Hidroituango, incluyendo pero sin limitarse al retiro del BID del proyecto.

4. Informe las estrategias de mitigación de los riesgos asociados a la liquidez del proyecto por un eventual retiro del BID y del impacto en el riesgo crediticio que esto pueda tener”.

Hay que señalar que el viernes 22 de octubre fuentes de alta credibilidad le confirmaron a SEMANA que el BID considera que, de darse algunos de estos cambios en las condiciones del proyecto, se afectará gravemente la credibilidad en el mismo. Por esa razón, si el banco se retira, la financiación de la megaobra se vería afectada de manera grave y quedaría en el limbo su continuidad.

“El BID no se prestará para las disputas y tensiones políticas que han surgido alrededor de la hidroeléctrica, en cuyas manos está el futuro energético del país”, le dijo a SEMANA una fuente enterada del proceso.

Riesgos que enfrentaría Hidroituango si se cambian los contratistas

El cambio de contratistas de Hidroituango, que ha planteado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero ante el fallo de la Contraloría tendría efectos catastróficos para el país. El proyecto sufriría un retraso que algunos han calculado en 18 meses, lo que generaría riesgos en el suministro de energía y aumento en las tarifas.

Además, SEMANA anticipó que uno de los principales peligros sería la salida del BID del proyecto y eso se traduciría en el cobro inmediato de la deuda a EPM por al menos de 450 millones de dólares (unos 1,7 billones de pesos) y aceleraría los cobros de otros financiadores.

Esto sin contar las multas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a EPM por incumplimientos en la energía que debe entregar el año entrante y que podrían superar los 500.000 millones de pesos.